El rol de las aseguradoras privadas para el mantenimiento del sistema sanitario público
Según el estudio ganador de IX Premio Edad&Vida, España es el país para el que la OCDE prevé mayor incremento del gasto sanitario
La crisis que atraviesa España, los ajustes presupuestarios en curso y las perspectivas de un débil crecimiento económico, inciden directamente en los problemas de financiación que actualmente tiene el Sistema Nacional de Salud (SNS) lo que puede afectar a su sostenibilidad a medio y largo plazo. Junto al SNS nuestro país cuenta con un sector sanitario privado de calidad, eficaz y solvente, con funciones de asegurador y proveedor a través de conciertos o colaboraciones público-privadas.
Esta es una de las conclusiones del Informe "Rol de las aseguradoras privadas en la sostenibilidad del sistema sanitario público", ganador de la IX Edición del Premio Edad&Vida, y patrocinado por SegurCaixa Adeslas, que ha sido presentado esta mañana en CaixaForum Madrid por Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad&Vida, Javier Murillo, vicepresidente del Área de Aseguramiento de la Fundación Edad&Vida y José Antonio Herce, Director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
La inauguración del acto ha corrido a cargo de Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quien ha querido destacar que “dadas las características de nuestro Sistema nacional de Salud, la integración y la complementariedad de los sistemas público y privado, son fundamentales para lograr una mejor atención sanitaria a todos los españoles”.
El estudio analiza la potencialidad de las aseguradoras privadas como agentes clave del SNS. Para ello, hace un primer diagnóstico del SNS a través de un análisis sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro sistema sanitario, además identifica medidas aplicables en otros países mediante una comparativa internacional y concluye con la investigación del papel de las aseguradoras privadas en España.
Las amenazas del SNS detectadas ya han supuesto un crecimiento en diez años (1999-2009) del gasto público real por persona del 49%, cuatro veces superior al crecimiento del PIB en el mismo periodo. Esto, junto con la caída de ingresos fiscales derivados de la crisis (del 19% desde 2007), pone en riesgo la financiación del SNS y, por lo tanto, es fundamental tomar medidas, no sólo de ajuste del gasto, sino también dirigidas a una mayor eficacia del uso de los recursos disponibles.
Comparativa del SNS con otros países de referencia
España es el país para el que la OCDE prevé mayor incremento del gasto sanitario, con el consiguiente riesgo para el futuro del Sistema Público. Este incremento está por encima de los países analizados: Alemania, Australia, Gran Bretaña, Holanda y Suecia. En concreto, los países que registran un menor crecimiento del gasto sanitario son Alemania y Australia, donde el aseguramiento privado tiene una importante relevancia dentro de su sistema nacional de salud.
El informe revela que la financiación de la sanidad es mixta en la mayoría de los países estudiados, desde elevadas primas por habitante (Holanda), hasta los servicios gratuitos para los beneficiarios (España), dentro de esquemas de cobertura universal. En particular, el 99% de la población holandesa está cubierta por un seguro privado de salud, en Australia un 55% de la población, mientras que en España sólo el 22,5% de la población opta por el aseguramiento privado.
En definitiva, los modelos que otorgan un papel destacado a las aseguradoras privadas en el marco del sistema de salud pública tienen una perspectiva mejor en cuanto a gasto público sanitario se refiere. En todos ellos, además, los gobiernos establecen beneficios fiscales que favorecen y potencian la colaboración público-privada.
Los seguros de salud privados en España
En España los seguros de salud privados tienen un carácter suplementario respecto al SNS. Sin embargo, hay que entender la actividad del sector de los seguros privados con una visión más amplia que demuestra la estrecha relación entre el SNS y el sector hospitalario privado que, en muchos casos, está compuesto, tanto por operadores sanitarios privados como por aseguradoras privadas que gestionan centros sanitarios, hospitales, centros médicos y ambulatorios.
Los ejemplos de interrelaciones entre los mencionados sectores son muy diversos, desde los conciertos con entidades libres de seguros con el sector mutualista administrativo y concesiones administrativas para la gestión privada de hospitales públicos, hasta la derivación de pacientes del SNS a centros sanitarios privados y convenios entre aseguradoras privadas y centros médicos privados.
