La crisis económica que atravesamos ha hecho abrir el debate sobre temas incuestionables hasta hace bien poco. La sanidad, uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar  -y un privilegio, casi único, con respecto a la mayoría de países desarrollados- empieza a tambalearse. Lo que algunos ven como los primeros pasos de este desequilibrio es la aplicación del céntimo sanitario que algunas comunidades implantaron hace años (Galicia, Madrid, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, a las que se acaba de sumar este 1 de marzo Castilla y León); y otras están en vías de aplicarlo, como Cantabria. Este Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos -que es como oficialmente se conoce al “céntimo sanitario”-, no se trata de un “céntimo”, más bien de varios, ya que este gravamen varía desde el 1,5 céntimos de euro por litro de gasóleo de Galicia y Murcia, hasta los 4,8 céntimos de Valencia. En realidad, este impuesto consta de dos tramos: el estatal, de 2,4 céntimos de euro por cada litro de gasolina o gasóleo; y el autonómico, que pueden aplicar o no las autonomías, pero que si lo aplican no puede exceder los 4,8 céntimos de euro por litro. En todo caso, y aunque la justicia tiene su propio ritmo, se habla de que esta figura impositiva puede tener fecha de caducidad, debido a las desavenencias que suscita a la luz del Derecho de la Unión Europea. En efecto, ya en el año 2008, la Comisión Europea instó formalmente a España para que ajustara su legislación nacional al Derecho comunitario. No hay un plazo, pero será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el llamado, finalmente, a pronunciarse sobre este asunto, ya que en noviembre de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el marco de un procedimiento relativo a este impuesto, decidió suspender el mismo y plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo para que se pronuncie sobre el posible conflicto con la Directiva comunitaria. Si este tribunal fallara que el “céntimo sanitario” es contrario al Derecho europeo, se abriría una nueva caja de Pandora sobre el posible alcance retroactivo del pronunciamiento y el derecho a obtener las devoluciones pertinentes por los afectados, pero éste es otro tema.
Un nuevo paso en esta dirección de decapitar el Estado de Bienestar -o de tratar de reducir la colosal deuda del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ronda los 15.0000 millones- sería el euro por receta que Cataluña aplicará a partir de mayo. Una medida “inconstitucional”, para el anterior Gobierno- pero que para Ana Mato defiende aduciendo que “cada comunidad adopta las medidas que cree convenientes”. CiU y PP acordaron este gravamen durante la negociación presupuestaria de las cuentas de la Generalitat para 2012. Sí estarán exentos de este “copago” los perceptores de una pensión no contributiva y los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Tampoco se verán afectados por esta tasa los fármacos que tengan un precio inferior a 1,67 euros --IVA incluido--, y dejará de aplicarse a partir de la receta número 62. En fin, posiblemente se abre una nueva alternativa que no tardarán en seguir en otras comunidades.
En esta lluvia de ideas por sostener el SNS, algunas voces también han propuesto cobrar por acudir a Urgencias, una fórmula -dicen algunos expertos- para evitar la sobrefrecuentación del servicio y el consecuente colapso de asistencia.
Otras opciones han cobrado relevancia en los últimos tiempos por la proliferación de estudios sobre, por ejemplo, la gestión eficiente de recursos, la colaboración público-privada o privatización total, el copago, etcétera. Pero la última palabra -o la penúltima por la decisión autorizada de las Comunidades- la tendrá el Gobierno central.
