Hace unas semanas se destapó el terrible caso de una residencia de Olot, donde un celador se confesó culpable de la muerte de once mayores del centro. El escabroso suceso levantó una gran polémica respecto a las inspecciones y vigilancia que tienen las residencias y si hay seguridad en ellas, pero la cuestión va más allá, esto es sólo una tremenda consecuencia de un sistema mal implantado y descoordinado.
En España hay más de 23.000 centros geriátricos, de los cuales, aproximadamente 5.300, tienen menos de 25 camas. En el día a día de una residencia se prestan servicios de alojamiento y manutención, pero también una serie de cuidados asistenciales que, además, son una exigencia de la Administración, y éstos engloban no sólo apoyo y ayuda social por parte de los trabajadores y educadores sociales, sino también cuidados de enfermería, tanto preventivos y rehabilitadores como asistenciales.
El conflicto surge porque esos servicios sanitarios los ofrece su personal, que no depende del Sistema Nacional de Salud, no existiendo ningún tipo de relación ni coordinación entre los profesionales que trabajan en las residencia con el resto de trabajadores sanitarios que ejercen su labor en el sistema de salud. Es decir, los residentes de estos centros pertenecen a un centro de salud, tienen su médico y enfermera de familia, pero en vez de ser visitados, consultados, diagnosticados y tratados por éstos, lo son por quienes trabajan en la residencia.
Por lo tanto, para cumplir con el mínimo de calidad exigido, es necesario que los centros cuenten con suficientes recursos humanos y materiales, lo que significa tener una ratio de personal de atención directa adecuada para las tareas y funciones que se les exige llevar a cabo. Sin embargo, esto no siempre es posible por cuestiones económicas, ya que tanto los conciertos con las administraciones como los presupuestos que gestionan los centros pequeños casi siempre se quedan cortos.
Por otro lado, es imprescindible que haya una buena organización, con sus programas y protocolos de actuación, que deberían ser supervisados y controlados por los profesionales competentes. Esto se podría lograr fácilmente si hubiese una adecuada coordinación entre el sistema público de salud y las residencias, creando una red que pusiera en contacto a los trabajadores de las residencias y a los de los servicios de Atención Primaria. Pero en la realidad esto no es así, sin esa coordinación las administraciones están eludiendo una de sus principales obligaciones, prestar una adecuada atención social y sanitaria a los ciudadanos, independientemente de su edad y de si viven en su propia casa o en una residencia.