Sánchez Rubio anuncia que la Junta consolidará el sistema público de servicios sociales como derecho de la ciudadanía
La Ley de Servicios Sociales de Andalucía se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en este ámbito en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, destacó que la Junta de Andalucía consolidará mediante una nueva Ley el sistema público de servicios sociales de la ciudadanía, que estará basada en los principios básicos de universalidad e igualdad de acceso a todas las personas. Según ha destacado Sánchez Rubio, el desarrollo y la consolidación de un sistema público de servicios sociales es una apuesta decidida del Gobierno andaluz en esta legislatura, para avanzar en la erradicación de las desigualdades sociales y garantizar el bienestar de todas las personas.
Así lo ha señalado durante su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento andaluz, en la que ha ofrecido al resto de partidos políticos su disposición a la colaboración y al diálogo “para garantizar el bienestar de todos y todas”.
Sánchez Rubio ha avanzado el compromiso de la Junta de Andalucía por garantizar el acceso de la población más vulnerable a los servicios públicos en la presente Legislatura. La consejera ha destacado que ante la situación económica actual, y pese a que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más perjudicada por los recortes del Gobierno central, “la Igualdad y las Políticas Sociales son las que tratan de evitar que la pobreza abra una brecha social irreparable, las que siempre están al lado de los más desfavorecidos; son las que defienden los derechos de las personas dependientes, de las familias en su conjunto”.
La consejera ha avanzado que su departamento “va a llevar a cabo una serie de normas con el objetivo de salvaguardar y ampliar el estado del Bienestar de la población andaluza, a través de una apuesta decidida por las Políticas Sociales”. Sánchez Rubio ha señalado que en la presente legislatura se va a presentar en el Parlamento, además de la nueva Ley de Servicios Sociales, las leyes de Igualdad, de Violencia de Género, de Juventud, la Ley de Discapacidad, además de una ley que garantice unos ingresos mínimos para una vida digna, entre otras.
En lo que respecta a los servicios sociales, la prioridad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en esta materia para esta X Legislatura es la aprobación por parte del Consejo de Gobierno y posteriormente por el Parlamento de Andalucía de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
Una Ley que se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en este ámbito en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación, garantizando, de esta forma una protección integral a la ciudadanía. Esta Ley crea y define en su articulado un verdadero Sistema Público de Servicios Sociales, dotado de naturaleza jurídica y que fortalezca uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar.
Además, la consejera ha realizado balance de medidas desarrolladas en la pasada legislatura sobre el Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social, del que se beneficiaron 150.000 personas; y del Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, con una inversión de 158 millones de euros de inversión, y del que se benefician más de 160.000 personas.
Según Sánchez Rubio, “estos dos decretos incidían en distintas líneas, como el Programa de Ayuda a la Contratación, gestionado por los ayuntamientos. Se ha invertido en cada decreto 40 millones de euros, lo que permitió más de 25.000 contratos con el primer decreto, más de 1,2 millones de jornadas diarias, y se estima que otros 25.000 contratos con el decreto de inclusión. Un programa al que se han acogido, durante 2014, 765 municipios de los 772 que existen en nuestra comunidad autónoma”.
Por otra parte, 24.000 menores en situación de riesgo se beneficiaron con el primer decreto del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, un refuerzo del programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano, mientras que 28.600 menores se han beneficiado con el Decreto de Inclusión. En cuanto a las ayudas económicas familiares, a través de convenios con entidades locales, en 2014 se beneficiaron un total de 14.898 familias y 27.526 menores, ayudas a las que la Junta ha destinado el año pasado 6 millones de euros.
Atención a la Dependencia
Por otra parte, Sánchez Rubio ha señalado que “hemos demostrado que la atención a la dependencia es sostenible y supone una auténtica inversión social. Genera retornos sociales, retornos económicos y es un impulso para el empleo, sobre todo femenino”.
Por ello, ha recordado que la Junta de Andalucía se compromete a aumentar en un 10% la partida presupuestaria de la Dependencia durante esta legislatura. “Un compromiso que la propia Presidenta de la Junta de Andalucía adelantó en su discurso de investidura, y que nos habla de hasta qué punto estamos comprometidos con el desarrollo de esta Ley”.
Andalucía ha liderado la aplicación de la Ley en España, desde su puesta en marcha en el año 2007. La comunidad autónoma cuenta en la actualidad con más de 162.300 personas beneficiarias y 218.000 prestaciones. Cifras que representan el 22% de las personas beneficiarias y prestaciones de toda España. El año pasado se incorporaron al sistema más de 18.000 nuevas personas beneficiarias, lo que ha supuesto 29.900 prestaciones nuevas. Además, se han llevado a cabo más de 73.800 nuevas valoraciones y revisiones, “financiando más del 78% del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22%, a pesar de que la Ley marcaba el compromiso de financiación del 50% de cada una de las administraciones”, ha señalado Sánchez Rubio.
Para el presente año, Andalucía destina 1.131 millones de euros para atención a la dependencia, casi el mismo importe que el Gobierno central para toda España.