Mientras tanto, la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en su primera comparecencia pública abogó por alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales y por garantizar la igualdad de acceso a las prestaciones para todos los ciudadanos. Una idea que persiste y que pone de relieve en cada intervención. En esta línea, a finales de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción a consecuencia de la interpelación urgente impulsada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. A grandes rasgos, se recoge una declaración de intenciones para hacer realidad las reformas necesarias y garantizar la calidad, la cohesión y la sostenibilidad del sistema sanitario. Con este fin acordaron crear una subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad. Un suma y sigue en paralelo con las palabras de Ana Mato -en una comparencia en paralelo ante el Senado-, quien volvió a reiterar el compromiso del Gobierno con un modelo de sanidad público, universal, gratuito y de calidad para todos los españoles. Y llegó un día muy esperado. La celebración del primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud presidido por Mato -el número cien de este organismo- celebrado el 29 de febrero. Las meras palabras de la ministra empiezan a coger consistencia. En este sentido, el Pacto por la Sanidad, recordó Mato, “va a permitir garantizar la sostenibilidad del SNS y que queremos garantizar, con el acuerdo de todas las comunidades, de manera similar al Pacto de Toledo, para dejar la sanidad fuera del ámbito partidista y que esté garantizada en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de nuestro país”. Así, el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales marcó un mes de plazo para que un grupo de trabajo en el que colaborarán varias comunidades, elabore una propuesta sobre la cartera básica de servicios que elevar al pleno del Consejo Interterritorial de Salud. La idea de Mato es lograr un pacto, primero, entre Ministerio y autonomías, en el que participen colegios profesionales y otros agentes con voz en la materia, para luego intentar llegar a un pacto con los grupos parlamentarios. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) también acordó un nuevo formato de tarjeta sanitaria común que dará la oportunidad a las regiones de cobrar por los gastos de gestión y renovación. Algo que recordó a las tasas que se tributan en Galicia y Baleares por la renovación de las tarjetas sanitarias. Unos recargos que también figuran en la fuente de ingresos extra para las arcas autonómicas y que Ana Mato enmarcó “en el ejercicio de sus competencias”. Eso sí, ya hay cálculos. Sanidad prevé que se renueven cuatro millones de tarjetas al año, que deberán ser compatibles con todos los sistemas autonómicos e incorporar un número o código vitalicio para cada persona, con el fin de que puedan ser atendidos en cualquier lugar de España. Si se aplica la tasa de diez euros que cobran Baleares o Galicia por la renovación de la tarjeta, las comunidades podrían disponer de unos ingresos de 470 millones de euros por este concepto dentro de un proceso gradual que comenzará este año. En falta se echó debatir sobre el uso de tasas o copagos directos para financiar este sistema público deficitario. “Hay planteamientos desde todos los puntos de vista y ámbitos ideológicos desde hace mucho tiempo y se planteará o no dentro de una discusión de futuro”, aseguró la ministra, quien precisó que “las fórmulas de financiación y sostenibilidad las decidiremos entre todos en el seno del Consejo Interterritorial”. No cabe otra respuesta, puesto que, ¿cómo compatibilizar esa afirmación con la realidad, es decir, que la sanidad está transferida y se gestiona a diferentes velocidades según la Región? Hay, pues, un tema latente. Conseguir la sostenibilidad del SNS pero, lógicamente, trabajando sobre el acuerdo conjunto de todas las comunidades, obviando las diferencias políticas. Pregunta:
Respuesta:

Comisiones Obreras
Mientras todo este asunto se dirime en los despachos políticos, hay otra realidad, la que vive el profesional sanitario. La Asamblea General de la Organización Médica Oficial decidió emitir, recientemente, un comunicado por los recortes sufridos en sus servicios. Prueba de la diferente aplicación de los recursos es el informe publicado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CC OO), en el mes de febrero en el que se denuncia el “recorte de calidad asistencial” como consecuencia de la reducción de gastos. Y más aún, según se desprende de las conclusiones de su informe “Análisis y valoración ante los presupuestos sanitarios previstos para 2012”, recientemente actualizado, sobre los presupuestos sanitarios autonómicos, la Comunidad de Murcia se lleva la palma en los recortes asistenciales con hasta 11 medidas directas, le siguen Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña (7); Galicia y La Rioja (3); Madrid, País Vasco, Baleares, Aragón, Andalucía, y Castilla-La Mancha (1).
Según explica el secretario general de la FSS-CC OO, Antonio Cabrera, esta Federación considera que el SNS necesita que se acometan medidas a corto plazo para situarse como una de las bases del Estado de Bienestar. “Es necesario realizar reformas estructurales en la suficiencia financiera, la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la gobernabilidad, y la racionalidad de la sanidad y la práctica clínica”, advierte.
