El envejecimiento de la población es uno de los grandes fenómenos demográficos del siglo XXI. Sin embargo, existe un ámbito donde esta transformación también se está produciendo pero permanece prácticamente invisible: el sistema penitenciario. Las cárceles españolas llevan años experimentando un cambio silencioso, cada vez hay más personas mayores privadas de libertad, pero su realidad sigue siendo escasamente conocida, poco investigada y, en muchos casos, insuficientemente atendida.

Según datos recientes de Instituciones Penitenciarias, la población reclusa ha experimentado un progresivo envejecimiento en las últimas décadas. Aunque el grueso de las personas privadas de libertad sigue concentrándose en franjas de edad medias, el incremento de internos mayores de 60 años es sostenido. Si en el año 2000 representaban apenas el 1,3% de la población penitenciaria, en 2020 superaban el 5% y en 2025 se sitúan en torno al 6% –en el primer semestre de ese año había 2.846 personas de 60 años o más en prisión–, según los últimos informes. Cruz Roja afina este dato. De ellas, el 94,4% eran hombres y el 5,5%, mujeres. La mayor concentración se sitúa entre los 60 y los 69 años, un rango en el que se encuentra cerca del 80% de este grupo.

Este crecimiento no es casual y supera incluso el ritmo de envejecimiento de la población general, lo que apunta a factores específicos del sistema. Esta tendencia responde a varias causas, como coinciden los expertos: el endurecimiento del Código Penal, el envejecimiento general de la población, la cronificación de determinadas trayectorias delictivas y también, cambios sociales y legales que han hecho emerger delitos antes invisibilizados.

Como concreta la socióloga Ana Ballesteros Pena, investigadora Ramón y Cajal y profesora de Sociología en la Universidade da A Coruña, el fenómeno no es casual: “A pesar de que se tiene otra imagen, en España tenemos un código penal duro, con condenas muy largas, y hay que recordar que se puso en marcha la prisión permanente revisable hace un tiempo, lo que significa que la revisión de las condenas no se produce hasta pasados un mínimo de 25 años. Por tanto, se supone que eso va a hacer que aumente progresivamente ese nivel de envejecimiento de la población”.
Pero más allá de los números, lo relevante es comprender qué implica envejecer dentro de un sistema diseñado históricamente para una población más joven.

UN FENÓMENO CRECIENTE SIN DIAGNÓSTICO SUFICIENTE

Uno de los principales escollos a la hora de abordar este asunto es la falta de investigación específica y actualizada. A diferencia de otros ámbitos del envejecimiento, la realidad de las personas mayores en prisión carece de estudios sistemáticos y empíricos, como subrayan todas las fuentes consultadas.

El principal referente sigue siendo un trabajo muy riguroso, Análisis de la Ancianidad en el Medio Penitenciario –impulsado desde la propia Administración– que fue coordinado por la psicóloga Concepción Yagüe Olmos, entonces subdirectora General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria. Cuenta que fue una época muy prolífica en este sentido. Este trabajo, que recogía datos a nivel nacional, supuso un punto de inflexión al visibilizar esta realidad, y permitió, por primera vez, dimensionar el fenómeno y comprender que no se trataba de una anomalía puntual, sino de una tendencia estructural. “Hace 15 años, nos estábamos encontrando con un crecimiento inusitado de personas mayores de 60 y 70 años en el sistema. Y a su vez nos dimos cuenta de que estas personas estaban invisibilizadas y desatendidas, o sea, no estábamos prestando atención a este perfil”, explica Yagüe, señalando el origen de la investigación.

Uno de los hallazgos más relevante rompe con el estereotipo de la multirreincidencia. La mayoría de las personas mayores en prisión no eran delincuentes habituales. “Más del 70% de estas personas que delinquían después de los 60-70 años eran primarios, es decir, personas que no habían entrado nunca en prisión”, señala Yagüe. Por tanto, no hablamos solo de personas que han envejecido en prisión, sino también de individuos que cometen delitos por primera vez en etapas tardías de su vida. “Había que averiguar exactamente qué estaba ocurriendo, quiénes eran y por qué incidían en el delito a esa edad”, añade.

El revelador hallazgo del estudio ya cuestionaba la idea de una criminalidad prolongada. En muchos casos, se trataba de personas que han desarrollado vidas normalizadas y que infringían en etapas tardías. Entre las causas se encontraban cambios legales y sociales. La tipificación de nuevos delitos entonces –como los relacionados con la seguridad vial o la violencia de género– y una mayor sensibilidad social habían incrementado las denuncias, especialmente en el ámbito familiar.

