‘Este decreto supone dar por finiquitada la Ley de Dependencia’

Respuesta.- Es un enorme paso atrás que el Gobierno de Rajoy acomete en su estrategia de recortes. Prácticamente supone dar por finiquitada la Ley de Dependencia tal como fue concebida hace pocos años.
P.- ¿Cuáles serán, a su juicio, las consecuencias más inmediatas de este decreto?
R.- Sobre todo que miles de personas y familias con necesidades de atención a su situación de dependencia no verán atendida esta necesidad. Y también un enorme desprecio a miles de cuidadoras que ven minorados sus derechos. Todo esto es la consecuencia de una política sin alma que desarrolla el PP.
P.- La reforma rebaja la prestación que reciben los familiares cuidadores de personas dependientes en un intento por derivar a los cuidados profesionales a estas personas pero, al mismo tiempo, aumenta el copago de los servicios profesionales, para cuyo cálculo pasa a tenerse en cuenta además de la renta el patrimonio. ¿Mermarán ambas situaciones la atención que reciben colectivos con escasos recursos, como los pensionistas?
R.- Sin duda alguna. El Partido Popular desarrolla una política en esta materia que en el fondo perjudica la calidad de la atención a las personas con necesidades de atención por dependencia y en especial a los mayores.
P.- ¿El actual Gobierno basa esta reforma en que el sistema de atención a la dependencia, tal y como estaba planteado, es insostenible. Lo que sí es un hecho es que las previsiones iniciales de la ley, en cuanto a número de solicitantes y en inversión pública, se quedaron cortas. ¿Cuál es la alternativa que propone el PSOE, hoy por hoy, para garantizar la atención de todos los dependientes (incluso los moderados) y mantener el normal desarrollo del SAAD?
R.- Mire, la sostenibilidad del sistema es posible si el Gobierno decide priorizar esta prestación. Nosotros creemos que es un derecho prioritario que puede ser financiado adecuadamente. Tal y como hicimos en nuestra etapa de Gobierno, incluso cuando se adoptaron medidas de control del gasto público que no afectaron esta política social. En cualquier caso, si son necesarios recursos adicionales, somos partidarios de nuevos impuestos: a las grandes fortunas o a las transacciones bancarias. Y una política eficaz de control del fraude fiscal. Lo que no cabe duda, es que para el PSOE la atención a la dependencia es una política prioritaria que el Estado debe garantizar. Y cuando volvamos al Gobierno, repondremos los derechos ciudadanos que el Partido Popular está esquilmando.