Por ello, la consejera ha anunciado que próximamente “solicitaremos, con la mayor decisión y convicción, un Pacto de Estado por la Dependencia, que garantice el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema en toda España”.
La máxima responsable de las Políticas Sociales en Andalucía ha destacado también que actualmente se está elaborando el Primer Plan Andaluz de promoción de la Autonomía personal y prevención de la dependencia, que será aprobado este mismo año. “En este nuevo Plan incorporaremos al sistema de atención a la dependencia a las personas valoradas como grado moderado, con un novedoso programa multidisciplinar orientado a mantener su nivel de autonomía e independencia funcional”.
En relación a las personas con dependencia moderada, Sánchez Rubio ha avanzado que más de 27.000 valoradas con este grado se incorporarán al sistema de atención después de tres años de paralización de la Ley por parte del Gobierno central.
Personas mayores
En relación a las políticas dirigidas a las personas mayores, Sánchez Rubio ha destacado que desde la Junta de Andalucía se seguirá apostando por la promoción y el desarrollo de las actuaciones relativas al Envejecimiento Activo.
Una estrategia que se afianza con los más de 900 Centros de Participación Activa (168 de titularidad de la Junta de Andalucía), con más 540.000 personas asociadas, que han realizado casi 100.000 horas de talleres de promoción de la autonomía personal. Para la consejera, se evidencia también “en un servicio de Teleasistencia, referente en el ámbito europeo y del que se benefician más de 188.000 personas, con dos centros de atención dotados con la más alta tecnología en Sevilla y Málaga. Y, especialmente, la Tarjeta Andalucía Junta 65, que posee el 80% de la población mayor andaluza, más de un millón de personas”. Desde la puesta en marcha de este documento, en 2002, las personas mayores titulares de la tarjeta se han ahorrado 261 millones de euros gracias a las bonificaciones en productos y servicios (teleasistencia, viajes, audífonos, productos ópticos o comidas).
Por otra parte, el Gobierno andaluz va a seguir apostando por las Aulas de mayores en las Universidades públicas andaluzas, así como por las relaciones intergeneracionales, teniendo en cuenta el importante papel desempeñado en la actualidad por las personas mayores como soporte emocional y económico para muchas familias en la actualidad.
Pensiones
Durante su comparecencia, y en materia de pensiones, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha destacado que “sigue vigente, tal vez más que nunca, el espíritu del Pacto de Toledo y aún siendo conscientes de que esta Comunidad Autónoma tiene atribuidas solamente las competencias en materia de pensiones no contributivas, quiero manifestar nuestro compromiso con estas pensiones y con estas personas, tal y como hasta ahora lo hemos venido haciendo, complementando dentro de nuestras posibilidades sus ingresos, aumentando su poder adquisitivo”.
Compromiso que se traduce en los 76,8 millones de euros destinados entre 2012 y 2015. Cada año se han beneficiado 109.000 personas y se han incrementado las ayudas extraordinarias a pensiones no contributivas y asistenciales en un 8,2%.
Así lo ha señalado durante su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento andaluz, en la que ha ofrecido al resto de partidos políticos su disposición a la colaboración y al diálogo “para garantizar el bienestar de todos y todas”.
Sánchez Rubio ha avanzado el compromiso de la Junta de Andalucía por garantizar el acceso de la población más vulnerable a los servicios públicos en la presente Legislatura. La consejera ha destacado que ante la situación económica actual, y pese a que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más perjudicada por los recortes del Gobierno central, “la Igualdad y las Políticas Sociales son las que tratan de evitar que la pobreza abra una brecha social irreparable, las que siempre están al lado de los más desfavorecidos; son las que defienden los derechos de las personas dependientes, de las familias en su conjunto”.
La consejera ha avanzado que su departamento “va a llevar a cabo una serie de normas con el objetivo de salvaguardar y ampliar el estado del Bienestar de la población andaluza, a través de una apuesta decidida por las Políticas Sociales”. Sánchez Rubio ha señalado que en la presente legislatura se va a presentar en el Parlamento, además de la nueva Ley de Servicios Sociales, las leyes de Igualdad, de Violencia de Género, de Juventud, la Ley de Discapacidad, además de una ley que garantice unos ingresos mínimos para una vida digna, entre otras.
En lo que respecta a los servicios sociales, la prioridad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en esta materia para esta X Legislatura es la aprobación por parte del Consejo de Gobierno y posteriormente por el Parlamento de Andalucía de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
Una Ley que se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en este ámbito en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación, garantizando, de esta forma una protección integral a la ciudadanía. Esta Ley crea y define en su articulado un verdadero Sistema Público de Servicios Sociales, dotado de naturaleza jurídica y que fortalezca uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar.
Además, la consejera ha realizado balance de medidas desarrolladas en la pasada legislatura sobre el Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social, del que se beneficiaron 150.000 personas; y del Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, con una inversión de 158 millones de euros de inversión, y del que se benefician más de 160.000 personas.
Según Sánchez Rubio, “estos dos decretos incidían en distintas líneas, como el Programa de Ayuda a la Contratación, gestionado por los ayuntamientos. Se ha invertido en cada decreto 40 millones de euros, lo que permitió más de 25.000 contratos con el primer decreto, más de 1,2 millones de jornadas diarias, y se estima que otros 25.000 contratos con el decreto de inclusión. Un programa al que se han acogido, durante 2014, 765 municipios de los 772 que existen en nuestra comunidad autónoma”.
