Tras la reunión mantenida en el
día de ayer entre José Alberto Echevarría, Presidente de la
Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y Antonio
Garamendi, candidato para la Presidencia de CEOE en las
próximas elecciones del 17 de diciembre, la FED ha decidido dar su
apoyo a Garamendi.
Las razones del apoyo que FED prestará a Antonio Garamendi se
basa, afirma su Presidente Alberto Echevarría, en la coincidencia en
el diagnóstico de la situación de la patronal C.E.O.E., con un
deterioro progresivo de su imagen y del papel institucional que debe
jugar junto con un debilidad manifiesta en la negociación de
cuestiones fundamentales como La ley básica de Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación, la formación continua, el
anteproyecto de la Ley de Mutuas o el aumento en las cotizaciones
de la seguridad social
Para José Alberto Echevarría, Presidente de FED, es preciso un
cambio de liderazgo que permita afrontar los grandes retos a los
que se enfrenta la CEOE. Juan Rosell, en opinión de Alberto
Echevarría no solo no tiene capacidad de liderazgo, lo que ha
causado una pérdida del papel que debe jugar la institución en
beneficio de otras organizaciones, sino que su visión de la C.E.O.E.
es errónea ya que en los últimos años ha apostado por un modelo
de lobby anglosajón cuando la CEOE debe seguir siendo una
Confederación de organizaciones empresariales, no de empresas, y
velar principalmente por la buena salud y los intereses de sus
miembros. La CEOE ha de ser la sociedad civil que España
necesita en estos momentos de convulsión política.
Esta visión y falta de liderazgo se traduce, según Alberto
Echevarria, en una pésima negociación de cuestiones como la ley
Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
que recoge una representatividad y funciones que colisionan con las
organizaciones empresariales, ó la formación continua, en donde
las organizaciones empresariales deben tener un papel protagonista
de los fondos y estos han de ser finalistas (como recuerdan hasta 8
sentencias del Tribunal Constitucional), ya que son las empresas
las que pagan para la formación de sus trabajadores, y así se
realiza en el resto de Europa; ó el Anteproyecto de la Ley de
Mutuas que dejan de ser asociaciones privadas de empresarios
para estar intervenidas por las Administraciones Públicas dejando
de tener sentido o la subida en las Cotizaciones a la Seguridad
Social que agravan la situación de las empresas.