El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado la propuesta del Ministerio de Sanidad para distribuir 68.058.000 euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), destinados al impulso de la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en 2025.

Esta dotación económica se enmarca en la estrategia de reforzamiento de los servicios públicos de salud bucodental y da continuidad a las acciones iniciadas tras la aprobación, en diciembre de 2021, de la ampliación de la cartera común de servicios del SNS en esta área. Desde entonces, se han destinado más de 180 millones de euros para su implementación progresiva.

El plan de ampliación tiene un enfoque eminentemente preventivo, priorizando grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad. Hasta ahora, los colectivos cubiertos incluían a la población de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad igual o superior al 33%, y personas diagnosticadas de cáncer en el territorio cervicofacial.

Como novedad para el ejercicio 2025, se incorpora por primera vez la atención específica a las personas mayores de 65 años, colectivo con escasa cobertura pública hasta la fecha y alta prevalencia de enfermedades periodontales asociadas a enfermedades crónicas. Para ello, se ha reservado un 10% del total del fondo.

El 90% restante se destinará a consolidar la atención a los colectivos ya priorizados, con criterios de reparto basados en datos demográficos actualizados del INE, incidencias clínicas y prevalencia de discapacidad.

INVERSIONES

Las comunidades autónomas podrán destinar los fondos a la contratación de personal, adquisición de equipamiento, mejora de infraestructuras y otros gastos necesarios para implementar los servicios. Las medidas deben ejecutarse en un plazo máximo de tres años desde la transferencia efectiva de los fondos, estableciéndose un control estricto de los compromisos de gasto, cuya primera fase deberá estar completada antes del 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, se establece un sistema de seguimiento y justificación por parte de las comunidades autónomas e Ingesa, incluyendo la remisión de planes de ejecución, cronogramas, memorias de actividad y resultados.

Con esta medida, el Gobierno refuerza su compromiso con la equidad en el acceso a la salud bucodental, un componente esencial del bienestar general y un derecho sanitario básico. La inclusión de la población mayor de 65 años responde a criterios de justicia sanitaria y envejecimiento activo, alineados con la Estrategia Global sobre Salud Bucodental impulsada por la OMS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.