En España, asociamos los problemas de la vivienda a las personas jóvenes. Además, esta cuestión se suele reducir al acceso, es decir, a los obstáculos que las personas entre 18 y 30 años tienen para pagar un alquiler o adquirir en propiedad un piso o una casa.

Por supuesto, estas dificultades son reales: según el último informe del Observatorio de Emancipación, en 2023, la edad media a la que una persona se independizaba en nuestro país era de 30,4 años, muy por encima de la media europea (26,3). Parte de la culpa, quizá, es que ese mismo año, el precio de las viviendas en alquiler fue el más alto de la historia: con una mediana para un piso estándar de 968 euros al mes, cuando el salario mediano de una persona joven se situaba en los 1.050,77 euros. Los cálculos se hacen solos.

No obstante, las cuestiones que atañen a la vivienda van más allá del acceso y no solo afectan a la juventud. Aunque desde que explotó la burbuja inmobiliaria en 2008, la tasa de propietarios de una casa en España ha bajado diez puntos porcentuales, seguimos siendo un país de propietarios: según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España de 2022, el 72,1% de los ciudadanos viven en una vivienda en propiedad, un porcentaje que aumenta cuanta mayor edad tiene el cabeza de familia.

Sin embargo, además de tener una vivienda en propiedad, es necesario que esta posea otras características que muchas veces se dan por hecho, pero que no siempre es así. Un domicilio, por ejemplo, debe cumplir con unos mínimos de habitabilidad y de confort, y adaptarse a las necesidades de sus propietarios o inquilinos. Nos referimos aquí a las humedades, averías y demás defectos en el aislamiento de un hogar; también a las posibles barreras físicas o a la falta de adecuación de los accesos de una vivienda, que suelen afectar directamente a colectivos vulnerables como los sénior.

No es menos importante la relación que guarda el exterior con nuestra vivienda, es decir, si existen barreras que dificultan el tránsito por el espacio público inmediato. ¿Cómo es el estado de las calles aledañas? ¿Contamos con lugares adecuados para socializar? ¿Hay suficientes zonas peatonalizadas? ¿Se han adaptado convenientemente los transportes públicos?

Finalmente, otro punto relevante es el que se refiere al ámbito relacional y a los vínculos comunitarios de la vivienda, con los que evitamos el aislamiento de los ciudadanos. Así, tener o no comercios o servicios de proximidad, contar o no con un tejido social detrás o vivir o no en una zona con servicios públicos a nuestra disposición pueden marcar la diferencia entre una vida plena o una preocupante soledad no deseada.

Como ven, una simple reflexión sobre todos estos condicionantes ayuda a entender que, en realidad, el problema de la vivienda es un asunto que afecta sobremanera a las personas mayores. Así se refleja, por ejemplo, en el plan que pretende desarrollar el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 incluido en su estrategia estatal sobre lo que llaman proceso de desinstitucionalización. El Gobierno habla en su documento de “acceso a una vivienda digna y accesible como un derecho” e incide en el impulso de apoyos y servicios de base comunitaria.

Precisamente, y como verán en este número, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha publicado las conclusiones de su estudio Defensa y protección de derechos de las personas mayores desde lo comunitario: el caso de la vivienda. La investigación, que apunta de nuevo al colectivo sénior, no solo hace un diagnóstico de la situación, sino que sugiere las soluciones para cada uno de los puntos diseccionados: acceso, estado, relación con el exterior y ámbito comunitario.

Las propuestas de EAPN-ES, como es lógico, benefician a todas las personas, con independencia de su edad, y van desde la necesaria regulación de los precios del alquiler y la ampliación del parque de vivienda pública, hasta cambios profundos en una estrategia inmobiliaria que apueste más por la rehabilitación que por la obra nueva, más por la vecindad que por la turistificación.

Decía que somos un país de propietarios, sí, pero ¿de una vivienda digna? Seguro que saben que este es un derecho que ampara el artículo 47 de la Constitución Española, pero sepan que el texto especifica también que, además de digna, la vivienda debe de ser “adecuada”, sin duda la palabra clave, aquello que debemos exigir y lo que realmente mide la dignidad de un hogar.