La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y todas las organizaciones que la integran han iniciado una estrategia de incidencia para trasladar a las formaciones políticas que concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre un documento con 14 propuestas para que sean incorporadas a los programas electorales y asumidos como hoja de ruta de la próxima legislatura.

La Plataforma considera que el progresivo envejecimiento de la población obliga a adaptar las políticas públicas a una realidad demográfica en la que las personas de 65 años o más representan ya el 21,1 % de la población residente en España y cerca de una cuarta parte del electorado. Por ello, en su documento de propuestas reclama “compromisos concretos que permitan garantizar derechos, autonomía, bienestar y participación a lo largo de todo el proceso de envejecimiento”, de manera que se dé respuesta a uno de los principales desafíos demográficos, económicos y sociales del país.

Entre sus principales propuestas figura la defensa de un sistema público de pensiones suficiente, sostenible y basado en la equidad, mediante la revalorización de las prestaciones conforme al IPC real, el refuerzo de las pensiones mínimas y no contributivas y la reducción de las brechas de género que siguen condicionando la seguridad económica de muchas personas mayores y personas con discapacidad mayores.

Asimismo, la organización plantea la puesta en marcha de un Plan Nacional de Atención Sanitaria a las Personas Mayores que garantice atención geriátrica especializada, atención a la salud mental, tiempos de espera razonables y una coordinación real entre los sistemas sanitario, social y de cuidados.

De igual manera, pide un “desarrollo ágil y homogéneo de la reforma de la Ley de Dependencia”, que incorpore una financiación pública suficiente y estable, de manera que se avance hacia una inversión equivalente al 1,7 % del PIB. También destaca la consolidación de un modelo de cuidados centrado en la persona en el que se favorezca la permanencia de las personas en el hogar y en la comunidad, reforzando la atención domiciliaria, la asistencia personal y apoyo a las familias cuidadoras.

Por otro lado, la PMP considera prioritario impulsar una Estrategia Nacional para la Nueva Longevidad, que coordine las actuaciones de las distintas administraciones en ámbitos como los cuidados, la vivienda, la accesibilidad, la movilidad, la participación social, los entornos comunitarios y la transformación digital. Junto a ello, reclama la aprobación de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores y el desarrollo de políticas específicas para prevenir y combatir el edadismo en todos los ámbitos de la vida social.

En materia de accesibilidad universal, las propuestas de la Plataforma incluyen medidas para garantizar viviendas y entornos accesibles que permitan envejecer con autonomía, además de asegurar que la digitalización no excluya a nadie, preservando la atención presencial, telefónica y otras alternativas no digitales efectivas. En concreto, en lo que respecta a la exclusión financiera, la PMP exige aprobar con carácter prioritario la Ley de Defensa del Cliente Financiero y crear un sistema público, gratuito y accesible de resolución de reclamaciones, con decisiones vinculantes y una protección reforzada para las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad.

La PMP reclama igualmente financiación específica, suficiente y estable para desplegar el Marco Estratégico Estatal de Soledades 2026-2030, de manera que se refuerce la detección temprana, el acompañamiento comunitario, los recursos de proximidad y la teleasistencia avanzada. También pide medidas específicas para que envejecer en el medio rural no suponga tener menos derechos, mediante un acceso efectivo a servicios sanitarios, sociales y de dependencia, transporte público adaptado, conectividad digital, atención financiera presencial y programas contra la soledad no deseada.

Entre las propuestas de la organización destaca también una mayor representación de las personas mayores y con discapacidad mayores en los espacios de decisión política e institucional y el establecimiento de mecanismos estables y efectivos de participación para que las personas mayores y sus organizaciones representativas intervengan en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas que les afectan.

Del mismo modo, la PMP insta al futuro Gobierno a mantener un papel activo en Naciones Unidas para avanzar hacia una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores que contribuya a reforzar su protección jurídica en todo el mundo.

La organización también subraya que ninguno de estos compromisos puede entenderse sin la solidaridad entre generaciones y reivindica un Pacto Intergeneracional basado en la equidad, la solidaridad y la responsabilidad compartida. Retos como las pensiones, la accesibilidad universal, los cuidados, la vivienda, el empleo, la digitalización o la cohesión territorial solo podrán afrontarse desde la colaboración entre generaciones y la garantía de derechos a lo largo de toda la vida, “porque una sociedad preparada para la longevidad debe ser, necesariamente, una sociedad para todas las edades”.

Finalmente, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la PMP exige a las formaciones políticas que “conviertan estos 14 compromisos en la hoja de ruta de la próxima legislatura”, remarcando además que “las personas mayores somos hoy una fuerza social creciente y reclamamos, con hechos y no solo con palabras, una sociedad preparada para la longevidad”.