Los nuevos retos de Rajoy
Las asociaciones reclaman al Gobierno que liquide la deuda de las administraciones públicas con las empresas del sector sociosanitario y actualice el poder adquisitivo de los pensionistas
Tras alzarse con mayoría absoluta en las pasadas elecciones del 20-N, Mariano Rajoy encara su mandato en un contexto de crisis económica que afecta a toda Europa y que amenaza con desencadenar profundos recortes en todas las partidas presupuestarias del Estado. El nuevo presidente del Gobierno tendrá que empezar a tomar decisiones en diversas materias como la sanidad, las pensiones o la Ley de Dependencia, lo que ya está generando el debate entre las asociaciones y entidades ligadas al sector sociosanitario y entre el propio colectivo de los mayores.
Después de la primera puesta en escena de Rajoy en el debate y posterior discurso de investidura, todavía falta por concretar las medidas que se llevarán a cabo, es decir, sabemos el qué -ahorro de 16.500 millones para cumplir el déficit en 2012, reducir el paro, descongelar las pensiones, etcétera- pero aún nos falta saber el cómo.
El nuevo presidente anuncia que actualizará “el poder adquisitivo de las pensiones”, y lo hará inmediatamente, a partir del 1 de enero, 2012. Rajoy asegura que este será el “único compromiso que aumente el gasto público” y que, después, llegarán los recortes.
Hasta ahora Rajoy no ha enseñado sus cartas completamente y en el aire quedan otras cuestionan que interesan al sector sociosanitario. ¿Disminuirán las prestaciones y ayudas a personas dependientes? ¿Es necesaria una reforma del sistema de pensiones? Desde los grupos políticos, sindicatos y federaciones se insta ya al Gobierno de Rajoy a tomar diferentes medidas que no cercenen o limiten los servicios sociales.
Uno de los pilares del Estado de Bienestar
La Ley para la Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se ha convertido en el principal motivo de discusión entre las administraciones públicas y el sector del mayor, después de que Rajoy asegurase que dicha Ley “no es viable”. Sus declaraciones coincidieron, en tiempo, con los recortes que algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana o Madrid (en las que también gobierna el PP), están llevando a cabo como muestra de austeridad y ahorro del déficit público por parte de los Gobiernos autonómicos.
Las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la del presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, apuesta por la viabilidad financiera de la norma argumentando que “es un sector que genera empleo”, además, aprovechó para pedir a la cúpula del Gobierno “un cambio de modelo productivo”.
En estos momentos, lo que más preocupa a los empresarios, profesionales y dependientes es liquidar el dinero que le adeudan las administraciones públicas, una cifra que asciende a cerca de 1.300 millones de euros.
Tanto la FED, como la Federación de Residencias Lares, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y Ceoma, están pidiendo el pago inmediato de la deuda contraída por las comunidades. Consideran que los retrasos en el pago de los conciertos y los convenios firmados con las empresas prestadoras de servicios provocan un efecto en cadena que amenaza el sistema actual de ayudas a dependientes.
Contra el impago y la reducción drástica en la atención a los dependientes se ha posicionado también el presidente de UDP, Luis Martín Pindado, que pidió a las administraciones autonómicas y locales “un ejercicio de responsabilidad a la hora de tomar decisiones que afecten a los programas sociales” que, a su vez, “asisten a miles de mayores”. Para Pindado, “hay que fortalecer a las asociaciones e impulsar sus iniciativas”, por lo que es necesario mantener la ayudas sociales y tejer “nuevas redes asociativas que mejoren la calidad de vida de las personas”.
La Ley de Dependencia cumple en diciembre cinco años de vida y, desde su creación, se han beneficiado más de 1.200.000 personas. Desde 2006, se ha duplicado el esfuerzo inversor dedicado a los dependientes y hoy supone el 0,64% del PIB español.
Pero tras el recrudecimiento de la crisis de 2008, este año se frenó el número de nuevos beneficiarios (sólo 700.000) y, en los últimos meses, en una decena de comunidades, ya mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas.
En el lado positivo de la Ley, y a lo que se agarran las entidades del sector para defender la viabilidad del sistema, están los 185.000 puestos directos de trabajo y los cerca de 63.000 empleos indirectos que creó la atención a la dependencia desde sus inicios. Además, tiene un importante retorno económico (1.272 millones de euros), lo que supone recuperar 20 céntimos por euro gastado en dependencia.
