Debido a los reiterados déficits que acumula la Seguridad Social y a su más que posible reiteración en este y el año próximo, el futuro del Fondo de Reserva de las Pensiones no está asegurado. La situación es preocupante.
No es ningún secreto que llevamos cinco años consecutivos con déficit y las previsiones, nada halagüeñas, apuntan a que en 2016 continúe la tendencia. Sin la “hucha” de las pensiones, el país se endeudaría aún más, lo que implicaría que esta deuda supere al PIB (en la actualidad ya están al mismo nivel) y obligará a buscar fuentes alternativas de financiación, que probablemente se traducirán al final en una significativa subida de impuestos. Los ciudadanos sentirán entonces el efecto en su día a día y se darán cuenta de que el problema ha dejado de ser un titular en prensa para afectar directamente a su situación económica, a su bolsillo.  
Esta situación puede estar más próxima de lo que queremos imaginar. En la última revisión del informe sobre la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS) que elabora Willis Towers Watson desde el año 2013 y que revisa semestralmente se refleja que, en el escenario neutral, que supone una tasa de paro en el medio plazo en los entornos del 15%, el fondo de las pensiones podría desaparecer en 2021 y, en el peor escenario, que asume el mantenimiento de la actual tasa de paro del 21% en el medio plazo, es decir, la considera estructural, la desaparición se produciría en el 2019, en tres años.  
La única forma de garantizar su sostenibilidad es que el futuro Gobierno lo asuma como su principal reto y, en paralelo, incremente la transparencia tanto en el análisis real de la situación como en la propuesta de medidas para paliarla. Ahora más que nunca es necesario un acuerdo responsable entre las principales fuerzas políticas con respecto a este tema. Los principales partidos deberían trabajar unidos con este objetivo, asegurándose en primer lugar de que el FRSS solo se utilice para pagar prestaciones contributivas y buscando nuevas formas de financiación para las pensiones no contributivas –incluidas las de supervivencia–.
De forma paralela, desde las instituciones se debe trabajar también para concienciar, incentivar y guiar a las empresas y a sus empleados para apostar por herramientas de ahorro. No se trata de sustituir lo público, sino de complementarlo con el ahorro privado. En este contexto, es fundamental la comunicación, que el ciudadano conozca con exactitud cuál es la pensión que va percibir llegada la hora de su jubilación para poder planificarse y optar por el tipo de ahorro privado que más encaje a sus necesidades. Tal como lo hacen diferentes países de nuestro entorno y recomienda la OCDE es imprescindible estructurar la pensión en base a los tres pilares: estado, empresa e individuo.