Actualmente, casi el 23% de la población está cubierta por un seguro de salud privado ya sea a nivel individual o colectivo, y el 78% del total son seguros de asistencia sanitaria. En cuanto al número de asegurados privados de salud, según los últimos datos publicados, éste asciende a nueve millones de personas a las que habría que sumar otros casi 2 millones que proceden de los conciertos de las mutualidades de funcionarios de la administración pública.
El papel de las aseguradoras privadas en España ha ido ganando protagonismo en los últimos años, ya que las prestaciones pagadas por las aseguradoras de salud en 2007 equivalían al 7,8% del presupuesto público sanitario, mientras que en 2012 esta proporción ascendió al 8,8% del gasto público sanitario total. De hecho, durante el periodo de crisis económica (2008-2012), el coste total soportado por las entidades privadas para atender a sus asegurados ascendió a 26.500 millones de euros en total, frente al gasto sanitario público acumulado de 321.062 millones de euros, lo que supone el 8,3% del total.
En definitiva, podemos afirmar que el aseguramiento privado supone un ahorro de costes al sistema Nacional de Salud.
Mutualismo Administrativo
En España existe una larga tradición de colaboración público-privada. La más significativa es el mutualismo administrativo, un claro ejemplo de esquema en el que los mutualistas pueden elegir entre el SNS y diversos aseguradores privados. Las bases de este modelo de gestión son muy parecidas al modelo Australiano, cuyas perspectivas de gasto sanitario son muy favorables.
En el mutualismo administrativo, las compañías aseguradoras deben proporcionar la prestación sanitaria en condiciones similares al sistema público, salvo la medicación. Las entidades privadas se hacen cargo del 100% de los gastos sanitarios de sus asegurados.
Aunque existen diferencias entre las primas fijadas por unas mutualidades y otras, todas están evolucionando hasta fijar una prima común en función de la edad. De hecho, las primas del mutualismo administrativo contrastan con las cuotas mensuales fijadas por la administración pública para aquellos que tengan que suscribir un convenio especial por no cumplir los requisitos para tener la consideración de asegurados a efectos del sistema sanitario público: 157 euros mensuales para los mayores de 65 años en la sanidad pública frente a los 70 euros mensuales (aproximadamente), establecidos por las mutualidades administrativas.
En términos económicos, el mutualismo administrativo es un modelo que aporta eficiencia en las prestaciones de un servicio público, ya que el gasto per cápita de la población cubierta es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita del conjunto del sistema, ajustado por conceptos de gasto equivalentes. En el caso del colectivo de funcionarios, el gasto por persona se sitúa en 723 euros anuales (60,25 euros al mes), mientras que el gasto por persona en la sanidad pública asciende a 995 euros anuales (82,9 euros al mes), lo que supone que el gasto del mutualismo administrativo es un 27% menor.
El mutualismo administrativo se configura así como un modelo que favorece el equilibrio entre el sistema sanitario público y el privado, aportando eficiencia en la prestación de un servicio equivalente al público a un coste sensiblemente menor, y garantizando la prestación de una cartera de servicios equivalente a la del SNS.
De hecho, el elevado número de mutualistas que optan por la prestación de servicios de las aseguradoras privadas, demuestra el grado de satisfacción del colectivo: 8 de cada 10 personas cubiertas por el Mutualismo Administrativo elige el seguro privado por encima de la sanidad pública.
Como conclusión, la experiencia del aseguramiento privado del riesgo de salud y la prestación privada de los servicios de salud asociados, tanto en España como en los países avanzados, muestra que es posible concebir un modelo sanitario público eficaz, eficiente y sostenible, satisfactorio para los usuarios en el que las compañías privadas pueden gestionar dicho riesgo de salud. Tanto los proveedores públicos como privados, están capacitados para ofrecer los servicios sanitarios demandados por los usuarios.
