La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades complementará con servicios profesionales las ayudas que reciben los dependientes que son atendidos por sus familiares, tal y como recoge la orden que ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Esta nueva mejora en la Ley de Dependencia permitirá así, a 37.000 personas dependientes más en la Comunidad, recibir dos ayudas al mismo tiempo: ayuda económica familiar y ayuda profesional.

La orden establece que las personas dependientes mayores de edad, con grados I, II y III que son beneficiarias de la ayuda económica por cuidados en el entorno familiar tendrán derecho a compatibilizar, de forma simultánea, esa ayuda con otras prestaciones para obtener servicios profesionales: ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y centro de día públicos o, en su defecto, recibir una ayuda económica para la compra de esos servicios.

Esto supone incrementar a esas 37.000 personas en un 5% las cuantías mensuales que estaban recibiendo antes de la crisis para que puedan adquirir un servicio profesional. De esta forma, un dependiente que tenga ayuda familiar podrá recibir al mes un 24% más en Castilla y León que en otras comunidades autónomas.

Con la nueva orden, las personas de grado III que cuentan con cuidados en el entorno familiar percibirán hasta 479 euros al mes, frente a los 388 euros de otras autonomías, para que cuenten también con servicios profesionales. Por su parte, los de grado II pasarán a percibir un máximo al mes de 332 euros –63 euros más que en otras autonomías–. Y los de grado I recibirán 189 euros mensuales –36 euros más que en el resto de España–.

La intensidad mensual de estas prestaciones simultáneas aparece recogida en la orden. En el caso del servicio de ayuda a domicilio, la intensidad dependerá de su grado de dependencia. En concreto, será de once horas para las personas de grado III, de ocho para las del grado II y de cuatro para las de grado I. En el caso del servicio de promoción de la autonomía personal y del servicio de centro de día, las intensidades serán equivalentes a la necesaria para alcanzar el nivel de apoyo total de la prestación económica en el entorno familiar que existía antes de la crisis.

Según apuntan desde la Consejería de Familia, "se trata, por tanto, de complementar con servicios profesionales la atención de las personas en situación de Dependencia que son cuidadas en su entorno familiar. Con ello, no solo se mejora el nivel de atención, tanto de la persona dependiente como del cuidador, sino que se incrementan los apoyos que recibían y se potencian, al mismo tiempo, los servicios profesionales de atención a las personas dependientes y, por tanto, el empleo".

Se estima que este avance, junto a la inminente incorporación de las personas con menor nivel de dependencia supondrá la creación de 8.000 nuevos puestos de trabajo asociados a la dependencia. Estos nuevos empleos se sumarán a los 16.600 profesionales vinculados actualmente –4.500 profesionales generados en la presente legislatura–, lo que consagra a Castilla y León como la Comunidad que más empleo genera en este sector.

La Junta de Castilla y León adoptó una serie de medidas en los últimos años que han redundado en una mejora de la atención a las personas en situación de dependencia, y en unas cotas significativas de desarrollo. Entre esas medidas figura el incremento en la cuantía de las prestaciones destinadas a la adquisición de servicios profesionales en un 20% para los grado I y II y en un 75% para el grado II, facilitando el cambio desde los cuidados en el entorno familiar a estas prestaciones para la adquisición de servicios profesionales.

Se han compatibilizado las prestaciones de servicios para las personas con discapacidad, mediante la percepción de dos ayudas económicas profesionales al mismo tiempo para la adquisición de dos servicios -uno de atención residencial y otro de atención diurna (centro de día, promoción de la autonomía personal o asistencia personal)-, lo que permite recibir en cada uno de los grados de dependencia 1.000 euros más que el importe máximo fijado por las cuantías máximas estatales.