domingo, 19 enero 2025
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EDITORIAL

La píldora roja

No hubo acuerdo. La reforma del modelo residencial que proponía el Ministerio de Derechos Sociales –con Ione Belarra a la cabeza– no parece tener el apoyo necesario del Consejo Interterritorial [...]
No hubo acuerdo. La reforma del modelo residencial que proponía el Ministerio de Derechos Sociales –con Ione Belarra a la cabeza– no parece tener el apoyo necesario del Consejo Interterritorial, por lo que esta importante estrategia nacional que establece los estándares que deberán cumplir los centros residenciales en España se tendrá que seguir negociando en los próximos meses.

Todos: Gobiernos (tanto el estatal como los autonómicos), sindicatos y patronales están de acuerdo en que el modelo tiene que cambiar, pero alcanzar un acuerdo para esos requisitos mínimos está siendo (y será) complicado, en línea con la falta de homogeneidad que existe entre nuestras regiones, cada una con singularidades. 

¿Qué propone el ministerio de Belarra? Plantea limitar el número de plazas a 75, 90 o 120, dependiendo de su ubicación (zonas rurales, intermedias y ciudades, respectivamente); aboga por reservar un porcentaje mayor de estancias individuales; pretende conseguir que la ratio en los cuidados sea de un trabajador por cada dos residentes; y ambiciona que las residencias se organicen por unidades de convivencia reducidas, de 15 personas como máximo. La idea es consolidar esos ecos que escuchamos por todas partes: que los centros funcionen y se parezcan a un hogar.

Sin embargo, y pese a que, sobre el papel, todas las partes estarían de acuerdo con el espíritu de esta reforma, las patronales (al unísono) y varias comunidades autónomas, en particular, no firmarán nada hasta que se concrete la manera en que se llevarán a cabo todos esos cambios y se especifique cuál será la financiación. 

En este sentido, en un comunicado conjunto, Aeste, Asade, Ceaps y FED solicitan una memoria económica que respalde este “cambio radical”. No solo eso, señalan que la reforma reduciría de manera significativa las plazas nacionales, un dato nada halagüeño teniendo en cuenta el déficit que ya tiene España en este sentido. 

Las patronales van más allá y apuntan que, el simple hecho de plantear este borrador, puede crear “inseguridad jurídica en el sector” y ralentizar su crecimiento, ya que en estos momentos hay en promoción y construcción más de 38.500 camas.

De la misma manera, algunos Gobiernos autonómicos recelan de esto mismo y se preguntan quién asumirá los gastos de la reforma. En Galicia, por ejemplo, creen que el borrador es “irrealizable por carecer de presupuesto” y que, además de la pérdida de plazas, el nuevo modelo destruiría muchos puestos de trabajo en el ámbito de los cuidados.

En la misma sintonía, en Castilla-La Mancha, su presidente (socialista), Emiliano García Page,  asegura que estará en contra de este nuevo modelo “si no va con una financiación por delante”.

Con este panorama tan polarizado, ¿qué hacemos entonces? ¿Está el sector en disposición de afrontar una transformación de su modelo tras la reciente crisis sanitaria? ¿Cómo podemos diseñar un sistema de cuidados mejor (y real) para las personas mayores?

Lo primero que deberíamos preguntarnos es si son necesarios estos requisitos mínimos comunes para todas las regiones. En España conviven comunidades con características muy dispares (comparen, por ejemplo, territorios como la Comunidad de Madrid con Extremadura o Castilla y León). Esto complica alcanzar un consenso que funcione para regiones de uno y otro extremo. Por lo que el Gobierno deberá ser más flexible en su propuesta, no solo para que salga adelante como desea, sino para que sea realista.

Quizá esa sea  la clave para llegar a buen puerto: idear algo que se pueda llevar a la práctica. Como han apuntado todas las partes implicadas, la reforma debe construirse alrededor de una partida presupuestaria, de lo contrario, el documento se quedará en un brindis al sol que no solo no resuelva los problemas del actual modelo, sino que se arriesgue a reducir y encarecer las camas residenciales actuales.

Como en el dilema que plantea Matrix, la excelente película de ciencia ficción de las hermanas Wachowski, al Gobierno bien le valdría desechar la píldora azul, esa elección que les mantiene dentro de la fantasía, y tomar la píldora roja, la única que nos transporta al mundo real, por incierto, duro y complejo que parezca.

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