El mes de diciembre fue decisivo para la reforma de las pensiones. Tuvo lugar el debate final en el seno del Pacto de Toledo, un órgano compuesto por todos los partidos encargados de vigilar la viabilidad del sistema de pensiones y en el que, tras intensas jornadas de debate, no hubo consenso para elevar a los 67 años la edad legal de jubilación. De hecho, la comisión incorporó en sus recomendaciones una mención expresa para remarcar que no existe conformidad en esta materia al incluir en el texto una nota aclaratoria que señala: "En materia de edad legal de jubilación no hay acuerdo".
Sin embargo, los partidos sí acordaron ampliar el periodo de cotización necesario para calcular las pensiones, endurecer las prejubilaciones y hacer compatible la prestación con un salario, de manera que las personas retiradas puedan trabajar. Este último es el punto más novedoso.
Concretamente, el texto ratificado propone "una mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva, que permita e incremente la coexistencia de salario y pensión". En estos momentos, salvo en los casos de jubilación parcial, esta posibilidad es inexistente y deriva en que muchos rechacen un puesto de trabajo por miedo a perder la pensión y, la mayoría de ellos, opta por trabajar sin declararlo. Con esta "mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario", el texto incorpora una propuesta del Partido Popular que, previsiblemente, provocará el rechazo sindical.
Otra de las novedades que introduce el documento es la necesidad de regular las prejubilaciones. "La jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula de regulación de empleo, una situación que debe modificarse", recoge el texto. Por ello, el Pacto de Toledo recomienda que esa figura se limite a trabajadores con largas carreras de cotización y a colectivos con tareas penosas.
Por último, los representantes del Pacto de Toledo proponen que "el aumento del periodo cotizado que se toma para calcular la pensión (ahora los 15 últimos años) debe hacerse con la necesaria gradualidad, sin perjuicio de todo pensionista a optar por acogerse a dicho cambio de manera plena e inmediata, si lo considera conveniente".
El Gobierno no encontró los apoyos esperados a la hora de ejecutar una reforma que viene requerida por la necesidad de devolver al modelo su sostenibilidad a largo plazo y consolidar el Estado del Bienestar, para ofrecer seguridad jurídica a las próximas generaciones de trabajadores, y mostrar a la comunidad internacional y a los mercados la solidez de un régimen socioeconómico bien construido.
El Gobierno aprobará la reforma del sistema de pensiones el próximo 28 de enero y la enviará de inmediato al Parlamento para su tramitación, según anunciaron los vicepresidentes primero y segundo del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado. Esta última aseveró que la reforma más importante que queda por hacer es la de las pensiones e indicó que su aprobación tiene que dar confianza y servir para reforzar el sistema de la Seguridad Social. Las declaraciones de ambos representantes del Gobierno fueron cuestionadas ya que este mensaje se hizo público sin que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo hubiera hecho públicas las recomendaciones a la reforma. Poner fecha a la aprobación de la reforma de pensiones "no significa que el Gobierno renuncie al acuerdo", según aclaró Alfredo Pérez Rubalcaba quien, al mismo tiempo, explicó que, "a juicio del Gobierno, el tiempo ha terminado, llevamos meses discutiendo y creemos que es bueno fijar una fecha".
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Adelanto de la fecha para realizar la reforma
El cambio de la fecha prevista para presentar la modificación de las pensiones contradice el calendario de reformas legislativas que el propio Consejo de Ministros se había marcado y en el que se recogía que el proyecto de ley sobre las pensiones se llevaría al Parlamento en marzo.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que había puesto como fecha los primeros meses del 2011, reaccionaba alegando que "el Gobierno no actúa en el ámbito de las pensiones al dictado de nadie". Gómez hacía estas declaraciones sin saber que José Luis Rodríguez Zapatero trasladaría a los grandes empresarios la necesidad de acelerar las reformas y marcar un calendario concreto a la Comisión del Pacto de Toledo. Con todo, Rubalcaba aseguró que adelantar la fecha "no significa que renunciemos a acuerdos, sino que vamos a trabajar más intensamente para lograrlos", aunque después ha admitido que "el tiempo ya ha terminado; es bueno fijar una fecha para que todos sepan a qué atenerse".

Receta para recortar gastos
Por su parte, el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, advirtió, ya en el mes de octubre, que había que "mantener intacta la credibilidad ganada y reforzarla con el avance de las medidas anunciadas".
En su discurso, Fernández Ordoñez insistió en la receta para recortar gastos y salir del túnel: "la reforma de las pensiones es capital y urgente; es una de las claves para tranquilizar a los mercados financieros", señaló.

Una reforma ambiciosa
En este contexto, se mostró partidario de que se lleve a cabo de manera inmediata y que su contenido sea suficientemente ambicioso. En respuesta a las declaraciones de los políticos, explicó que "no haber recortado las pensiones cuando se ha recortado todo, es una concesión bastante importante a los jubilados". En este contexto, también pidió que se eleve la edad de jubilación el mínimo de años necesario para tener prestación y el periodo de cálculo de la pensión. Por su parte, el sindicato UGT acusó a Ordóñez de generar incertidumbre sobre la solvencia de España.

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