Bizkaia modifica el precio público de las residencias
El objetivo es garantizar que los usuarios de estos centros dispongan de 200 euros más al año para hace frente a gastos de mejora de su calidad de vida y que no estén cubiertos por la atención residencial
La Diputación Foral de Bizkaia aprobó la modificación del Decreto Foral 30/2009 por el que se regula el precio público por la prestación del servicio foral de residencias para personas mayores.
La situación económica actual, el incremento de los impuestos sobre el consumo, así como la aplicación en Bizkaia del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, hacen necesario aumentar la cantidad destinada a la libre disposición de las personas usuarias de los centros residenciales públicos, según manifiestan desde la Diputación. Así, la institución ha acordado realizar cambios en el sistema del precio público de residencias de manera que sus usuarios puedan disponer de mayor liquidez para hacer frente a los gastos destinados a mejorar su calidad de vida y no cubiertos por la atención residencial.
Tras analizar la capacidad económica de cada persona, se realizarán los cómputos del sistema del copago social garantizando que cuenten con una cantidad mínima de libre disposición de 1.200 euros anuales. Este cambio supone un aumento de 200 euros más en la cuantía de la que cuentan para gastos propios.
La situación económica actual, el incremento de los impuestos sobre el consumo, así como la aplicación en Bizkaia del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, hacen necesario aumentar la cantidad destinada a la libre disposición de las personas usuarias de los centros residenciales públicos, según manifiestan desde la Diputación. Así, la institución ha acordado realizar cambios en el sistema del precio público de residencias de manera que sus usuarios puedan disponer de mayor liquidez para hacer frente a los gastos destinados a mejorar su calidad de vida y no cubiertos por la atención residencial.
Tras analizar la capacidad económica de cada persona, se realizarán los cómputos del sistema del copago social garantizando que cuenten con una cantidad mínima de libre disposición de 1.200 euros anuales. Este cambio supone un aumento de 200 euros más en la cuantía de la que cuentan para gastos propios.