A pesar del crecimiento sostenido del número de personas mayores en prisión en España, el sistema penitenciario sigue careciendo de una legislación específica que aborde de forma integral las necesidades de este colectivo. En la práctica, la respuesta normativa se apoya fundamentalmente en instrumentos internos, siendo la Instrucción 8/2011 de Instituciones Penitenciarias el principal referente. Esta instrucción supuso un avance relevante al reconocer por primera vez la singularidad de las personas mayores privadas de libertad. Su ámbito de aplicación incluye a mayores de 70 años, a personas de más de 60 con pluripatologías y a internos con procesos incapacitantes.

Entre sus medidas contempla la adaptación de espacios, la flexibilización de horarios y regímenes, así como una atención sanitaria más ajustada a sus necesidades. Sin embargo, más de una década después de su aprobación, los expertos coinciden en señalar una brecha significativa entre lo previsto en la norma y su aplicación real. La psicóloga y exresponsable de Instituciones Penitenciarias, Concepción Yagüe Olmos, subraya el potencial de esta herramienta, pero también su escaso desarrollo: “Hay que llevarla a cabo. Esta fue la política pública más potente que se pudo hacer, destapar una realidad y poner los medios necesarios para superar las carencias”. En la misma línea, Yagüe insiste en que su correcta implementación permitiría actuar sobre los tres pilares fundamentales de la atención a este colectivo: la sanidad, la intervención social orientada a la salida y el mantenimiento de la autonomía, junto con programas de envejecimiento activo que eviten el deterioro asociado a la inactividad.

Desde el ámbito social, organizaciones como Cruz Roja advierten de los límites estructurales del sistema. Aunque reconocen la existencia de estas medidas, señalan que “los centros penitenciarios no están concebidos como recursos sociosanitarios”. Esta limitación se traduce en dificultades para atender a personas con dependencia o deterioro cognitivo. De hecho, solo entre un 5% y un 6% de las personas mayores en prisión reside en departamentos adaptados, mientras la mayoría permanece en módulos ordinarios o en enfermería, espacios que no responden a sus necesidades específicas.

La socióloga Ana Ballesteros Pena apunta a un problema de fondo aún mayor: la ausencia de políticas públicas específicas para este colectivo dentro del sistema penitenciario. Esta carencia impide desarrollar una estrategia integral que combine atención sanitaria, intervención social y alternativas a la privación de libertad. El resultado es un escenario en el que la normativa existe, pero su impacto es limitado. Un vacío entre la norma y la práctica que deja a las personas mayores en prisión en una situación de vulnerabilidad estructural y en una especie de limbo del sistema.

Ante este contexto, cada vez más voces coinciden en la necesidad de avanzar hacia modelos alternativos, especialmente para perfiles con alta dependencia o escaso riesgo social, donde la prisión deja de ser la respuesta más adecuada.