El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado –con el respaldo de 179 diputados, frente a los 33 noes de Vox y las 137 abstenciones de los parlamentarios del PP– el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Una reforma integral que supone refundar el modelo de cuidados en España, ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad, y menos burocracia. Además, blinda la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) incorporando en la ley la obligación de que la AGE (Administración General del Estado) asuma el 50% de la inversión.

Por otra parte, el Congreso ha convalidado también el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone el mayor incremento de la historia para el sistema, y que las comunidades autónomas vayan a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, ha dicho Pablo Bustinduy, el ministro que ha impulsado este cambio normativo y esta nueva financiación, en una de las intervenciones que ha hecho este martes desde la tribuna del Congreso. Bustinduy ha asegurado que lo aprobado este martes en la Cámara Baja supone “una revolución y una transformación profunda” del sistema público de cuidados, y que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”.

El ministro ha explicado que la reforma de estas dos leyes avanza en el nuevo modelo de atención que marcó la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización desarrollada por Derechos Sociales. Esto es, cuidados basados en los derechos de las personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos, con el objetivo de dejar atrás el modelo de las macrorresidencias y el enfoque asistencialista, para priorizar e impulsar apoyos personalizados. Asímismo, ha recalcado, convierte en ley lo establecido por el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024, para ampliar los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad y sus familiares.

BLINDAJE DE LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Bustinduy ha puesto en valor que esta reforma –que deberá aprobarse definitivamente en el Senado– se aprueba al mismo tiempo que el Gobierno amplía la financiación del sistema de la dependencia, gracias al real decreto-ley convalidado este martes. Una nueva financiación que es estructural, ha indicado, porque modifica por ley las cuantías del nivel mínimo que la AGE abona a las comunidades autónomas cada mes, duplicándolas, y porque permite culminar el compromiso político que el Gobierno de coalición se fijó para esta legislatura de que la inversión estatal en dependencia alcanzar el 50% del total.

Una meta que, sumando esta ampliación en el nivel mínimo junto al reparto del nivel acordado, que se ha incrementado igualmente, se alcanzará entre 2026 y 2027 con esos 6.200 millones de euros adicionales que recibirán las comunidades. En total, el Gobierno hará una aportación récord de 7.239,4 millones de euros a las regiones en 2027, el doble que la que hubo en 2025, y permitirá a los gobiernos autonómicos contar con más recursos para continuar reduciendo listas de espera, contratar más profesionales y ofrecer más y mejores servicios.

Este objetivo político del 50%, además, se convierte ahora en norma, ha subrayado el ministro, gracias a que la reforma introduce en la ley que la AGE debe asumir la mitad de la financiación, para así evitar posibles recortes en el futuro. “Hoy podemos dejar atrás la época de los recortes y la austeridad y blindar el sistema para caminar hacia un verdadero servicio público de cuidados, cercano, resiliente y debidamente financiado”, ha declarado.

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA REFORMA

En lo relativo a la Ley de Dependencia, la reforma incorpora a la norma modificaciones que permiten una ampliación del catálogo de servicios y de prestaciones para las personas en situación de dependencia, así como priorizar la voluntad y circunstancias de cada persona, y agilizar los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.

“Esta reforma supone que el sistema de cuidados se ajuste a la realidad social de las personas en situación de dependencia, y no al revés”, ha señalado el ministro, añadiendo que “se deja de tratar a las personas como meros números y las dota de derechos, dignidad y autonomía”. Además, ha reivindicado que esta reforma responde al desafío demográfico que enfrenta España en los próximos años, con una sociedad cada vez más envejecida. “Que la vida se alargue y las personas mayores tengan posibilidades cada vez mayores de bienestar y calidad de vida, es un logro democrático”, ha afirmado.

Además de la financiación, y en cuanto a las principales medidas que incorpora esta reforma, desde el ministerio destacan las siguientes:

● Eliminación del régimen de incompatibilidades: La reforma garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones sin que haya una incompatibilidad entre ellas. Además, la norma reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite. El PIA (Programa Individual de Atención) que elaboran los servicios sociales de las comunidades se flexibiliza para que el usuario pueda acceder a más servicios del catálogo. Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa, podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día, y a la vez tener otras prestaciones como cuidados en el entorno familiar o teleasistencia.

● La asistencia personal se amplía y regula como servicio del catálogo: La asistencia personal queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, que es el espacio al que estaba restringida esta ayuda hasta ahora. De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en el domicilio, sino que también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra o ir al médico.

● Ampliación del concepto de cuidadores: El texto reconoce a nivel normativo la figura del cuidador o cuidadora principal, y lo complementa con la figura de cuidador no profesional. Al mismo tiempo, reconoce que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay. Esto garantiza que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda ocuparse del cuidado de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí.

● Teleasistencia como derecho subjetivo: La teleasistencia será reconocida de facto a toda persona que tenga reconocida una dependencia, garantizando así que este servicio sea un derecho subjetivo y que llegue a muchas más personas, también a otras que antes no podían acceder a él, como las personas con demencia. Además, se refuerza la teleasistencia como herramienta preventiva para evitar o retrasar la institucionalización, y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.

● Cotizaciones y sustituciones de las cuidadoras: La reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.

● Reducción de plazos para reconocer prestaciones: El plazo habilitado al gobierno de cada comunidades para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad, pasa de seis meses a tres meses.