Pregunta: Según el INE, los mayores se duplicará en los próximos 40 años en España. Castilla y León es una de las Regiones más envejecida de la Península. ¿Puede la Comunidad atender las necesidades del envejecimiento poblacional?
Respuesta:En el siglo pasado, la protección de los riesgos sociales por envejecimiento se desarrolló principalmente mediante prestaciones económicas para la jubilación, y por la ampliación de la oferta de servicios sociales gerontológicos. Sin duda, por la fuerte tendencia al envejecimiento de sus poblaciones, los países europeos más desarrollados, en los últimos años del siglo XX, fueron muy sensibles a la demanda de “cuidados de larga duración”, y bastante activos en la ampliación de la correspondiente acción protectora pública. Las personas mayores pasan por un proceso evolutivo, que puede ir desde el deterioro paulatino hasta llegar al grado máximo de dependencia. Este proceso, perfectamente identificado y delimitado en cada uno de sus estadios, debe ser intervenido de forma adecuada, para retrasar todo lo posible la situación de dependencia. Esta intervención debe ser, efectivamente, multidisciplinar y multiprofesional, e incidir en las fases previas, de naturaleza eminentemente preventiva, para lo que Castilla y León cuenta con un sistema sanitario y un sistema social que abordan la atención en todas sus fases, desde la prevención hasta la atención directa, a lo largo de todo el ciclo vital de la persona, para lo que, a mi juicio, disponiendo la Comunidad de elementos suficientes como para responder afirmativamente a su cuestión, sería necesario asegurar que ambos sistemas de protección, el social y el sanitario, estarán coordinados de forma efectiva a través de cauces que posibiliten una atención integral.
Pregunta: ¿Cuáles son las principales necesidades que destacaría en el colectivo senior de la Comunidad?
Respuesta:Las personas mayores son un colectivo que necesita información y formación en todos los aspectos de la vida diaria, facilitando que puedan asumir su autonomía el mayor tiempo posible, aumentando así su calidad de vida. Además, necesitan que se fomente una imagen positiva del envejecimiento como proceso vital que facilite la creación de actitudes y conductas de solidaridad, tolerancia y ayuda entre los mayores y otros grupos de edad. Es lo que en el CES de Castilla y León hemos denominado “el envejecimiento activo”, concepto al que hemos dedicado nuestro Informe a Iniciativa Propia número 01/2009. Por otra parte, las personas mayores tienen mayor riesgo de padecer situaciones de dependencia, lo que hace necesario que se desarrollen medidas de carácter preventivo que supongan el desarrollo y mantenimiento permanente de capacidades y destrezas, estilo de vida sano, habilitación y rehabilitación sensorial y física, provisión de ayudas técnicas personales, es decir, de nuevo el envejecimiento activo.
Pregunta: El Imserso y el Ministerio de Hacienda conceden un sobresaliente a Castilla y León en la implantación de la Ley de Dependencia. ¿Cuáles son los aciertos de la Región con respecto a otras comunidades que no llegan al aprobado?
Respuesta:Castilla y León posee uno de los modelos más descentralizados de gestión del sistema de atención a la dependencia, de forma que las entidades locales adquieren un gran protagonismo en la valoración de las situaciones de dependencia y en la organización y gestión de la provisión de los servicios a prestar. Esta descentralización ha permitido agilizar los trámites y, con ello, reducir el tiempo de espera en el reconocimiento de la situación de dependencia y la consiguiente atribución de los servicios y prestaciones según sus derechos y necesidades. La reducción de los pasos en el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación de dependencia permite que en el momento de formular su solicitud la persona interesada pueda aportar la documentación necesaria para elaborar el Programa Individual de Atención y, a su vez, pueda realizar la elección adecuada, entre los servicios y prestaciones a los que pudiera tener derecho. De esta forma, lo que se establecía diferenciando tres pasos en nuestra Comunidad Autónoma se recoge en una Resolución Administrativa Unificada. Sin embargo, hay algunos aspectos que pueden ser mejorados. Así, el sistema unificado al que se ha hecho anteriormente referencia está en permanente y progresivo ajuste de mejora, y además, en la actualidad, las solicitudes de valoración son tramitadas, y siguen el curso administrativo, con independencia del resultado que se vaya a obtener en el procedimiento, lo que puede afectar a la eficacia y velocidad en la resolución, asignación y distribución de los recursos.
Pregunta: ¿Cómo se deberían unificar los criterios entre comunidades para evitar las desigualdades en materia de dependencia?
Respuesta:Existe un instrumento para la articulación del sistema de Atención a la dependencia, en el que tienen representación la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, que es el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Los acuerdos de este Consejo Territorial han constituido el marco para el desarrollo de la normativa estatal y autonómica aprobada para la implantación de la Ley, además de establecer criterios comunes, por ejemplo, en cuanto a la valoración de las situaciones de la dependencia, sobre condiciones de acceso y cuantía de las prestaciones económicas, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario, y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones, entre otros asuntos. No obstante, siguen existiendo diferencias entre comunidades autónomas, ya que la gestión del sistema corresponde a cada una de ellas. Para lograr superar estas diferencias sería necesario lograr una verdadera armonización entre la Ley estatal y las nuevas leyes de servicios sociales (y atención a la dependencia) de ámbito autonómico. Además, sería interesante poder avanzar en la compatibilidad entre las comunidades autónomas en cuanto a gestión de la información, prestaciones y movilidad de las personas beneficiarias, así como en materia de coordinación con el sistema sanitario, la implantación efectiva de un sistema de buenas prácticas que se puedan difundir en todo el territorio del Estado, etcétera.
Pregunta: La Junta pretende encarecer los combustibles (4,8 céntimos el litro) para destinar ese dinero a sufragar la sanidad pública. ¿Es el “céntimo sanitario” una medida necesaria para la sostenibilidad futura del sistema?
Respuesta:Desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León siempre se ha defendido que la sostenibilidad financiera de nuestra Comunidad requería, a la vez de esfuerzo, austeridad y contención del gasto prescindible, junto con acciones que reforzaran los ingresos de la Región, por lo que, en todo caso, sería necesario que esta medida se complementara con otras medidas de impulso real de la actividad económica en la búsqueda del interés general. Con la medida indicada se regulará por primera vez en nuestra Comunidad Autónoma el tramo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, cuyo rendimiento afectará a la financiación de la prestación del servicio de asistencia sanitaria por la Comunidad. Es evidente que para poder conocer qué va a suponer el “céntimo sanitario” en la sostenibilidad del sistema sería necesario que en las leyes de presupuestos generales de la Comunidad de cada año aparezcan claramente individualizados los programas que se financien únicamente con los recursos procedentes de la recaudación. Como el CES de nuestra Comunidad ya se ha pronunciado al respecto, podemos decir que los representantes empresariales, sindicales y de los consumidores en nuestro Consejo no comparten la decisión de nuestro Ejecutivo Regional de implantar ahora esta medida.