La Ley de Dependencia, que lucha por sobrevivir entre impagos desde 2006, ha sufrido una nueva embestida en los Presupuestos Generales del estado para 2012. Queda eliminada de las cuentas públicas una parte del monto destinado al desarrollo de esta ley, concretamente, ha desaparecido el 'nivel concertado para la Dependencia' –dinero entregado a las comunidades autónomas- al que se destinó el año pasado 283 millones de euros-.
Para el Presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) patronal sectorial mayoritaria, José Alberto Echevarria, se muestra preocupación por los recortes en el sector de atención a la dependencia previstos en los Presupuestos Generales del Estado y que “son un gravísimo error que pone en peligro no sólo la supervivencia de numerosísimas empresas, sino el puesto de trabajo de miles de personas”.
Para el presidente de la Federación, "se añade a  la grave injusticia de no atender a cientos de miles de dependientes, que habiendo sido valorados en dependencia y con derecho reconocido (por Ley) a recibir una prestación, verán sus esperanzas frustradas a recibir lo que el Estado les garantizó.”
Para la FED, el Gobierno no acierta con la reducción económica en los presupuestos para la dependencia ya que nuestro sector es generador de riqueza. Realiza importantes inversiones que pueden paliar la situación de otros sectores (construcción, equipamientos, etc.) además de ser generador de empleo estable y no deslocalizado (el único que no ha perdido empleo según la EPA) y fundamentalmente al tener retornos positivos (dentro del año fiscal) que no generan déficit, sino que ayudan a paliar el mismo. Además se recuerda que  la FED  “ya presentó en el año 2.010 un estudio que permitía atender a cuarenta mil personas dependientes, crear veinte mil puestos de trabajo y, al mismo tiempo obtener unos retornos de mas de trescientos millones por encima del gasto dentro del mismo ejercicio.”
Para el presidente de la FED, José Alberto Echevarria, “en estos recortes no se apuesta por los servicios profesionales, como mandaba la propia Ley, sino que se siguen manteniendo los cuidados informales, que sólo producen gasto, sin retorno económico y sin creación de puestos de trabajo”.
Para la FED en esta grave situación de crisis económica no se apuesta por la eficiencia en el gasto, no se apuesta por la gestión privada, que es la que actualmente en España está dando los mayores servicios, con una calidad contrastada, y a un coste como poco tres veces inferior a la gestión pública. Es muy conveniente-para la FED- desarrollar la necesaria coordinación sociosanitaria que sería imprescindible para abaratar costes en numerosos servicios.