El mayor temor expresado por algunas organizaciones y sindicatos es que este cambio de rumbo, que constitucionaliza el equilibrio presupuestario, derive en un recorte del gasto destinado a los servicios y empleos públicos de los gobiernos autonómicos y diputaciones.
Para la secretaria de Política Social de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras  (CC OO), Rosana Costa, la presente reforma “conducirá a una regresión en materia social”. Desde el punto de vista de esta organización, todo indica que “los recortes del gasto social, que ya se vienen produciendo en  Sanidad, Educación y Servicios Sociales, se intensificarán sobremanera y al amparo del nuevo principio constitucional”, lo que hará más sencilla la tarea de rebajar las políticas sociales.

Una situación forzada
Ni siquiera la forma de proceder del Gobierno se salva de la crítica de CC OO, ya que, según Costa, se forzó la situación “negando la información, la reflexión y el debate a nivel político y social”. Un enfado que se reflejó en las diversas manifestaciones convocadas por el sindicato y la Unión General de Trabajadores (UGT) en 22 ciudades españolas como protesta por el fondo y forma de la reforma constitucional.
Un dato que aportan desde CC OO, y que pretende desmontar el argumento presentado por los dos partidos mayoritarios españoles es que “entre 1994 y 2006, la media del gasto social europeo se mantuvo entorno al 28% del PIB, mientras en España decreció cuatro puntos hasta involucionar al 20%”, lo que, según el sindicato, demuestra que “difícilmente puede justificarse que la causa de los problemas económicos y del déficit español se encuentre en el elevado volumen del gasto social público”.