La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, consideró  “positivo” el cambio acordado en los criterios de reparto del nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia. Por primera vez, se van a ponderar los servicios concedidos como criterio de referencia en la distribución de fondos.
Así se acordó hoy en Madrid en el seno del pleno del Consejo territorial de servicios sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD), en el que participó esta tarde la titular del departamento autonómico.
La ponderación de los servicios comenzará en 2013 y representará un 10 por ciento del total aportado por persona atendida, porcentaje que según lo comprometido por el Ministerio irá creciendo gradualmente durante los próximos cuatro años hasta alcanzar el 40 por ciento, esto es, aumentará un 10 por ciento cada año.
“Para Galicia este avance es fundamental, ya que somos una de las comunidades autónomas con una apuesta más decidida por los servicios como garantía de una atención de calidad”, destacó Mato. De hecho, Galicia es la tercera autonomía con un mayor porcentaje de servicios (66%) frente a las libranzas económicas del cuidador (33%).
Con este cambio, Galicia recibirá del Estado un 3 por ciento más del que le correspondería de mantenerse los criterios anteriores, lo que se traduce en 2,4 millones de euros. En total, la Xunta prevé recibir del Gobierno central cerca de 80 millones de euros para la financiación de la Ley de Dependencia en 2013, cifra que seria menor de no estar apostando por los servicios.
Galicia ha demandado desde hace tiempo esta “ponderación positiva” para aquellas comunidades autónomas que han apostado por los servicios, tal y como indica el propio texto de la Ley de Dependencia. “Nos gustaría que el porcentaje fuera más alto desde este momento y no gradual, pero este es un primer paso”, reconoció Mato.
Por otra parte, la titular del departamento autonómico destacó que en los acuerdos conseguidos se incide en la excepcionalidad de la prestación por libranza del cuidador, tal y como venía haciendo Galicia.
Además, también se fijaron las cuantías que reciben tanto las comunidades autónomas por cada usuario atendido, como cada beneficiario. A partir de ahora, para calcular la cuantía que recibirá cada usuario se tiene en cuenta sólo el grado –y no los niveles que existían antes por cada uno de los tres grados-. Este cambio permitirá incrementar la cuantía que perciben los beneficiarios que estaban en los niveles inferiores, y que tenían unas prestaciones económicas menores.
Mato hizo hincapié también en la elaboración de un catálogo de referencia de servicios sociales, lo que “posibilitará disponer de un marco de referencia común para todo el Estado”, un aspecto que la consejera consideró “muy positivo”.
Ya por último en materia de dependencia, en el pleno del Consejo territorial también se estableció un nuevo sistema de información, que tiene como objetivo mejorar la gestión y explotación de los datos, así como promover una mejora en la coordinación y cooperación entre el sistema de gestión del Estado y las comunidades autónomas.
En otro aspecto del área social, Mato destacó la importancia de la propuesta de un nuevo Plan nacional para la inclusión social, que tendrá como uno de los principales objetivos la inserción activa, un aspecto que “coincide plenamente” con la filosofía del nuevo proyecto de Ley de inclusión de Galicia que articulará una nueva Risga que sea una “verdadera herramienta” de cara a la inclusión social y laboral, y no un “mero subsidio”.