La financiación sería pública y los beneficiarios podrían, o no, anticipar el desembolso del coste de los servicios siendo reembolsados posteriormente al 100% o descontando un copago moderado, eficiente y socialmente aceptable. Este modelo se está abriendo paso poco a poco en los países avanzados y para consolidarlo, sería deseable que se crease una entidad, como una Agencia Nacional de Salud, que velase por los intereses de la salud de la población, el uso responsable de los servicios sanitarios y la transparencia de la colaboración público-privada del sistema.
Esta es una de las conclusiones del Informe "Rol de las aseguradoras privadas en la sostenibilidad del sistema sanitario público", ganador de la IX Edición del Premio Edad&Vida, y patrocinado por SegurCaixa Adeslas, que ha sido presentado esta mañana en CaixaForum Madrid por Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad&Vida, Javier Murillo, vicepresidente del Área de Aseguramiento de la Fundación Edad&Vida y José Antonio Herce, Director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
La inauguración del acto ha corrido a cargo de Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quien ha querido destacar que “dadas las características de nuestro Sistema nacional de Salud, la integración y la complementariedad de los sistemas público y privado, son fundamentales para lograr una mejor atención sanitaria a todos los españoles”.
El estudio analiza la potencialidad de las aseguradoras privadas como agentes clave del SNS. Para ello, hace un primer diagnóstico del SNS a través de un análisis sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro sistema sanitario, además identifica medidas aplicables en otros países mediante una comparativa internacional y concluye con la investigación del papel de las aseguradoras privadas en España.
Las amenazas del SNS detectadas ya han supuesto un crecimiento en diez años (1999-2009) del gasto público real por persona del 49%, cuatro veces superior al crecimiento del PIB en el mismo periodo. Esto, junto con la caída de ingresos fiscales derivados de la crisis (del 19% desde 2007), pone en riesgo la financiación del SNS y, por lo tanto, es fundamental tomar medidas, no sólo de ajuste del gasto, sino también dirigidas a una mayor eficacia del uso de los recursos disponibles.
Comparativa del SNS con otros países de referencia
España es el país para el que la OCDE prevé mayor incremento del gasto sanitario, con el consiguiente riesgo para el futuro del Sistema Público. Este incremento está por encima de los países analizados: Alemania, Australia, Gran Bretaña, Holanda y Suecia. En concreto, los países que registran un menor crecimiento del gasto sanitario son Alemania y Australia, donde el aseguramiento privado tiene una importante relevancia dentro de su sistema nacional de salud.
El informe revela que la financiación de la sanidad es mixta en la mayoría de los países estudiados, desde elevadas primas por habitante (Holanda), hasta los servicios gratuitos para los beneficiarios (España), dentro de esquemas de cobertura universal. En particular, el 99% de la población holandesa está cubierta por un seguro privado de salud, en Australia un 55% de la población, mientras que en España sólo el 22,5% de la población opta por el aseguramiento privado.
En definitiva, los modelos que otorgan un papel destacado a las aseguradoras privadas en el marco del sistema de salud pública tienen una perspectiva mejor en cuanto a gasto público sanitario se refiere. En todos ellos, además, los gobiernos establecen beneficios fiscales que favorecen y potencian la colaboración público-privada.
Los seguros de salud privados en España
En España los seguros de salud privados tienen un carácter suplementario respecto al SNS. Sin embargo, hay que entender la actividad del sector de los seguros privados con una visión más amplia que demuestra la estrecha relación entre el SNS y el sector hospitalario privado que, en muchos casos, está compuesto, tanto por operadores sanitarios privados como por aseguradoras privadas que gestionan centros sanitarios, hospitales, centros médicos y ambulatorios.
Los ejemplos de interrelaciones entre los mencionados sectores son muy diversos, desde los conciertos con entidades libres de seguros con el sector mutualista administrativo y concesiones administrativas para la gestión privada de hospitales públicos, hasta la derivación de pacientes del SNS a centros sanitarios privados y convenios entre aseguradoras privadas y centros médicos privados.
Actualmente, casi el 23% de la población está cubierta por un seguro de salud privado ya sea a nivel individual o colectivo, y el 78% del total son seguros de asistencia sanitaria. En cuanto al número de asegurados privados de salud, según los últimos datos publicados, éste asciende a nueve millones de personas a las que habría que sumar otros casi 2 millones que proceden de los conciertos de las mutualidades de funcionarios de la administración pública.
