Cara a cara: la visión de los sindicatos

Rosana Costa, secretaria de Política Social de CC OO, explica que, entre otras consecuencias, esto implica “la renuncia del Gobierno a utilizar los convenios como instrumento que permite orientar y comprometer el gasto en las comunidades, para garantizar la suficiencia de prestaciones y el ejercicio efectivo del derecho subjetivo de atención a las personas en situación de dependencia”.
Por su parte, Almudena Fontecha, secretaria para la Igualdad de UGT, lo expone de esta manera: “No compartimos esta supresión puesto que lo que supone, en realidad, es que no existe ningún tipo de disponibilidad económica para este nivel. Eliminan la figura de los convenios por los que se acordaban los objetivos, medios y recursos económicos que iban a consignar las administraciones, incrementando el nivel mínimo de protección claramente insuficiente para atender a las personas dependientes”, y añade que “supone una renuncia explícita del Gobierno a comprometer el gasto autonómico y a exigir que pongan su parte respecto a este nivel”.
Preguntadas por si podrán las regiones asumir el mantenimiento del sistema, las representantes de las principales fuerzas sindicales concluyen lo siguiente. “El impacto de esta medida, en el fondo, es mucho mayor de lo que podría cuantificarse en 283 millones. Lo más grave es que se está perjudicando a las comunidades que más personas dependientes estaban atendiendo, ya que éste era el principal criterio que se utilizaba para repartir este nivel de financiación. Hay quien ha querido leer esta decisión desde una perspectiva sólo electoral, pero a mi juicio se equivocan”, destaca Rosana Costa. “Tenemos que tener en cuenta que la comunidad más afectada será Andalucía, gobernada por el PSOE, que dejará de percibir 70 millones de euros, pero también Cataluña, gobernada por CIU, perderá 48 millones, y Castilla y León, gobernada por el PP, perderá cerca de 23 millones. Al final sólo pierden las personas”, concluye la representante de CC OO.
Fontecha apunta a que, más allá de un tema de recursos económicos, “esta medida lleva implícita una cuestión de voluntad política para atender a los ciudadanos y, por tanto, el esfuerzo que venían realizando aquellas comunidades con mayor grado de implantación de la ley continuarán por este camino, pero también aquellas que no lo han hecho hasta ahora. El mantenimiento del sistema se va a ver seriamente comprometido: se incrementarán los tiempos de resolución de expedientes, listas de espera, intensidades en las prestaciones y calidad de las mismas”.
Tanto UGT como CC OO insisten en lo preocupante de este recorte, que se suma a la moratoria de un año en el calendario de la aplicación de la Ley de Dependencia que anunció el Gobierno a sólo un día de concluir 2011.
Almudena Fontecha destaca que “el sistema queda en suspenso, lo que se traduce en que aquellos beneficiarios a los que legalmente les correspondían unos derechos, no los van a recibir”. Por tanto, prosigue, “puede ser sostenible optando, como se ha hecho mediante la paralización de la ley, la disminución de los beneficiarios, la rentabilización de los tiempos, pero lo que no será es efectivo ni atenderá íntegramente a las personas dependientes”.
Por su parte, desde CC OO, opinan que “el Gobierno acumula decisiones que están lesionando los derechos sociales de las personas en situación de dependencia. Que el sistema de dependencia esté o no en peligro es una cuestión que sólo depende de la decisión del Gobierno. Si quiere garantizar la viabilidad del Sistema de Dependencia sólo tiene que mantener el modelo de negociación y acuerdo social y político con el que fue diseñado. Pero parece estar optando por imponer medidas desde una visión unilateral y cortoplacista”, concluye Rosana Costa.