Castilla y León reordena la asistencia sanitaria y regula las jubilaciones

En el primer grupo de medidas se incluye el refuerzo de la Zona Básica de Salud como marco para la asignación de las funciones asistenciales ordinarias, que tendrá un triple efecto desde el punto de vista del ahorro: un reajuste y mejor aprovechamiento de los efectivos, una reducción del complemento económico por acumulación a percibir por los profesionales sanitarios y una reducción de las sustituciones. En segundo lugar, con este decreto ley se facilita una organización más racional y eficiente de los recursos. Para ello, se modifican algunos artículos de la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León regulando los servicios ya existentes que son comunes a varias zonas básicas de salud y facilitando la posibilidad de que puedan existir puntos de atención continuada desde los que se atienda a varias zonas básicas de salud. También se modifica el artículo 13 del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud regional con el fin de que los centros sanitarios puedan adaptar sus plantillas a las necesidades de personal sin la limitación actual de modificarlas en el último trimestre del año.
En materia de jubilación
Por otra parte, el decreto ley también modifica distintas normas que regulan la jubilación de los trabajadores de la Junta. Hasta ahora la prolongación del servicio activo más allá de la edad legal y hasta los 70 años como máximo era prácticamente automática, si así lo deseaba el empleado público. En los últimos meses, se ha avanzado en la negociación del Plan de ordenación de los recursos humanos para la prolongación en el servicio activo de los profesionales de Sacyl. El decreto ley aprobado refuerza las garantías jurídicas para la aprobación de ese Plan.
En paralelo, con la modificación del artículo 38 de la Ley de Función Pública se cambia la regulación de la jubilación de los funcionarios de la Junta. Así pues, la decisión queda en manos de la Administración autonómica, que estudiará cada caso y resolverá atendiendo a tres criterios: aptitud para el cumplimiento de las tareas y funciones propias del puesto; conducta profesional, rendimiento o consecución de objetivos; y razones organizativas y de racionalización de los recursos humanos. Con ello se conseguirá una mayor eficiencia y el rejuvenecimiento de las plantillas.