Si el diagnóstico de un cáncer supone ya de por sí un importante impacto emocional, social y económico en una familia, éste puede ser todavía mayor en una familia con escasos recursos debido a las reformas sanitarias acometidas en el último año. Así lo concluye un informe de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc), que analiza las medidas adoptadas en el Real Decreto 16/2012 y su repercusión sobre los pacientes oncológicos.
Según los resultados de ese informe -que se ha hecho público coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer, que se conmemora hoy-, debido al aumento en el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social, cuyas dificultades familiares para asumir un gasto extra o llegar a fin de mes han aumentado, unido a la disminución o recortes en prestaciones sociosanitarias, "la población residente en España que se encuentra en especial riesgo social, verá agravada de forma considerable esta situación con un diagnóstico de cáncer". 
Tomando como referencia casos concretos de pacientes tipo (cuya renta anual se cifra en 16.555 euros), la Aecc ha analizado el impacto de las medidas de una familia con un único miembro activo, con una renta inferior a los 18.000 euros al año, con dos hijos menores de edad, residentes en ámbito rural y que no cuentan con ningún miembro enfermo. Basándose en datos del INE, el informe asegura que el gasto medio mensual en salud de esta unidad familiar ascendería a un 3% del total del gasto familiar. En el caso de que se diagnostique un cáncer, esta familia tendrá que aumentar el gasto durante el proceso de tratamiento de la enfermedad en salud en 15 puntos porcentuales debido al diagnóstico del cáncer en los ocho meses que dura el tratamiento si el transporte no está cubierto. "Esto supone un gasto mensual en salud de un 18% frente al 3% original", zanja el estudio.
De este aumento en la inversión para cubrir el tratamiento, el 76% es debido al transporte para acudir a tratamiento desde una zona rural. Si no se cubriera el transporte sanitario no urgente por parte del SNS, esta partida de gasto puede multiplicarse por tres cuando no entre en criterio facultativo. Incluso en el caso de que el transporte sí lo tengan cubierto, el gasto en salud de esta familia se ampliaría en un 4,2% durante los ocho meses que dura el tratamiento, alcanzando un 7,2% frente al 3% original. "Este gasto podría originar que la familia se viera obligada a recortar sus gastos en necesidades básicas para cubrir el tratamiento o plantearse abandonarlo", alertan desde la Asociación Española Contra el Cáncer.
Asimismo, el informe incide en las consecuencias de estas medidas sobre aquellas personas que superen la enfermedad, ya que tendrán que aumentar, de forma permanente, el gasto en salud derivado del cáncer en un 8% cada año, lo que supone hasta un total de gasto familiar en salud del 11% frente al 3% original. Y en el caso concreto de los supervivientes de cáncer de mama, después del tratamiento el mayor gasto se produce en la rehabilitación de secuelas crónicas, lo que puede llegar a suponer alrededor del 81% del gasto mensual asociado al cáncer si el drenaje linfático, por ejemplo, no es cubierto por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Prestación farmacéutica
La inversión en fármacos también ha aumentado como consecuencia de la entrada en vigor del RD 16/2012. En este sentido, la Aecc expone un ejemplo muy claro: los medicamentos antineoplásicos. Determinados tratamientos antineoplásicos (sobre todo los que tienen presentaciones orales), tanto si se dispensan en la farmacia hospitalaria (que eran gratuitos antes) como si se retiran de la oficina de farmacia de la calle, están sujetos a aportación del paciente y, aunque estos medicamentos son de aportación reducida, el gasto para sufragarlos se eleva de 2,67 euros a 4,13 euros por receta con la nueva normativa.
Asimismo, el establecimiento de aportación del usuario para este tipo de medicación supone una discriminación entre los pacientes en quimioterapia de administración intravenosa (gratis al ser en hospital) sobre aquellos con quimioterapia de administración oral (sujeta a copago) cuando el fin es el mismo: la curación o el control de la enfermedad. "Este hecho puede llegar a distorsionar la toma de decisiones sobre la opción terapéutica a seguir por el paciente al incluir el factor económico como un elemento a tener en cuenta", advierten los expertos de la Aecc.
Del mismo modo, y según el informe de esta asociación, solo algunos medicamentos analgésicos, como los opioides transdérmicos (fentanilos), son de aportación reducida. Por ello, si el paciente necesitara otro tipo de analgesia, esto podría suponer un coste elevado, lo que hay que tener en cuenta de cara a un control eficaz del dolor.
"Por estos motivos, es necesario prestar especial atención a los casos vulnerables (alta comorbilidad, pensionistas, polimedicados, situación económica familiar precaria) ya que un incremento del copago en las prestaciones en el caso de enfermos de cáncer podría suponer el riesgo de una eventual interrupción de la continuidad de los tratamientos. Esto conllevaría un riesgo para la supervivencia del paciente o una importante disminución de su calidad de vida al no poder costear, por ejemplo, tratamientos para aliviar efectos secundarios de los tratamientos o necesarios para la rehabilitación de secuelas", critican desde la Asociación Española Contra el Cáncer.

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