Carlos Ganzenmüller Roig / Fiscal coordinador de la Fiscalía del Mayor
‘Este año se debería profundizar en los derechos de las personas mayores, definirlos, concretarlos y garantizarlos’
Carlos Ganzenmüller desgrana, en esta entrevista, las prioridades y actuaciones que lleva a cabo la Fiscalía del Mayor. Entre ellas, analiza la labor de informar, asesorar y derivar las peticiones consultadas a las Fiscalías competentes, que son las del lugar donde resida la persona mayor, si son cuestiones penales, como el maltrato, o relacionadas con procesos civiles de modificación de capacidad
Pregunta: Desde la creación de la Fiscalía del Mayor en el año 2008, ¿cuáles han sido los principales logros obtenidos por esta entidad?
Respuesta:Los principales logros obtenidos han sido, de una parte, la visibilidad de nuestra labor, pues son muy numerosas las consultas que atendemos, y, de otra, la consolidación de las relaciones con las asociaciones de personas mayores.
Pregunta: ¿Cuáles son sus prioridades al frente de la Fiscalía del Mayor?
Respuesta:Nuestras prioridades son las de informar y asesorar las consultas que recibimos, derivando el asunto, a las Fiscalías competentes, que son las del lugar donde resida la persona mayor, si son cuestiones penales, como el maltrato, o relacionadas con procesos civiles de modificación de capacidad (antes incapacidades), que es nuestro ámbito de actuación; o bien, indicarles qué autoridades administrativas, autonómicas o locales son las competentes, cuando se trata de asuntos de su competencia. No podemos intervenir, por tanto, en cuestiones administrativas relacionadas con el reconocimiento o pago de pensiones, concesiones administrativas, etcétera. También estamos en contacto y a disposición de las asociaciones y fundaciones que amparan los derechos de las personas mayores para colaborar y participar en las cuestiones que requieran.
Pregunta: En España, debido al envejecimiento poblacional y al avance de enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, muchas personas se ven obligadas a incapacitar a algún familiar. ¿Cuál es el proceso que deben seguir?
Respuesta:En nuestra práctica diaria, son las personas mayores con discapacidad a las que en mayor medida afectan los procesos de determinación de la capacidad, como hemos puesto de relieve en el manual de buenas prácticas del Ministerio Fiscal, al que se refiere su capítulo cuarto. El familiar puede acudir particularmente a un abogado o al Fiscal de la Audiencia Provincial o Partido Judicial donde resida el mayor con discapacidad, donde le informarán de los trámites a seguir. Es conveniente que se tengan en cuenta dos cosas: que el mayor con capacidad suficiente puede instar su autotulela judicialmente, y acudiendo al notario a determinar en escritura pública quién debe ser tutor o curador, para el caso de una futura incapacitación; o también puede otorgar poderes notariales para señalar quién quiere que se ocupe de sus asuntos si fuera incapacitado. La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, incide en estas cuestiones, donde debe potenciarse al máximo la capacidad natural de las personas con discapacidad, y procurar un apoyo para complementarla, cuando falte o mengüe, de forma que los valores, preferencias y forma de vida, de la persona mayor con discapacidad pueda conocerse y respetarse cuando pierda su capacidad de decidir. Son cuestiones de las que tenemos que informarnos y tener presente.
Pregunta: El maltrato físico, psicológico o institucional a las personas mayores y/o dependientes es uno de los temas más denunciados. ¿Qué medidas concretas se ponen en marcha para atajarlo?
Respuesta:Las personas mayores con discapacidad están igualmente incluidas en la especial protección que se reconoce a la mayor vulnerabilidad en que se pudieran encontrar, siendo la mujer mayor de 65 años con discapacidad mental el ejemplo mas patente, al no tener por regla general la posibilidad de conocer, o denunciar situaciones ilegales en relación a su cuidado, o los malos tratos que tanto por acción como por omisión le pudieran ocasionar, incluso por sus cuidadores, no sólo en centros residenciales, sino, en su propio domicilio, por familiares próximos o por personas contratadas al efecto. Por otro lado, la frecuencia con la que se dan los distintos tipos de maltrato a las personas mayores puede ser superior a los casos que hasta ahora se conocían y parece que ello no sólo es debido a un progresivo envejecimiento de la población, sino que existirían otras causas a nivel social, cultural y económico, influyendo en gran medida, el ámbito familiar, el de la prestación de cuidados o la situación de ingresos en centros. El abuso económico, centrado en haberle negado el control directo sobre su patrimonio, puede ir acompañado de abuso físico o psicológico, creando a su alrededor un ambiente de sumisión a las pretensiones del maltratador. El mayor discapacitado con deficiencia mental, intelectual o sensorial, se encuentra, en muchas ocasiones, indefenso ante la realidad que le rodea, sin poder sustraerse del maltratador ni denunciar la situación de abuso que padece. Una propuesta asumida por la Fiscalía y auspiciada desde las asociaciones de personas mayores, que propugna la eliminación del Código Penal del Art. 268, parece del todo razonable: la excusa absolutoria entre parientes, que en lugar de eximir el delito entre familiares y llevarlo al ámbito Civil, debiera considerarse, una agravante, ante la situación de desprotección creada.
