Falta de participación y diálogo, esa es la postura del consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, en referencia a la elaboración del Anteproyecto de Ley de Reforma del Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud, por parte del Ministerio de Sanidad.

“El Ministerio de Sanidad debe escuchar, dialogar y construir soluciones compartidas”, ha afirmado el consejero de Salud, quien ha instado a la ministra Mónica García a abrir cuanto antes un canal de «diálogo real» con las organizaciones representantes del colectivo médico, en un momento en que las protestas y las jornadas de huelga evidencian un deterioro de confianza que requiere respuestas urgentes y constructivas.

En su intervención en el Consejo Interterritorial, Martínez ha subrayando estas carencias que han dejado de lado a con los profesionales del sector sanitario, especialmente al colectivo médico, al que el texto “no reconoce adecuadamente ni en sus funciones ni en sus condiciones de trabajo”.

Además, Martínez ha advertido de que el texto presentado por Sanidad introduce medidas de impacto relevante, como la modificación de jornadas y tiempos de guardia, sin acompañarlas de la preceptiva memoria económica ni de dotación presupuestaria adicional, además del impacto sobre el modelo organizativo y la capacidad asistencial en los diferentes servicios y niveles asistenciales.

Por otro lado, el consejero vasco también ha remarcado otras cuestiones no resueltas, y que competen directamente al Gobierno de España, como la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada del personal médico, teniendo en cuenta que las jornadas de guardias son obligatorias, tal y como ya se ha reconocido a otros colectivos. “La falta de avance en este ámbito supone un agravio comparativo injustificado hacia un colectivo que ejerce una labor de elevada responsabilidad y penosidad”, ha señalado.

HUELGAS CONVOCADAS

En un contexto marcado por la huelga convocada por el colectivo médico para las próximas semanas y en distintas comunidades autónomas, el consejero ha destacado que este malestar generalizado refleja la creciente preocupación del personal facultativo ante una reforma elaborada sin escucha ni consenso.

El Gobierno Vasco, como ya señaló días atrás el lehendakari, Imanol Pradales, considera que el enfoque del anteproyecto no incorpora la realidad asistencial ni las necesidades específicas del personal facultativo, pese a que se trata de un grupo profesional “con una alta responsabilidad e impacto en la prestación sanitaria”.

Por este motivo, el consejero ha insistido en la necesidad de un marco regulatorio que reconozca la especificidad funcional, competencial y organizativa de todos los colectivos que integran el sistema, sin carácter excluyente de ningún tipo, y de forma expresa la especificidad inherente al ejercicio profesional médico.