PREGUNTA.- Usted es la coautora del primer Informe mundial sobre el edadismo de la OMS presentado en 2021 y que, sin duda, marcó un antes y un después en el nivel de concienciación sobre este tipo de discriminación, el edadismo empezó a ser una palabra habitual… Como experta en esta materia, ¿cuál es la trascendencia real, fáctica, de esta aprobación para el colectivo de personas mayores?

RESPUESTA.- La aprobación de una convención específica sobre los derechos de las personas mayores tendría una trascendencia real y concreta al establecer, por primera vez, un marco jurídico internacional que reconozca explícitamente los derechos de las personas mayores, visibilice sus necesidades particulares y obligue a los Estados que la ratifiquen a adaptar sus leyes, políticas y prácticas para garantizar su protección.

Se trata de una respuesta necesaria frente a vacíos normativos existentes. Temas como el edadismo, el maltrato, o los cuidados a largo plazo siguen invisibilizados y sin regulación adecuada. Una convención permitirá enfrentar estas carencias, impulsar políticas inclusivas, fortalecer la rendición de cuentas de los Estados, y ofrecer herramientas a la sociedad civil para exigir el cumplimiento efectivo de los derechos. En países como España, donde casi diez millones de personas tienen más de 65 años y donde se prevé que en 2050 la mitad de la población tenga 50 años o más, este instrumento puede ayudar a garantizar que los derechos humanos no disminuyan con la edad.

Pero aún no estamos en ese momento. Lo que hemos conseguido este 3 de abril es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apruebe una resolución que pone en marcha la redacción de esta convención.

P.- ¿Qué escollos vaticina que puedan ser los que cueste más llegar a consenso?

R.- No resulta sencillo anticipar cuáles serán los aspectos que generen mayor controversia, pero sí que puedo avanzar cierto optimismo porque la resolución que se aprobó el 3 de abril y que fue el motor necesario para que ahora se redacte la convención, contó con un respaldo muy sólido de 68 países copatrocinadores, incluidos 33 miembros del Consejo de Derechos Humanos. Así que, al menos de inicio, hay interés por parte de muchos países para que esto salga adelante. Eso sí, hay ciertos temas que probablemente generen debate a la hora de alcanzar un consenso, como la autonomía, el final de la vida o el maltrato. También pueden surgir desacuerdos en torno al nivel de obligaciones de los Estados frente al cuidado o a los estándares exigibles respecto al acceso a servicios de salud de seguridad social.

P.- ¿Por qué ha costado tanto empezar a darle forma a esta convención? ¿Cómo influye en esta decisión el envejecimiento poblacional que ya tenemos y hacia el que caminamos?

R.- Ha costado tanto darle forma a esta convención porque durante años predominó la idea de que los instrumentos existentes de derechos humanos eran suficientes para proteger los derechos en la vejez, lo que invisibilizó las necesidades específicas de la población mayor. A esto se sumó la falta de consenso político, el temor de algunos Estados a asumir nuevas obligaciones y la escasa priorización del envejecimiento en la agenda internacional. Sin embargo, el acelerado envejecimiento poblacional global y las graves vulneraciones observadas durante la pandemia de la Covid-19, han hecho evidente que los desafíos estructurales, como el edadismo, el acceso desigual a cuidados y servicios, y la falta de marcos legales específicos, requieren una respuesta más robusta y adaptada. Al mismo tiempo, diversos esfuerzos han actuado como catalizadores para que, finalmente, se haya empezado a avanzar en la redacción de esta convención. Entre ellos, destacan el trabajo del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, la labor de infatigable de organizaciones de la sociedad civil y el lanzamiento del Informe Mundial sobre el Edadismo en 2021.