Pero Yagüe, también exdirectora del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recuerda otra investigación que realizó en 2017 sobre los factores psicosociales, es decir, por qué delinquen estas personas mayores –que lamentablemente no llegó a publicarse–, y que arroja otro perfil. “Encontramos gente que había tenido una vida plena, normalizada, incluso exitosa, con familia, y que de repente cometen delitos, especialmente contra la integridad sexual”. Esta idea puede traernos a la mente casos recientes que vemos en las noticias. No se trata de justificar pero sí de entender por qué pueden pasar. “Observamos que tenían rasgos psicopáticos similares a los delincuentes habituales, pero habían tenido una especie de factores de protección que habían evitado el delito antes. Y a partir de cierta edad, el deterioro de las funciones prefrontales –las que controlan la conducta– hace que pierdan esos filtros. Es decir, encontramos, por un lado, personas que tenían un perfil psicopático, y por otro, tenían un deterioro cognitivo, con lo cual se juntaban esos dos factores y se llegaba el delito, lo que en otros momentos se habían podido eludir”. Este dato también es revelador a la hora de abordar casos que suceden en nuestra sociedad.

Una normativa insuficiente y una aplicación desigual

CÁRCELES PARA JÓVENES EN UNA SOCIEDAD QUE ENVEJECE

El sistema penitenciario español no fue concebido para acoger a una población envejecida. Esta es una de las ideas centrales que se repiten en los testimonios de expertos y organizaciones sociales. Las prisiones modernas –muchas de ellas construidas a partir de los años 90– responden a un modelo arquitectónico estandarizado, dirigido a perfiles jóvenes, autónomos y físicamente activos. Esto genera una brecha entre las necesidades reales de las personas mayores y las condiciones del entorno penitenciario. “Es un espacio cerrado donde hay algunas posibilidades de movilidad interior entre las unidades habitacionales, que se llaman módulos penitenciarios, y donde la posibilidad de contacto con el exterior es limitada”, explica Ballesteros.

Además, están frecuentemente ubicados lejos de los núcleos urbanos. Este diseño tiene consecuencias directas sobre la población mayor: dificulta el contacto con familiares, limita la intervención de la sociedad civil y aumenta el aislamiento. Para Ballesteros, “las posibilidades para visitar a las personas se reducen también, porque primero no hay buen transporte público a las prisiones, en el caso de que lo haya, e ir en coche supone un coste económico elevado”. Y esta distancia no es solo geográfica, es también social, como explica la investigadora. Las personas privadas de libertad pertenecen, en muchos casos, a entornos socioeconómicos vulnerables, con escasos recursos para asumir desplazamientos frecuentes. El resultado es un aislamiento que afecta especialmente a las personas mayores, más vulnerables a la soledad y al deterioro emocional.

A su vez, la socióloga indica que el entorno penitenciario implica una pérdida radical de autonomía. Las decisiones cotidianas –horarios, alimentación, actividades– están completamente reguladas. “Digamos que muchas veces cuando hablamos de edadismo en el exterior, hablamos de infantilización, ¡pero el espacio penitenciario es un espacio infantilizador por naturaleza!”, añade Ballesteros.
Este rasgo tiene un impacto añadido en las personas mayores. En un contexto donde el envejecimiento activo y la autonomía son pilares fundamentales, la vida en prisión actúa en sentido contrario: dificulta el mantenimiento de la autonomía, acelera el deterioro y limita la capacidad de adaptación. En resumen, “los espacios penitenciarios no están preparados para la población mayor y menos aún si, como decía, entrelazamos diferentes variables”, subraya.

Además, las personas mayores en prisión concentran múltiples factores de vulnerabilidad. Según Cruz Roja, entre un 16% y 17% carece de recursos económicos propios; un porcentaje significativo presenta pluripatologías; hasta un 7% necesita asistencia ocasional o importante; y más de un 11% reside en enfermería u otras dependencias específicas. Estas cifras reflejan una realidad compleja: el envejecimiento en prisión no es solo una cuestión de edad, sino de acumulación de desventajas sociales, sanitarias y económicas.

POCA ATENCIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS INADECUADAS

El envejecimiento en prisión no es equivalente al envejecimiento en libertad. Se habla de un deterioro acelerado debido a factores como el estrés, la falta de autonomía, la inactividad y el aislamiento social. Como decimos, “las necesidades y la realidad de lo que ocurre en las prisiones está bastante invisibilizada. Cuando a eso le cruzamos elementos como población mayor y espacio penitenciario, género y espacio penitenciario, discapacidad y espacio penitenciario, pues esa invisibilidad aumenta, hay un desconocimiento de esas realidades combinadas”, explica Ana Ballesteros.