Pregunta: ¿Se tiene previsto elaborar una Ley integral de protección de los derechos de las personas mayores?
Respuesta:En las Naciones Unidas se está trabajando, desde hace unos años, en la futura “Convención de los Derechos de las personas mayores”, y en la Unión Europea, sobre todo a través del Consejo Económico y Social, que pone de relieve su extraordinaria importancia en todos los aspectos, al alcanzar ya 87 millones de personas y se espera que para 2060 se duplique el número de personas mayores de 65 años con relación a la población en edad activa. La última encuesta del Eurobarómetro indica que la gran mayoría de europeos quiere y puede seguir activo después de los 65 años, pero rechazan que se retrase la edad oficial de jubilación. El trabajo a tiempo parcial o el voluntariado son las soluciones que se apuntan, siendo destacable que dos terceras partes de los españoles creen que los mayores de 55 años contribuyen a la sociedad de diferentes formas. Cuidando a sus nietos, como apoyo económico a sus familias, como consumidores o como cuidadores de familiares enfermos o discapacitados. Aunque, en general, pensemos que el entorno de las personas mayores es respetuoso con la edad, son evidentes mejoras en este orden: A propósito de las personas que cuidan de familiares mayores, la mitad de los españoles cree que deberían recibir algún tipo de remuneración económica. Otros piden flexibilidad en el horario laboral o poder dejar temporalmente su trabajo. Más instalaciones para que la gente mayor esté sana y en forma, mejores transportes públicos, seguridad en carretera, parques y zonas comerciales. Por eso tiene especial importancia este Año Europeo del Envejecimiento Activo, como herramienta de debate y actuación sobre la participación de los mayores en la sociedad. Creo que debería aprovecharse este evento para profundizar en los derechos de las personas mayores, así como definirlos, concretarlos y garantizarlos. Sólo por lo que han trabajado y luchado por este país, en los años difíciles, se lo merecen.
Respuesta:Los principales logros obtenidos han sido, de una parte, la visibilidad de nuestra labor, pues son muy numerosas las consultas que atendemos, y, de otra, la consolidación de las relaciones con las asociaciones de personas mayores.
Pregunta: ¿Cuáles son sus prioridades al frente de la Fiscalía del Mayor?
Respuesta:Nuestras prioridades son las de informar y asesorar las consultas que recibimos, derivando el asunto, a las Fiscalías competentes, que son las del lugar donde resida la persona mayor, si son cuestiones penales, como el maltrato, o relacionadas con procesos civiles de modificación de capacidad (antes incapacidades), que es nuestro ámbito de actuación; o bien, indicarles qué autoridades administrativas, autonómicas o locales son las competentes, cuando se trata de asuntos de su competencia. No podemos intervenir, por tanto, en cuestiones administrativas relacionadas con el reconocimiento o pago de pensiones, concesiones administrativas, etcétera. También estamos en contacto y a disposición de las asociaciones y fundaciones que amparan los derechos de las personas mayores para colaborar y participar en las cuestiones que requieran.
Pregunta: En España, debido al envejecimiento poblacional y al avance de enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, muchas personas se ven obligadas a incapacitar a algún familiar. ¿Cuál es el proceso que deben seguir?
