Pregunta: Su intervención en este Congreso se centró en la defensa de un modelo de intervención centrado en la persona. ¿Qué falta en España para que esto sea una realidad?
Respuesta:Que todos tomemos conciencia de que estamos hablando de respetar los derechos de las personas que tienen una situación de discapacidad o de dependencia que ya están consagrados en nuestra legislación. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y las últimas leyes autonómicas de servicios sociales explicitan estos derechos. El derecho a la promoción de la autonomía personal, es decir, a la libertad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo y dónde vivir y sobre qué apoyos precisamos para favorecer la mayor independencia está en la cúspide del resto de los derechos (intimidad, privacidad, elección, participación). En consecuencia, tenemos obligación de desarrollar políticas que sean consecuentes con esos derechos. El modelo de atención integral centrado en la persona tiene como eje el respeto a la autonomía y al resto de derechos humanos, como elementos básicos de la dignidad inherente de todas las personas.
Pregunta: También defendió que se equilibre el papel del profesional y el del dependiente en las decisiones que afectan a éste último ¿cómo se consigue esto?
Respuesta:Se consigue poco a poco. Se trata de un proceso de cambio que requiere, en primer lugar, imbuirnos de lo que significan esos derechos, situarlos como principios inviolables de la intervención profesional que, naturalmente, debe basarse en evidencia científica. La Convención de Derechos de las personas con discapacidad a la que me he referido, ratificada por España e incorporada a su derecho positivo, contiene entre ellos el derecho a la elaboración de normas éticas y a la formación de los profesionales sobre cómo respetar los derechos y la dignidad de cada persona. Se trata de un aumento del conocimiento sobre el saber hacer profesional, que incorpora en la intervención la escucha activa, el apoyo y el acompañamiento, respetando y estimulando la toma de decisiones por parte de la persona. Este avance en la intervención social supone equilibrar la relación de subordinación que a veces se produce entre un profesional que “sabe lo que nos conviene” y “asigna” recursos o programas a una persona que necesita apoyos. La posición de ésta mejora sustancialmente cuando se siente escuchada y tenida en cuenta y se le ofrecen diferentes alternativas para elegir la que le resulte más acorde a sus preferencias y estilos de vida.
Pregunta: ¿Cree que los agentes implicados están dispuestos a reconceptualizar los recursos y las intervenciones?
Respuesta:Como es bien conocido, los procesos de cambio, ya sean personales o profesionales, suelen tropezar con dificultades, en gran medida debidos a la inseguridad que los acompaña. Pero estoy convencida de que tomarnos en serio los derechos promulgados y respetar los deseos y expectativas de las personas a las que se dirigen los recursos y las intervenciones es un camino sin vuelta atrás. También tengo la certidumbre de que todos los agentes implicados se encuentran en esa línea de cambio, sin desconocer las dificultades que implica y sabiendo que es preciso tiempo para acompañar las reformas. El Gobierno vasco, por ejemplo, anunció una iniciativa muy potente en este sentido. La consejera, Gemma Zabaleta, la ha calificado como el proyecto más ambicioso de la legislatura. Se trata de desarrollar proyectos que avancen en el modelo de atención integral centrada en la persona, incluyendo la coordinación sociosanitaria, el apoyo a las familias cuidadoras, la domótica, la tecnología de apoyo en domicilios, etcétera.