Uno de los aspectos más críticos en estos entornos es la salud. Todos los testimonios coinciden en señalar déficit estructurales graves en la atención sanitaria dentro de prisión. “Hay una ausencia de médicos brutal. Esto afecta a toda la población, pero en términos generales, muchas veces, el colectivo sénior tiene patologías que se incrementan, o dolencias diferenciadas que no están adecuadamente atendidas. En términos de salud, el espacio penitenciario empeora la salud de las personas que están allí”, afirma rotunda la socióloga. Yagüe coincide en el diagnóstico: “La carencia fundamental es sanitaria, no había geriatras, y sigue sin haberlos, y encima, apenas hay médicos en las prisiones”. La falta de facultativos, y especialmente de especialistas en geriatría y gerontología, tiene un impacto directo sobre las personas mayores, que presentan mayor prevalencia de enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y problemas de movilidad. A esto se añade que el entorno penitenciario, por sus propias características, puede agravar patologías físicas y mentales, como señala Ballesteros.

Otro de los asuntos que plantea un gran reto para la estancia de los mayores en estos espacios es lo referente a la movilidad. Por extensión, las prisiones no son accesibles, reconocen, “requieren unas inversiones que no se hacen”. Las infraestructuras no están adaptadas: las unidades habitacionales de las prisiones más grandes tienen escaleras para subir a las celda, hay literas, falta de apoyos ergonómicos, iluminación inadecuada o la presencia de baños sin accesibilidad, son habituales en muchos centros. “Excepto en la enfermería, por ejemplo. Pero, claro, ser mayor no es una enfermedad, con lo cual no tiene sentido”, señala con lógica naturalidad Ballesteros. Por tanto, esto genera situaciones de dependencia no adecuadamente atendidas.

El grupo de trabajo que participó en el estudio coordinado por Yagüe dejó una idea especialmente significativa: “Estas personas necesitan muy poco, pero lo necesitan mucho”. Las necesidades básicas –alimentación adecuada, higiene, condiciones de habitabilidad– adquieren un peso determinante en la manera de vivir de las personas mayores en prisión. “Dependen de eso para tener una calidad de vida razonable y poder mantener su autonomía”, insiste la psicóloga. Sin embargo, muchas de estas condiciones no están garantizadas de forma sistemática.

LA SOLEDAD EN LA CÁRCEL
Si hay un elemento que define la experiencia de las personas mayores en prisión –y en general de todos los reclusos–, es la soledad. “En el exterior, muchas veces hablamos del riesgo de aislamiento, de soledad, de problemas de salud mental, y cuando se reducen esos contactos, eso se agudiza. Yo no hablaría de si es más o menos, sino que es distinto. La forma en la que se afronta el alejamiento, una persona joven lo vive desde unas variables, y una persona mayor desde otras que son diferentes. Pero ni unas ni otras están atendidas”, explica la socióloga.

Desde Cruz Roja, que trabaja con el colectivo sénior en múltiples centros penitenciarios, se señala que una parte importante carece de red de apoyo: alrededor de un 18% no mantiene contacto familiar regular.

Recordemos que “muchos de estos delitos se producen en el ámbito familiar, por lo que hay un rechazo absoluto por parte de la familia”, explica Concepción Yagüe Olmos. Esa es la centralidad de este factor: “Esa soledad es clave, tienen un absoluto vacío”. Y esto genera una ruptura de vínculos que se traduce en aislamiento durante la condena y, especialmente, en dificultades para la reinserción. Es decir, la falta de red de apoyo dificulta el acceso a beneficios penitenciarios, a regímenes abiertos o a recursos como residencias, donde las personas procedentes del sistema penitenciario tienen mayores barreras de acceso. “Sin esa red de apoyo, muchas personas mayores permanecen más tiempo en prisión, incluso cuando podrían acceder a regímenes abiertos”, explica la psicóloga.

SER MUJER: UNA VULNERABILIDAD AÑADIDA

Las mujeres mayores en prisión constituyen una minoría dentro de una minoría –representan solo el 5,5% del total de personas mayores–, pero enfrentan una doble discriminación: por edad y por género. Desde Cruz Roja resumen las particularidades de que presentan: suelen contar con redes familiares más pequeñas, lo que aumenta su soledad; arrastran trayectorias vitales vinculadas a roles de cuidados, cuya pérdida se vive de forma especialmente dolorosa; la oferta de actividades o programas específicos es menor, debido al bajo volumen de población femenina; y los delitos más frecuentes son distintos a los de los hombres, destacando los relacionados con la salud pública y el orden socioeconómico. Para la entidad humanitaria, “todo ello configura un perfil con necesidades diferenciadas y, muchas veces, invisibilizadas”.

