La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) valora positivamente la disposición mostrada por el Gobierno para revisar las reglas de desindexación en el marco de la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero advierte de que, mientras no se habiliten mecanismos que permitan trasladar los incrementos salariales a los contratos públicos, el servicio de ayuda a domicilio seguirá afrontando graves riesgos para su sostenibilidad, continuidad y calidad.

La propuesta trasladada por el Ministerio de Trabajo contempla un incremento del SMI del 3,1%, lo que supondría una subida de 37 euros mensuales, hasta situarlo en 1.221 euros al mes en 14 pagas, manteniendo además la exención del SMI en el IRPF. Más allá del porcentaje concreto, desde Asade subrayan que el principal problema continúa siendo la ausencia de instrumentos que permitan reflejar estos incrementos salariales en los contratos y conciertos públicos que financian mayoritariamente el servicio de ayuda a domicilio.

Asade considera especialmente relevante que, desde el propio Gobierno, se reconozca que el actual marco de desindexación genera tensiones estructurales en sectores intensivos en mano de obra, como el de la ayuda a domicilio, donde los costes salariales representan la práctica totalidad del coste del servicio. Cada incremento de los costes laborales, como en este caso el incremento del SMI, tiene un impacto directo, inmediato y acumulado que no puede ser absorbido por las entidades prestadoras si no se revisan las condiciones económicas de los contratos públicos en vigor.

En este sentido, la asociación celebra la disposición manifestada por el Ministerio de Trabajo para explorar, junto con los ministerios competentes, posibles fórmulas que permitan revisar o flexibilizar parcialmente las normas de desindexación en la contratación pública, una reivindicación histórica del sector. Asade anima a que esta reforma se acometa con carácter urgente y de manera específica, desligada de otros debates generales, permitiendo introducir mecanismos de actualización de precios que reflejen los costes reales del servicio, en particular los derivados de la evolución salarial y del cumplimiento de las obligaciones normativas.

“El servicio de ayuda a domicilio es un servicio esencial del sistema de cuidados y más del 90% de su financiación depende de contratos y conciertos públicos. Cualquier subida del SMI, por necesaria que se pudiera considerar, debe ir acompañada de mecanismos que permitan actualizar esos contratos; de lo contrario, se obliga a las entidades a prestar un servicio esencial en condiciones estructuralmente deficitarias, poniendo en riesgo su continuidad, la calidad de la atención y el empleo. Debemos redefinir la colaboración público privada con unas reglas claras y justas”, ha señalado Ignacio Gamboa, presidente de Asade.

Asimismo, desde la entidad se valora positivamente que la propuesta del ministerio no incluya modificaciones en las reglas de compensación y absorción salarial, una cuestión especialmente sensible que, de abordarse, debería hacerse siempre con pleno respeto al Estatuto de los Trabajadores y a la negociación colectiva.

El servicio de ayuda a domicilio constituye un pilar fundamental del sistema de atención a la dependencia y del sistema de cuidados, clave para la atención a personas mayores, dependientes y en situación de vulnerabilidad, y para garantizar la permanencia en el hogar, la cohesión social y la sostenibilidad del sistema sociosanitario. Su carácter esencial exige un marco regulatorio que garantice su calidad, estabilidad y viabilidad económica.

Por todo ello, la patronal insiste en avanzar en este proceso, que cuenta con el apoyo mayoritario de patronales, sindicatos y grupos políticos, desde un espacio de diálogo avanzando hacia soluciones normativas que garanticen la sostenibilidad del sector, la continuidad del servicio y la dignificación del empleo, sin poner en riesgo el acceso de la ciudadanía a un recurso imprescindible.

Asade reitera su plena disposición a colaborar de manera constructiva con el Gobierno y con el conjunto de las administraciones públicas en el diseño de una reforma de la desindexación que permita compatibilizar las legítimas mejoras salariales con la viabilidad de los servicios públicos de cuidados que sostienen el día a día a cientos de miles de personas y familias en todo el país.