Desde Comisiones Obreras, la secretaria confederal de Política Social, Rosana Costa, también defiende la viabilidad del sistema. Para Costa no se debe poner como excusa “a la crisis económica para que éste sea un derecho de quita y pon”. Según estudios realizados desde CC OO, la Ley de Dependencia todavía puede llegar a crear otros “200.000 puestos de trabajo hasta el año 2015”, por lo que, según Costa, “aunque el déficit público es una cuestión que se debe afrontar, no debe conllevar recortes de derecho que devengan en una fractura social”.
Entre las propuesta de CC OO al nuevo Gobierno de Rajoy destaca la activación de “un plan de promoción de los servicios de atención a la dependencia que posibilite la creación de cerca de 125.000 nuevos empleos”, lo que simplificaría la correcta implantación de la Ley en las regiones. Del mismo modo, el sindicato envía un mensaje a los nuevos gobernantes y exige que “no se destruya un derecho construido democráticamente con decisiones unilaterales del Gobierno”.
Sistema de pensiones
“Tenemos el compromiso de mantener el poder adquisitivo de las pensiones”. Con esta frase resumió Rajoy, días antes de las elecciones generales, la posición y actuación futura de su partido en referencia a las pensiones. En la actualidad, el discurso del Partido Popular parece que no ha cambiado ni un ápice, como demuestra su vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, que, a principios de este mes, aseguró que “sanidad, educación y pensiones tienen que ser intocables”, añadiendo después que “en todo lo demás habrá que recortar”.
Pero hay una pregunta que subyace detrás de esta declaración de intenciones del PP y no es otra que la de saber cómo planteará Rajoy la reforma del sistema de pensiones para que los mayores, que han sufrido la congelación de sus pagas en 2011, recuperen su poder adquisitivo.
El pasado mes de julio, el Congreso aprobó una reforma que, entre otras cosas, retrasa la jubilación hasta los 67 años. A través de la Ley sobre actuación, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, alrededor de 5,5 millones de pensionistas (de los más de 8,7 millones que hay en la actualidad) vieron congeladas sus prestaciones, perdiendo 2,9 puntos de poder adquisitivo. Una medida que supuso un ahorro de 2.300 millones de euros al Estado pero que dejó a cada pensionista con una pérdida media de 420 euros este año.
Desde el Partido Popular ya están surgiendo las primeras voces apuntando los posibles cambios que se incluirían. Concretamente, a principios de diciembre, el presidente de honor del PP y ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en una entrevista concedida a 13TV, dijo que la actual estructura de la población española hace necesario el cambio. “La expectativa de vida ha aumentado de manera espectacular y eso afecta al sistema de protección social”, explicó Aznar, que además incidió en que “no se puede jubilar alguien a los 55 años y cobrar su pensión hasta los 85”.
En este sentido, el Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones, a través de su foro de expertos propuso al Gobierno acometer varias reformas en el actual sistema. Según un informe elaborado por Aviva, el gasto en pensiones sobre el PIB pasaría del 9% actual a alrededor del 18% en 2050. “Con la reforma vigente solo se cubre 3 puntos porcentuales de dicho incremento pero no se soluciona la financiación de los dos tercios restantes”, aseguran desde Aviva, que avisan de que la Ley que regula las pensiones ha generado un marco legal “excesivamente complejo” y de difícil comprensión para los ciudadanos.
Entre las modificaciones que llevarían a cabo, el informe de Aviva plantea un sistema dotado de un periodo de carencia más largo, “ya que obtener el 50% de la pensión tras 15 años de cotización dificulta la viabilidad financiera del sistema”. Por otro lado, se incide en dar una mayor flexibilidad a la edad de jubilación, llegando incluso a proponer que sea “libre”, es decir, que el individuo sea quien decida, siendo consciente, eso sí, de que sólo cobraría en función de lo cotizado.