El papel de las aseguradoras privadas en España ha ido ganando protagonismo en los últimos años, ya que las prestaciones pagadas por las aseguradoras de salud en 2007 equivalían al 7,8% del presupuesto público sanitario, mientras que en 2012 esta proporción ascendió al 8,8% del gasto público sanitario total. De hecho, durante el periodo de crisis económica (2008-2012), el coste total soportado por las entidades privadas para atender a sus asegurados ascendió a 26.500 millones de euros en total, frente al gasto sanitario público acumulado de 321.062 millones de euros, lo que supone el 8,3% del total.
En definitiva, podemos afirmar que el aseguramiento privado supone un ahorro de costes al sistema Nacional de Salud.
Mutualismo Administrativo
En España existe una larga tradición de colaboración público-privada. La más significativa es el mutualismo administrativo, un claro ejemplo de esquema en el que los mutualistas pueden elegir entre el SNS y diversos aseguradores privados. Las bases de este modelo de gestión son muy parecidas al modelo Australiano, cuyas perspectivas de gasto sanitario son muy favorables.
En el mutualismo administrativo, las compañías aseguradoras deben proporcionar la prestación sanitaria en condiciones similares al sistema público, salvo la medicación. Las entidades privadas se hacen cargo del 100% de los gastos sanitarios de sus asegurados.
Aunque existen diferencias entre las primas fijadas por unas mutualidades y otras, todas están evolucionando hasta fijar una prima común en función de la edad. De hecho, las primas del mutualismo administrativo contrastan con las cuotas mensuales fijadas por la administración pública para aquellos que tengan que suscribir un convenio especial por no cumplir los requisitos para tener la consideración de asegurados a efectos del sistema sanitario público: 157 euros mensuales para los mayores de 65 años en la sanidad pública frente a los 70 euros mensuales (aproximadamente), establecidos por las mutualidades administrativas.
En términos económicos, el mutualismo administrativo es un modelo que aporta eficiencia en las prestaciones de un servicio público, ya que el gasto per cápita de la población cubierta es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita del conjunto del sistema, ajustado por conceptos de gasto equivalentes. En el caso del colectivo de funcionarios, el gasto por persona se sitúa en 723 euros anuales (60,25 euros al mes), mientras que el gasto por persona en la sanidad pública asciende a 995 euros anuales (82,9 euros al mes), lo que supone que el gasto del mutualismo administrativo es un 27% menor.
El mutualismo administrativo se configura así como un modelo que favorece el equilibrio entre el sistema sanitario público y el privado, aportando eficiencia en la prestación de un servicio equivalente al público a un coste sensiblemente menor, y garantizando la prestación de una cartera de servicios equivalente a la del SNS.
De hecho, el elevado número de mutualistas que optan por la prestación de servicios de las aseguradoras privadas, demuestra el grado de satisfacción del colectivo: 8 de cada 10 personas cubiertas por el Mutualismo Administrativo elige el seguro privado por encima de la sanidad pública.
Como conclusión, la experiencia del aseguramiento privado del riesgo de salud y la prestación privada de los servicios de salud asociados, tanto en España como en los países avanzados, muestra que es posible concebir un modelo sanitario público eficaz, eficiente y sostenible, satisfactorio para los usuarios en el que las compañías privadas pueden gestionar dicho riesgo de salud. Tanto los proveedores públicos como privados, están capacitados para ofrecer los servicios sanitarios demandados por los usuarios.
La financiación sería pública y los beneficiarios podrían, o no, anticipar el desembolso del coste de los servicios siendo reembolsados posteriormente al 100% o descontando un copago moderado, eficiente y socialmente aceptable. Este modelo se está abriendo paso poco a poco en los países avanzados y para consolidarlo, sería deseable que se crease una entidad, como una Agencia Nacional de Salud, que velase por los intereses de la salud de la población, el uso responsable de los servicios sanitarios y la transparencia de la colaboración público-privada del sistema.
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