Respuesta:En nuestra práctica diaria, son las personas mayores con discapacidad a las que en mayor medida afectan los procesos de determinación de la capacidad, como hemos puesto de relieve en el manual de buenas prácticas del Ministerio Fiscal, al que se refiere su capítulo cuarto. El familiar puede acudir particularmente a un abogado o al Fiscal de la Audiencia Provincial o Partido Judicial donde resida el mayor con discapacidad, donde le informarán de los trámites a seguir. Es conveniente que se tengan en cuenta dos cosas: que el mayor con capacidad suficiente puede instar su autotulela judicialmente, y acudiendo al notario a determinar en escritura pública quién debe ser tutor o curador, para el caso de una futura incapacitación; o también puede otorgar poderes notariales para señalar quién quiere que se ocupe de sus asuntos si fuera incapacitado. La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, incide en estas cuestiones, donde debe potenciarse al máximo la capacidad natural de las personas con discapacidad, y procurar un apoyo para complementarla, cuando falte o mengüe, de forma que los valores, preferencias y forma de vida, de la persona mayor con discapacidad pueda conocerse y respetarse cuando pierda su capacidad de decidir. Son cuestiones de las que tenemos que informarnos y tener presente.
Pregunta: El maltrato físico, psicológico o institucional a las personas mayores y/o dependientes es uno de los temas más denunciados. ¿Qué medidas concretas se ponen en marcha para atajarlo?
Respuesta:Las personas mayores con discapacidad están igualmente incluidas en la especial protección que se reconoce a la mayor vulnerabilidad en que se pudieran encontrar, siendo la mujer mayor de 65 años con discapacidad mental el ejemplo mas patente, al no tener por regla general la posibilidad de conocer, o denunciar situaciones ilegales en relación a su cuidado, o los malos tratos que tanto por acción como por omisión le pudieran ocasionar, incluso por sus cuidadores, no sólo en centros residenciales, sino, en su propio domicilio, por familiares próximos o por personas contratadas al efecto. Por otro lado, la frecuencia con la que se dan los distintos tipos de maltrato a las personas mayores puede ser superior a los casos que hasta ahora se conocían y parece que ello no sólo es debido a un progresivo envejecimiento de la población, sino que existirían otras causas a nivel social, cultural y económico, influyendo en gran medida, el ámbito familiar, el de la prestación de cuidados o la situación de ingresos en centros. El abuso económico, centrado en haberle negado el control directo sobre su patrimonio, puede ir acompañado de abuso físico o psicológico, creando a su alrededor un ambiente de sumisión a las pretensiones del maltratador. El mayor discapacitado con deficiencia mental, intelectual o sensorial, se encuentra, en muchas ocasiones, indefenso ante la realidad que le rodea, sin poder sustraerse del maltratador ni denunciar la situación de abuso que padece. Una propuesta asumida por la Fiscalía y auspiciada desde las asociaciones de personas mayores, que propugna la eliminación del Código Penal del Art. 268, parece del todo razonable: la excusa absolutoria entre parientes, que en lugar de eximir el delito entre familiares y llevarlo al ámbito Civil, debiera considerarse, una agravante, ante la situación de desprotección creada.
Pregunta: ¿Se tiene previsto elaborar una Ley integral de protección de los derechos de las personas mayores?
Respuesta:En las Naciones Unidas se está trabajando, desde hace unos años, en la futura “Convención de los Derechos de las personas mayores”, y en la Unión Europea, sobre todo a través del Consejo Económico y Social, que pone de relieve su extraordinaria importancia en todos los aspectos, al alcanzar ya 87 millones de personas y se espera que para 2060 se duplique el número de personas mayores de 65 años con relación a la población en edad activa. La última encuesta del Eurobarómetro indica que la gran mayoría de europeos quiere y puede seguir activo después de los 65 años, pero rechazan que se retrase la edad oficial de jubilación. El trabajo a tiempo parcial o el voluntariado son las soluciones que se apuntan, siendo destacable que dos terceras partes de los españoles creen que los mayores de 55 años contribuyen a la sociedad de diferentes formas. Cuidando a sus nietos, como apoyo económico a sus familias, como consumidores o como cuidadores de familiares enfermos o discapacitados. Aunque, en general, pensemos que el entorno de las personas mayores es respetuoso con la edad, son evidentes mejoras en este orden: A propósito de las personas que cuidan de familiares mayores, la mitad de los españoles cree que deberían recibir algún tipo de remuneración económica. Otros piden flexibilidad en el horario laboral o poder dejar temporalmente su trabajo. Más instalaciones para que la gente mayor esté sana y en forma, mejores transportes públicos, seguridad en carretera, parques y zonas comerciales. Por eso tiene especial importancia este Año Europeo del Envejecimiento Activo, como herramienta de debate y actuación sobre la participación de los mayores en la sociedad. Creo que debería aprovecharse este evento para profundizar en los derechos de las personas mayores, así como definirlos, concretarlos y garantizarlos. Sólo por lo que han trabajado y luchado por este país, en los años difíciles, se lo merecen.
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