Las propuestas para gestionar los cambios en el sistema de pensiones arriban también desde los sindicatos y entidades relacionadas con el sector sociosanitario. Así, desde CC OO, por ejemplo, exigen al Gobierno el establecimiento de una pensión mínima de 700 euros mensuales. Además, el secretario general estatal de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO, Julián Gutiérrez, entiende que “la subida de la prestación en 2012 -previsiblemente del 2,9%- no compensará la congelación sufrida este año, por lo que se debe incrementar hasta equipararla a las medias europeas”, aseguró Gutiérrez. Pregunta:
Respuesta:
Después de la primera puesta en escena de Rajoy en el debate y posterior discurso de investidura, todavía falta por concretar las medidas que se llevarán a cabo, es decir, sabemos el qué -ahorro de 16.500 millones para cumplir el déficit en 2012, reducir el paro, descongelar las pensiones, etcétera- pero aún nos falta saber el cómo.
El nuevo presidente anuncia que actualizará “el poder adquisitivo de las pensiones”, y lo hará inmediatamente, a partir del 1 de enero, 2012. Rajoy asegura que este será el “único compromiso que aumente el gasto público” y que, después, llegarán los recortes.
Hasta ahora Rajoy no ha enseñado sus cartas completamente y en el aire quedan otras cuestionan que interesan al sector sociosanitario. ¿Disminuirán las prestaciones y ayudas a personas dependientes? ¿Es necesaria una reforma del sistema de pensiones? Desde los grupos políticos, sindicatos y federaciones se insta ya al Gobierno de Rajoy a tomar diferentes medidas que no cercenen o limiten los servicios sociales.
Uno de los pilares del Estado de Bienestar
La Ley para la Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se ha convertido en el principal motivo de discusión entre las administraciones públicas y el sector del mayor, después de que Rajoy asegurase que dicha Ley “no es viable”. Sus declaraciones coincidieron, en tiempo, con los recortes que algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana o Madrid (en las que también gobierna el PP), están llevando a cabo como muestra de austeridad y ahorro del déficit público por parte de los Gobiernos autonómicos.
Las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la del presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, apuesta por la viabilidad financiera de la norma argumentando que “es un sector que genera empleo”, además, aprovechó para pedir a la cúpula del Gobierno “un cambio de modelo productivo”.
En estos momentos, lo que más preocupa a los empresarios, profesionales y dependientes es liquidar el dinero que le adeudan las administraciones públicas, una cifra que asciende a cerca de 1.300 millones de euros.
Tanto la FED, como la Federación de Residencias Lares, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y Ceoma, están pidiendo el pago inmediato de la deuda contraída por las comunidades. Consideran que los retrasos en el pago de los conciertos y los convenios firmados con las empresas prestadoras de servicios provocan un efecto en cadena que amenaza el sistema actual de ayudas a dependientes.
Contra el impago y la reducción drástica en la atención a los dependientes se ha posicionado también el presidente de UDP, Luis Martín Pindado, que pidió a las administraciones autonómicas y locales “un ejercicio de responsabilidad a la hora de tomar decisiones que afecten a los programas sociales” que, a su vez, “asisten a miles de mayores”. Para Pindado, “hay que fortalecer a las asociaciones e impulsar sus iniciativas”, por lo que es necesario mantener la ayudas sociales y tejer “nuevas redes asociativas que mejoren la calidad de vida de las personas”.
La Ley de Dependencia cumple en diciembre cinco años de vida y, desde su creación, se han beneficiado más de 1.200.000 personas. Desde 2006, se ha duplicado el esfuerzo inversor dedicado a los dependientes y hoy supone el 0,64% del PIB español.
Pero tras el recrudecimiento de la crisis de 2008, este año se frenó el número de nuevos beneficiarios (sólo 700.000) y, en los últimos meses, en una decena de comunidades, ya mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas.
En el lado positivo de la Ley, y a lo que se agarran las entidades del sector para defender la viabilidad del sistema, están los 185.000 puestos directos de trabajo y los cerca de 63.000 empleos indirectos que creó la atención a la dependencia desde sus inicios. Además, tiene un importante retorno económico (1.272 millones de euros), lo que supone recuperar 20 céntimos por euro gastado en dependencia.