Por su parte, Ballesteros señala que el sistema penitenciario reproduce las desigualdades existentes en la sociedad. “Si pensamos que el espacio exterior a la prisión está atravesado por un modelo heteropatriarcal, que discrimina a las mujeres en términos de salud, de educación, etcétera, eso se reproduce en el espacio penitenciario”. Y por cierto, todo esto “sin olvidarnos del caso de mujeres migrantes que cumplen prisión en España lejos de su red de apoyo, que diríamos que tienen una doble condena”. Asimismo, “la falta de módulos diferenciados en centros femeninos impide una atención adaptada. Además, los programas específicos son escasos o inexistentes”, explica.

Y un hecho que convendría vigilar. Algunos datos recientes apuntan a una sobrerrepresentación femenina en la prisión permanente revisable, lo que abre nuevas preguntas sobre el impacto del sistema penal en las mujeres. En concreto, Yagüe alude a un artículo del profesor Jesús Núñez en el que se dice que “aunque las mujeres constituyen menos del 7% de la población penitenciaria en España y cometen un número de delitos muy inferior a los hombres, su presencia en relación a las condenas de prisión permanente revisable supera el 20%. Algo muy llamativo”.

INTERVENCIÓN SOCIAL: EL PAPEL DE LAS ONG

Ante las limitaciones del sistema, organizaciones sociales desempeñan un papel clave. Cruz Roja desarrolla programas específicos como ‘Envejecimiento en prisión’ en múltiples provincias, centrados en: acompañamiento emocional, estimulación cognitiva, apoyo social y preparación para la excarcelación. En suma, realiza una una intervención integral que combina apoyo social, emocional y práctico, dentro de la cárcel y fuera o en régimen medio abierto, desde las Áreas de Intervención Social y Salud.

Por su parte, organizaciones como Solidarios para el Desarrollo han impulsado iniciativas culturales en centros penitenciarios, que han llegado a cientos de internos. Estas actividades han demostrado mejorar el bienestar emocional y reducir el aislamiento.

Y HelpAge International España, en un papel siempre reivindicativo, ha alertado en distintos informes recientes (2023-2025) sobre la necesidad de incorporar un enfoque de derechos humanos y envejecimiento en todos los ámbitos institucionales, incluido el penitenciario. La organización insiste en que las personas mayores privadas de libertad sufren una doble invisibilidad, subrayando la vulnerabilidad específica de este colectivo en contextos de exclusión.

REINSERCIÓN: EL GRAN OBSTÁCULO

Salir de prisión a edades avanzadas es especialmente complejo. Cruz Roja nos explica algunos de los grandes y múltiples tropiezos que pueden encontrarse: acceder a vivienda o recursos residencial para personas mayores cuando no existe red familiar; garantizar la continuidad sanitaria en enfermedades crónicas; realizar trámites básicos en una Administración digitalizada; afrontar la ausencia total de oportunidades laborales por su edad avanzada; recuperar habilidades sociales tras largas estancias en prisión; y evitar situaciones de soledad y aislamiento desde el primer día. Como advierte Cruz Roja, el acompañamiento en los primeros meses tras la excarcelación es crucial para evitar la exclusión. Y recordemos lo que decía Concepción Yagüe: “Si no tienen a dónde ir, permanecen más tiempo en prisión”.

REVISAR NUESTRA CONCIENCIA

El ecosistema penitenciario, en muchos aspectos, no deja de ser un reflejo de lo que sucede en el exterior con las personas mayores. Lo que pasa es que los problemas en el exterior cuentan con el apoyo de la sociedad civil. “Los problemas, las necesidades, los derechos que se ven vulnerados fuera también se ven vulnerados en el espacio penitenciario con la particularidad de que es un espacio más invisible y con la particularidad de que la autoridad sobre el ejercicio de esos derechos está bajo la responsabilidad directa del Estado”, apunta Ballesteros, y concluye: “Desde mi punto de vista, tenemos que reflexionar sobre si la prisión es la respuesta que debemos dar a todos los problemas y conflictos sociales que aparecen”.

¿Deberíamos cambiar nuestra forma de entender la justicia y el envejecimiento?