El Comité Intercentros del personal laboral de la Xunta de Galicia denuncia "oscurantismo y falsedades de la Xunta" en relación con el convenio firmado entre la Consellería de Política Social y el Sergas para agilizar la tramitación del grado de discapacidad. Actualmente, alega, hay alrededor de 17.000 expedientes "atascados" en los diferentes equipos de valoración y orientación (EVO). El comité indica que "podemos coincidir en que los procesos precisan mejorar, tal como anunció en su momento el presidente de la Xunta". Sin embargo, afirman, "de ninguna manera podemos estar de acuerdo en la manera de solucionarlo".
Según el acuerdo, el personal médico que presta sus servicios en los centros de atención primaria del Sergas, "de forma voluntaria, pero no altruista", cobrará gratificaciones extraordinarias en sus nóminas de unos veinte euros por expediente realizado cada 15 minutos, con unas cifras que pueden alcanzar unas 1500 valoraciones mensuales. El coste, según lo publicado en el DOG, será de unos 360.000 euros, "dinero que saldrá del bolsillo de todos los gallegos y todas las gallegas, un verdadero malgasto".
El comité intercentros, órgano representativo del personal de la Xunta de Galicia, pidió en diversas ocasiones conocer al por menor el convenio. Para este efecto, lo reclamó por escrito, además de pedir reuniones para esclarecer con la Secretaría General Técnica de la Consellaría de Política Social los términos en los que seria suscrito y las implicaciones que del mismo se pudieran derivar para el personal afectado. Administración "hizo oídos sordos" a estas peticiones, critican los representantes de los trabajadores y trabajadoras.
Durante el mes de septiembre, miembros del comité se reunieron con los grupos parlamentarios para exponerles su visión sobre este convenio y los retrasos de los expedientes.
Para el comité del personal laboral de la Xunta, los profesionales del Sergas "no pueden hacer las funciones de los profesionales de los EVO, ya que esto incumple el dispuesto en el Real Decreto 1971/1999, modificado por el Real Decreto 1364/2012, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía".
Otro error que señala este grupo es que se "descontextualiza y fragmenta el proceso de valoración", convirtiendo el acto cualificador y de valoración en un acto "burocrático e impersonal". Además, añaden, "se generan dos tipos distintos de usuaria o usuario: el que obligatoriamente, salvo excepciones muy contadas, acude al acto de valoración y lo que presente su solicitud y reciba en su casa el resultado, sin someterse a las exploraciones pertinentes". Esto implica una "evidente discriminación", denuncia el comité.
Los representantes del personal también reprochan la "falta de objetividad" de los informes, que "no podrán ser contrastados por los órganos de valoración: se harán sobre el papel y sin darles la oportunidad de explicar como influyen sus dolencias en su vida cotidiana, convirtiendo la valoración en un mero acto administrativo".
Por último, lamentan la "eliminación de la rigurosidad en la calificación social: por un lado, se requerirá el reconocimiento directo de la persona usuaria con la correspondiente entrevista y, por otro, se valorará en base a los informes pertinentes, no ofreciendo la estos últimos a información, asesoramiento y orientación necesarias".
FÓRMULA ALTERNATIVA
Por todo esto, el comité intercentros propone, como "fórmula alternativa al convenio", la cobertura de todas las vacantes y creación de puestos necesarios de los EVO; que no se obligue al personal de estos equipos a convalidar un trabajo realizado por otros profesionales y que la Xunta desista su intención de derivar la otros profesionales las funciones que por ley sólo puede hacer el personal de la Consellaría de Política Social.