Desde Comisiones Obreras, la secretaria confederal de Política Social, Rosana Costa, también defiende la viabilidad del sistema. Para Costa no se debe poner como excusa “a la crisis económica para que éste sea un derecho de quita y pon”. Según estudios realizados desde CC OO, la Ley de Dependencia todavía puede llegar a crear otros “200.000 puestos de trabajo hasta el año 2015”, por lo que, según Costa, “aunque el déficit público es una cuestión que se debe afrontar, no debe conllevar recortes de derecho que devengan en una fractura social”.
Entre las propuesta de CC OO al nuevo Gobierno de Rajoy destaca la activación de “un plan de promoción de los servicios de atención a la dependencia que posibilite la creación de cerca de 125.000 nuevos empleos”, lo que simplificaría la correcta implantación de la Ley en las regiones. Del mismo modo, el sindicato envía un mensaje a los nuevos gobernantes y exige que “no se destruya un derecho construido democráticamente con decisiones unilaterales del Gobierno”.
Sistema de pensiones
“Tenemos el compromiso de mantener el poder adquisitivo de las pensiones”. Con esta frase resumió Rajoy, días antes de las elecciones generales, la posición y actuación futura de su partido en referencia a las pensiones. En la actualidad, el discurso del Partido Popular parece que no ha cambiado ni un ápice, como demuestra su vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, que, a principios de este mes, aseguró que “sanidad, educación y pensiones tienen que ser intocables”, añadiendo después que “en todo lo demás habrá que recortar”.
Pero hay una pregunta que subyace detrás de esta declaración de intenciones del PP y no es otra que la de saber cómo planteará Rajoy la reforma del sistema de pensiones para que los mayores, que han sufrido la congelación de sus pagas en 2011, recuperen su poder adquisitivo.
El pasado mes de julio, el Congreso aprobó una reforma que, entre otras cosas, retrasa la jubilación hasta los 67 años. A través de la Ley sobre actuación, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, alrededor de 5,5 millones de pensionistas (de los más de 8,7 millones que hay en la actualidad) vieron congeladas sus prestaciones, perdiendo 2,9 puntos de poder adquisitivo. Una medida que supuso un ahorro de 2.300 millones de euros al Estado pero que dejó a cada pensionista con una pérdida media de 420 euros este año.
Desde el Partido Popular ya están surgiendo las primeras voces apuntando los posibles cambios que se incluirían. Concretamente, a principios de diciembre, el presidente de honor del PP y ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en una entrevista concedida a 13TV, dijo que la actual estructura de la población española hace necesario el cambio. “La expectativa de vida ha aumentado de manera espectacular y eso afecta al sistema de protección social”, explicó Aznar, que además incidió en que “no se puede jubilar alguien a los 55 años y cobrar su pensión hasta los 85”.
En este sentido, el Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones, a través de su foro de expertos propuso al Gobierno acometer varias reformas en el actual sistema. Según un informe elaborado por Aviva, el gasto en pensiones sobre el PIB pasaría del 9% actual a alrededor del 18% en 2050. “Con la reforma vigente solo se cubre 3 puntos porcentuales de dicho incremento pero no se soluciona la financiación de los dos tercios restantes”, aseguran desde Aviva, que avisan de que la Ley que regula las pensiones ha generado un marco legal “excesivamente complejo” y de difícil comprensión para los ciudadanos.
Entre las modificaciones que llevarían a cabo, el informe de Aviva plantea un sistema dotado de un periodo de carencia más largo, “ya que obtener el 50% de la pensión tras 15 años de cotización dificulta la viabilidad financiera del sistema”. Por otro lado, se incide en dar una mayor flexibilidad a la edad de jubilación, llegando incluso a proponer que sea “libre”, es decir, que el individuo sea quien decida, siendo consciente, eso sí, de que sólo cobraría en función de lo cotizado.
Las propuestas para gestionar los cambios en el sistema de pensiones arriban también desde los sindicatos y entidades relacionadas con el sector sociosanitario. Así, desde CC OO, por ejemplo, exigen al Gobierno el establecimiento de una pensión mínima de 700 euros mensuales. Además, el secretario general estatal de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO, Julián Gutiérrez, entiende que “la subida de la prestación en 2012 -previsiblemente del 2,9%- no compensará la congelación sufrida este año, por lo que se debe incrementar hasta equipararla a las medias europeas”, aseguró Gutiérrez. Pregunta:
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