Tras la reunión mantenida el pasado 17 de abril con representantes del Diálogo Social, del Tercer Sector, las corporaciones locales y los empresarios para abrir una línea de trabajo que permitiese “tejer” e interrelacionar los diversos programas de Administración autonómica para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, se hace realidad la puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, en un acto en el que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado un proyecto necesario para apoyar a las personas que más lo necesitan.

Así, las familias de Castilla y León en situación de vulnerabilidad afectadas por la crisis contarán desde hoy con una Red de Protección, que les dará una respuesta “integral” y “personalizada” a sus nuevas y crecientes necesidades, y lo va a hacer desde un triple ámbito: la prevención, la atención y la orientación hacia la inserción social y laboral.

Cada persona o familia necesitada dispondrá de su propio Plan de Intervención Personalizado, que, tras abordar su problemática de forma individual, le abrirá la puerta a todos aquellos recursos de la Red de Protección que le puedan servir, de forma simultánea o sucesiva, para aliviar su situación de precariedad y para lograr su inserción social y laboral.

La presentación de la Red ha tenido lugar en el marco de una jornada donde han participado todos los agentes implicados y en la que se han puesto en común los resultados de los diferentes grupos de trabajo que se constituyeron. La Red inicia su andadura con 19 programas, -de los que 15 eran servicios de intervención y atención ya consolidados y cuatro de reciente implantación-, a los que acaban de incorporarse otros cuatro más: prestación económica urgente para pagos de deuda hipotecaria, prestación económica urgente para pagos de alquiler, Plan de Empleo Extraordinario para perceptores de renta garantizada de ciudadanía, y empresa socialmente comprometida. En total, se alcanza la cifra de 23 programas y servicios aglutinados en la nueva Red, cuya previsión es atender a más de 100.000 posibles beneficiarios.

Durante su intervención, el presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado el trabajo de los grupos constituidos para el desarrollo de la Red, que ha dado lugar a un decálogo de actuaciones prioritarias. La primera es facilitar a todos los ciudadanos la información y el acceso a los recursos, lo que se hará a través del teléfono de información 012 y de los propios Ceas de las Corporaciones Locales. La segunda, dar respuesta rápida y coordinada a las necesidades sociales de los ciudadanos de Castilla y León, para la que se ha buscado la participación e implicación de todos los agentes públicos y privados que desarrollan procesos de inclusión social. La tercera, garantizar a todos los ciudadanos que los necesiten, la provisión de productos básicos de primera necesidad. La cuarta, garantizar especialmente a los menores de edad la atención de sus necesidades de una forma normalizada y no estigmatizante. La quinta, garantizar unos ingresos mínimos a las personas o familias afectadas por la crisis, lo que se conseguirá con la flexibilización y agilización de la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, además de con el incremento en su dotación económica recientemente aprobado. La sexta actuación prioritaria responde a proteger el derecho de las personas a mantener su vivienda, para lo que se han establecido medidas extraordinarias de protección a través del programa integral de atención a familias en riesgo de desahucio. La séptima ha sido facilitar el acceso a una vivienda a las familias con dificultades económicas, con medidas especiales dirigidas al fomento de ayudas al alquiler social entre los grupos más desfavorecidos, priorizando a aquellas familias que tengan a todos sus miembros en paro. La octava, mejorar la empleabilidad de las personas y familias afectadas por la crisis para favorecer su inclusión social. Para ello se han puesto en marcha una serie de actuaciones específicas que permitan a las personas afectadas alcanzar una cualificación mínima, así como promocionar el autoempleo como forma de inserción, fomentar la formación profesional y el empleo a través de clausulas sociales y de medidas para la contratación de los colectivos vulnerables. La novena, habilitar cauces para que la solidaridad de las personas y empresas con sus conciudadanos se lleve a cabo de forma ordenada y segura. Por último, la décima, la asunción por parte de la Junta de Castilla y León del liderazgo que permita la puesta en marcha de todas estas medidas, definiendo los protocolos de trabajo y realizando el seguimiento de las medidas adoptadas.

De todas estas actuaciones, la segunda, dar una respuesta rápida y coordinada a las necesidades sociales de los ciudadanos de Castilla y León, ha sido la que más consenso ha concitado entre los participantes en las diferentes mesas de trabajo, lo que da aún más valor a todas las demás, ya que para ello es necesaria la participación e implicación de todos: Mesa de Diálogo Social, corporaciones locales y Tercer Sector. En definitiva, el ámbito público y el privado trabajando en una misma dirección y de manera coordinada.

Este gran consenso se materializará con la aprobación de un Decreto Ley en el que se incorporarán las medidas que permitan dar respuesta a las propuestas de los grupos de trabajo y al reciente acuerdo con el Diálogo Social.