Más de 200 profesionales del trabajo social y del sector de la Geriatría se dieron cita, la semana pasada, en el Salón de Actos de los servicios centrales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en unas jornadas organizadas por la Asociación Benéfica Geriátrica (ABG) y la Asociación Mis Mayores (Mima). El objetivo era conocer las herramientas existentes en la legislación para la protección jurídica de las personas de edad avanzada y las vías de actuación, tanto a nivel profesional como familiar. El acto contó con el apoyo de las entidades Cuidum, Domusvi, Orpea y Pensium como patrocinadores y de la Fundación Aequitas como colaborador. 

La inauguración de la jornada corrió a cargo de Ana Lima, secretaria de Estado de Servicios Sociales, y Daniel Gil, vicedecano del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. Ante un público integrado, en su gran mayoría, por trabajadores sociales, Gil quiso remarcar la importancia de la organización profesional en el sector de cara a dar una respuesta colectiva a todos los usuarios. “No solo somos una organización que defiende la profesión, somos la garantía de que el usuario que atiende el profesional tiene sus derechos protegidos”, aseguró el vicedecano que, así mismo, afirmó que la protección jurídica del mayor está cada vez más presente en el Colegio Oficial de Trabajo Social. 

Lima adelantó, en su intervención, la presentación del próximo Plan Nacional de Alzheimer, que está ultimando el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del Imserso, junto al Grupo Estatal de Demencias y la secretaría general de Sanidad. Según manifestó la secretaria de Estado de Servicios Sociales, este documento "cuenta con la máxima participación de los colectivos y la sociedad más implicados en el Alzheimer. El texto recoge objetivos y medidas transversales para mejorar el diagnóstico de la enfermedad, la atención a las personas afectadas y a los familiares que los cuidan". 

Las ponencias tuvieron un marcado carácter multidisciplinar, con las exposiciones de profesionales del ámbito jurídico, de la psicología y del trabajo social. Ignacio Carpio, notario y colaborador de la Fundación Aequitas, dio comienzo al turno de ponencias. Carpio hizo una introducción a las consecuencias jurídicas no deseadas derivadas de la edad avanzada y a las figuras de protección jurídica no patrimonial de las personas mayores. Además, durante su exposición ahondó en las diferentes medidas de prevención ante las dificultades de capacidad como las voluntades anticipadas, el testamento vital o la autonomía de la voluntad en la designación de representantes (autotutela y autocuratela).

Los ponentes coincidieron en remarcar el objetivo de la incapacitación judicial de proteger al incapacitado, no de limitar sus derechos, por lo que “una persona incapacitada judicialmente no está limitada ni anulada como persona”, aseguraron. 

Ya en el segundo turno de ponencias, Nacho Alonso, trabajador social de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) explicó el procedimiento para llevar a cabo una modificación de capacidad, así como los requisitos y obligaciones que debe cumplir un tutor legal y la diferencia entre un tutor personal y uno institucional. Además, explicó el programa de Mayores en Domicilio que se ha puesto en marcha desde el AMTA y que presta una atención integral a adultos mayores que residen en su domicilio solos y con nula o deficiente red familiar y/o social de apoyo. 

Pilar Castellanos, psicóloga Forense de los Juzgados de Incapacidades y Tutelas de Madrid explicó a los asistentes las áreas de intervención del Equipo Psicosocial, la metodología seguida por este y los contenidos contemplados en la valoración psicosocial de la idoneidad del tutor. 

Finalmente, Antonio Balbontín, subdirector general de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso, fue el encargado de clausurar la jornada. Balbontín remarcó que “la atención a las personas mayores siempre ha sido el eje fundamental en la historia del organismo” y aprovechó para explicar a los asistentes el proyecto en el que está trabajando desde el Imserso y que consiste en la elaboración de una estrategia nacional de personas mayores para promoción del envejecimiento activo y su buen trato. “Queremos hacer una serie de líneas de actuación que nos sirvan como eje de las políticas públicas de promoción del envejecimiento activo”, señaló.