La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (Amta) de la Comunidad de Madrid asiste a 4.625 personas, con un presupuesto para 2014 de casi cuatro millones de euros. Este organismo se encarga, bajo supervisión judicial, de la atención social, la administración patrimonial y la defensa judicial de personas con capacidad legal limitada.
Concretamente, la Amta tutela a las personas mayores de 18 años, que son incapacitadas por un juez y que no tienen familiares o, en caso de tenerlos no se pueden hacer cargo de ellos.
La Comunidad de Madrid ha invertido en la Amta unos 38 millones de euros desde su creación en 1995. Además, este organismo ha atendido en estos 19 años a más de 11.000 cargos tutelares. La Amta ha mejorado este año sus sistemas informáticos, la digitalización de documentos, así como la generación de nuevos flujos de trabajo para un mejor control de la información y la introducción de nuevos sistemas de información y gestión patrimonial para agilizar los trámites de los tutelados.
La Comunidad de Madrid ha sido pionera en España en poner en marcha una agencia de tutela para personas que se hallan en estas circunstancias. La Amta ejerce la tutela completa de 2.274 personas. El Gobierno regional se hace cargo de sus cuidados tanto sanitarios como afectivos, su defensa legal, su representación ante cualquier instancia y de la administración de sus bienes personales.

Otras formas de protección
Además de tutelas, la Amta también proporciona otras formas de protección, como tutelas provisionales (36 personas), defensas judiciales (1.934 personas), curatelas (321 personas) y administraciones provisionales (60 personas). Estos modelos de guarda y protección se dirigen a usuarios que tienen mayor grado de autogobierno.
La AMTA da cobertura a todas las necesidades de estas personas prestándoles una protección integral basada en tres áreas específicas de acción: social, económica y jurídica. El área jurídica asume la defensa y representación judicial de los tutelados, dando a su vez el soporte legal a todas las actuaciones que lo requieran.
También cuenta con un área económico-administrativa encargada de gestionar todas las cuestiones referidas al patrimonio, realizando las labores de administración, custodia, mantenimiento e inversión, en su caso. Además, se encargan de cumplir con las obligaciones tributarias de los tutelados, así como de la presentación de inventarios y rendiciones de cuentas a juzgados y tribunales.
Por último, el área social se encarga de la atención y seguimiento integral de estas personas y promueve las actuaciones necesarias para cubrir las necesidades vitales de los tutelados.