El informe de CC OO desvela la necesidad de medidas a corto plazo en el Sistema Nacional de Salud. Así, para asegurar su suficiencia financiera señala que es necesario que se produzca una financiación adicional finalista destinada a afrontar el déficit actual, asegurar la suficiencia financiera y dotar suficientemente al Fondo de Cohesión que garantice la equidad en todo el territorio nacional.
Además, la FSS-CC OO entiende que el SNS necesita que se acometan medidas importantes a corto plazo para evitar que intereses económicos, ajenos al mismo, se aprovechen y traten de obtener importantes beneficios a costa de la reducción de derechos de ciudadanos y trabajadores del sistema. A este respecto, el documento presentado por la FSS-CC OO contiene una serie de propuestas entre las que destacan la necesidad de un Pacto por la Sanidad, caracterizar como finalistas los fondos destinados a Sanidad, el aumento de los ingresos en contraposición a las políticas actuales de contención o disminución del gasto, la centralización de compras, la profesionalización de la gestión o el fortalecimiento de la Atención Primaria, entre otras.

Cómo afecta el envejecimiento poblacional al SNS
Y en este contexto, también está una realidad poco visibilizada por los políticos: el propio paciente. Popularmente se dice que las personas mayores acuden abusivamente al médico. Es por esta idea que el envejecimiento de la población se ve como un hándicap para la sostenibilidad del sistema. Es cierto que los senior tienen una mayor dependencia de la cobertura sanitaria pública pero no lo es que el envejecimiento sea determinante para la viabilidad del SNS. Al menos, así de desprende del “Estudio de las pautas previsibles de utilización futura de servicios sanitarios por mayores, frente a la viabilidad financiera del sistema de salud”, coordinado por Álvaro Hidalgo, director del SIES (Seminario de Investigación en Economía y Salud) de la Universidad de Castilla-La Mancha, y realizado por la Fundación Gaspar Casal e impulsado por la Fundación Pfizer. Este estudio surge en el contexto del debate actual por la preocupación del crecimiento del gasto sanitario y la sostenibilidad del sistema, en el que el envejecimiento se suele identificar como uno de los factores asociados (se calcula que en España el gasto sanitario de los mayores de 65 años es 2,7 puntos superior al gasto medio). Para comprobar hasta qué punto el envejecimiento ocasiona el aumento del gasto, se analizaron dos comunidades concretas, Castilla León y Castilla-La Mancha, por tener un mayor porcentaje de mayores que la media nacional. El estudio demuestra que existen diferencias importantes entre el uso de los recursos sanitarios entre las diferentes regiones. Tanto es así, que el coste asociado al envejecimiento depende del territorio y de la organización del sistema regional propio, de su cartera de servicios, de la práctica clínica y de las pautas sociales de utilización. El estudio se planteó, entre otros objetivos, conocer la evolución de las pautas de utilización de servicios sanitarios y consumo de medicamentos de las personas mayores de 65 años en comparación con el resto de la población, utilizando para ello los datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2006 y comparándolo con los recientes resultados para España de la Encuesta Europea de Salud de 2009.
Los resultados muestran que los mayores de 65 años tienen una mayor dependencia de la cobertura sanitaria pública, no tanto de la privada, quizás por la reducción de ingresos en la jubilación. Aumenta su frecuencia en consultas de Atención Primaria pero se reduce en atención especializada y en Urgencias. Asimismo, los mayores, sobre todo a partir de los 75 años, concentran buena parte de la atención domiciliaria. Para los mayores de 65 años, el servicio que más se incrementa son las consultas administrativas, por la dispensación de recetas. Del mismo modo, el uso de recursos hospitalarios también es mayor en la población de más edad.
La conclusión es que, aunque los factores demográficos tienen importancia, no son el motor del aumento del gasto sanitario público ni presionan excesivamente al alza el mismo. Existe consenso en señalar a la prestación real media por persona y los cambios tecnológicos, como catalizadores del crecimiento del gasto sanitario público.
En definitiva, es importante reconocer que tenemos una de las mejores asistencias sanitarias del mundo, profesionales reconocidos con la última tecnología. Así es nuestro Sistema Nacional de Salud, pero ¿hasta cuándo será universal, equitativa y gratuita?



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