Castilla y León lidera a nivel nacional y en solitario la aplicación de la Ley de Dependencia. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en su IX Dictamen, puntúa a Castilla y León con un 9,6 sobre 10. Se trata de la Comunidad mejor puntuada. La siguiente comunidad obtiene un 7,8, mientras que la media de España se sitúa en el 4,91. El Observatorio de la Dependencia ha modificado en esta ocasión los criterios de valoración y reduce de 12 a 10 el número de variables. Ya no puntúa, como hacía, si las comunidades tienen o no aprobada una Ley de Servicios Sociales, entre otros aspectos, y en su lugar introduce dos nuevos conceptos: Tasa de reposición de nuevos dependientes al sistema desde que se emitió el anterior dictamen y Tasa de reposición de grandes dependientes. Si el Observatorio hubiese mantenido la misma fórmula de puntuación, Castilla y León hubiera obtenido una nota de 11,5.

Actual priorización de lo social
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, expresó el "orgullo" de formar parte de un Gobierno que muestra su "compromiso con las personas" y con las "políticas sociales". No en vano, Castilla y León ha sido reconocida por los expertos como la única comunidad que sigue aplicando la Ley de Dependencia, a pesar de la complicada situación económica por la que atraviesa el país, gracias al esfuerzo presupuestario realizado por la Junta de Castilla y León en los últimos años, y la actual priorización de las políticas sociales.
Además de este esfuerzo presupuestario, para seguir garantizando esta atención, la Junta de Castilla y León ha introducido en los últimos meses criterios de gestión, como la unificación en los procesos de valoración, la solicitud única o la firma electrónica, que le ha permitido ahorros en la tramitación; "unos ahorros que se han reinvertido para continuar concediendo prestaciones".
 La consejera señaló que la atención a las personas dependientes es "necesaria", ya que son muchas las personas que requieren atención y, por tanto, "debemos introducir los mecanismos necesarios para hacerla sostenible y garantizar su viabilidad". Para Milagros Marcos, la Ley será sostenible siempre que se gestione bien, y se introduzcan medidas urgentes que prioricen y garanticen "lo realmente necesario".
 
Para ello, Milagros Marcos apuesta por "atender a las personas que más lo necesiten", los más dependientes, y por primar los servicios profesionales, frente a las prestaciones económicas para atención familiar, "porque son los servicios los que verdaderamente generan empleo y ofrecen atención de calidad.