La Red de Protección a las Familias, como mecanismo de detección urgente y atención permanente creado por la Junta de Castilla y León, funciona y garantiza que “todas las personas tengan asegurada la alimentación todo el año, todas las comidas al día y todos los miembros del núcleo familiar”, aseguran desde la Junta. 

Así, desde el inicio del año, un total de 5.000 niños y sus familias recibieron ayudas para su alimentación a través de la Red de Protección a las Familias. Una simple llamada al teléfono 012 de la Junta activa el mecanismo que garantiza que, en 24 horas, cualquier familia con necesidades reciba alimentos a través de Cruz Roja. Las llamadas urgentes al teléfono 012 por falta de alimentos se han reducido un 68,4% en el último año, al pasar de 114 llamadas recibidas en mayo de 2014 a las 36 contabilizadas en el mes de mayo de 2015. Este dato resulta significativo y positivo, ya que demuestra que, una vez resueltas las necesidades urgentes, las familias pasan a ser atendidas en el ámbito ordinario de la Red, donde reciben productos de forma periódica y adaptada a sus necesidades.

Tras esa atención de urgencia, las familias son derivadas a los profesionales de los servicios sociales de las corporaciones locales, que son los encargados de elaborar un plan de intervención individual que atienda las necesidades de la familia de forma integral y trate de resolver sus problemas desde la raíz. 

Entre las vías para que las familias tengan resueltos sus problemas de alimentación se encuentran la red de distribución ordinaria de alimentos o las ayudas de emergencia para la adquisición de alimentos. Durante 2014, el servicio de entrega de alimentos atendió a 26.133 personas y 29.690 castellanos y leoneses se beneficiaron de las ayudas de emergencia social. 

No obstante, la Red Centinela de Alerta Infantil, como último eslabón en la cadena de vigilancia –activa todo el año– y mecanismo específico para el caso de menores, intensifica su labor de detección en los meses previos a los periodos vacacionales de los escolares. Durante el mes de mayo, la Red se puso en contacto con los centros educativos para que notificaran cualquier situación que pudiera denotar la existencia de menores con problemas para alimentarse una vez que se cerraran los comedores escolares. 

De esta forma, los equipos multidisciplinares detectaron, a lo largo de el pasado mes de junio, un total de 15 familias de Castilla y León que no estaban siendo atendidas de manera ordinaria por los servicios sociales y que requerían apoyo para su alimentación –cinco de Zamora, cuatro de Valladolid, cuatro de León y dos de Burgos–. Con carácter preventivo, estas familias recibieron alimentos de forma inmediata, en menos de 24 horas, para que el menor y toda su familia pudieran satisfacer sus necesidades alimenticias. A partir de ese momento, pasaron a formar parte de la Red de Protección a las Familias, cuyos profesionales estudian su caso para proporcionar a todo el núcleo familiar una respuesta individual e integral a sus problemas. 

La Junta de Castilla y León mantiene así el mismo criterio aplicado durante el pasado año. El modelo elegido por Castilla y León, con la puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias, ha demostrado su eficacia a lo largo de los últimos años. No se limita a los periodos vacacionales, sino que es un modelo permanente, que cubre las necesidades de la familia en su propio hogar durante los 365 días del año y garantiza alimentos a lo largo del día. Abrir los comedores escolares en verano limitaría, además, la alimentación a los días de diario, solo una vez al día y solo a los niños en edad escolar, de 3 a 12 años, dejando sin respuesta global a los menores de otras edades, y al resto de familiares. 

La Junta considera que “esta atención debe aplicarse con la máxima normalidad en el seno del hogar de la propia familia, entendiendo que el menor no puede verse como alguien aislado e independiente de su familia, sino como un todo”. 

Para la Junta, abrir los comedores escolares para los niños más vulnerables provocaría, además, la estigmatización y la discriminación del menor e incluso de sus hermanos y padres y, sobre todo, no solucionaría el problema de la familia.

El modelo cuenta con el respaldo de los máximos expertos en inclusión social: Cruz Roja, Cáritas, la Red de Pobreza (EAPN), Unicef y Mensajeros de la Paz. Todos ellos defienden que Castilla y León se ha dotado de un sistema de protección que atiende de forma integral los problemas de las familias. 

Y, además, está avalado y sustentado en los profesionales de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y de las corporaciones locales, que conocen en primera instancia el conjunto de necesidades de las familias y son ellos quienes elaboran el plan de intervención individual.

Por otro lado, la creación y puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias ha contribuido a que la fractura social derivada de la crisis haya sido menor en Castilla y León que en el resto de España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada recientemente por el INE, Castilla y León es la segunda Comunidad, tras Navarra, con menor tasa de población en carencia material severa (2,6 %), es decir 4,5 puntos mejor que la media del país.