Por otra parte, 24.000 menores en situación de riesgo se beneficiaron con el primer decreto del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, un refuerzo del programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano, mientras que 28.600 menores se han beneficiado con el Decreto de Inclusión. En cuanto a las ayudas económicas familiares, a través de convenios con entidades locales, en 2014 se beneficiaron un total de 14.898 familias y 27.526 menores, ayudas a las que la Junta ha destinado el año pasado 6 millones de euros.
Atención a la Dependencia
Por otra parte, Sánchez Rubio ha señalado que “hemos demostrado que la atención a la dependencia es sostenible y supone una auténtica inversión social. Genera retornos sociales, retornos económicos y es un impulso para el empleo, sobre todo femenino”.
Por ello, ha recordado que la Junta de Andalucía se compromete a aumentar en un 10% la partida presupuestaria de la Dependencia durante esta legislatura. “Un compromiso que la propia Presidenta de la Junta de Andalucía adelantó en su discurso de investidura, y que nos habla de hasta qué punto estamos comprometidos con el desarrollo de esta Ley”.
Andalucía ha liderado la aplicación de la Ley en España, desde su puesta en marcha en el año 2007. La comunidad autónoma cuenta en la actualidad con más de 162.300 personas beneficiarias y 218.000 prestaciones. Cifras que representan el 22% de las personas beneficiarias y prestaciones de toda España. El año pasado se incorporaron al sistema más de 18.000 nuevas personas beneficiarias, lo que ha supuesto 29.900 prestaciones nuevas. Además, se han llevado a cabo más de 73.800 nuevas valoraciones y revisiones, “financiando más del 78% del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22%, a pesar de que la Ley marcaba el compromiso de financiación del 50% de cada una de las administraciones”, ha señalado Sánchez Rubio.
Para el presente año, Andalucía destina 1.131 millones de euros para atención a la dependencia, casi el mismo importe que el Gobierno central para toda España.
Por ello, la consejera ha anunciado que próximamente “solicitaremos, con la mayor decisión y convicción, un Pacto de Estado por la Dependencia, que garantice el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema en toda España”.
La máxima responsable de las Políticas Sociales en Andalucía ha destacado también que actualmente se está elaborando el Primer Plan Andaluz de promoción de la Autonomía personal y prevención de la dependencia, que será aprobado este mismo año. “En este nuevo Plan incorporaremos al sistema de atención a la dependencia a las personas valoradas como grado moderado, con un novedoso programa multidisciplinar orientado a mantener su nivel de autonomía e independencia funcional”.
En relación a las personas con dependencia moderada, Sánchez Rubio ha avanzado que más de 27.000 valoradas con este grado se incorporarán al sistema de atención después de tres años de paralización de la Ley por parte del Gobierno central.
Personas mayores
En relación a las políticas dirigidas a las personas mayores, Sánchez Rubio ha destacado que desde la Junta de Andalucía se seguirá apostando por la promoción y el desarrollo de las actuaciones relativas al Envejecimiento Activo.
Una estrategia que se afianza con los más de 900 Centros de Participación Activa (168 de titularidad de la Junta de Andalucía), con más 540.000 personas asociadas, que han realizado casi 100.000 horas de talleres de promoción de la autonomía personal. Para la consejera, se evidencia también “en un servicio de Teleasistencia, referente en el ámbito europeo y del que se benefician más de 188.000 personas, con dos centros de atención dotados con la más alta tecnología en Sevilla y Málaga. Y, especialmente, la Tarjeta Andalucía Junta 65, que posee el 80% de la población mayor andaluza, más de un millón de personas”. Desde la puesta en marcha de este documento, en 2002, las personas mayores titulares de la tarjeta se han ahorrado 261 millones de euros gracias a las bonificaciones en productos y servicios (teleasistencia, viajes, audífonos, productos ópticos o comidas).
Por otra parte, el Gobierno andaluz va a seguir apostando por las Aulas de mayores en las Universidades públicas andaluzas, así como por las relaciones intergeneracionales, teniendo en cuenta el importante papel desempeñado en la actualidad por las personas mayores como soporte emocional y económico para muchas familias en la actualidad.
Pensiones
Durante su comparecencia, y en materia de pensiones, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha destacado que “sigue vigente, tal vez más que nunca, el espíritu del Pacto de Toledo y aún siendo conscientes de que esta Comunidad Autónoma tiene atribuidas solamente las competencias en materia de pensiones no contributivas, quiero manifestar nuestro compromiso con estas pensiones y con estas personas, tal y como hasta ahora lo hemos venido haciendo, complementando dentro de nuestras posibilidades sus ingresos, aumentando su poder adquisitivo”.
Compromiso que se traduce en los 76,8 millones de euros destinados entre 2012 y 2015. Cada año se han beneficiado 109.000 personas y se han incrementado las ayudas extraordinarias a pensiones no contributivas y asistenciales en un 8,2%.
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