miércoles, 9 julio 2025
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Julián Gutiérrez / Secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC OO

‘Las sensaciones que tenemos es de que no hay una voluntad política de solucionar el problema de la Seguridad Social’

Es un gran activista en favor de los derechos de los mayores. Si algo le caracteriza, es su inagotable capacidad de trabajo y que no titubea a la hora de calificar las políticas adoptadas hacia este colectivo. Gutiérrez analiza las conclusiones del Observatorio Social, elaborado por el sindicato, y valora los problemas actuales de los senior
Pregunta.- Un año más, el Observatorio Social de Comisiones Obreras, pone luz y taquígrafo sobre las carencias que afectan más al colectivo de personas mayores. En esta ocasión, ¿qué situaciones pondría de relieve? 
Respuesta.- Que las personas mayores necesitan más ayudas de los Gobiernos y que no se les mire como que solo gastan, cuando hay que verlo desde el punto de vista de que se pueden crear miles de puestos de trabajo y, además, estarían bien atendidas las personas mayores.

P.- Las mujeres mayores adolecen de una problemática mayor, según señalan en el estudio, que condiciona su independencia económica. ¿Cree que se están tomando medidas realistas para atajar esta situación?
R.- No se están poniendo las medidas adecuadas pues hay un ejemplo muy claro y es que la tasa de empleo (de 50 a 65 años) en la mujer es del 47,20% cuando en los hombres es del 61,40% y la media del salario en el mismo rango de años es de 31.500 euros para los hombres y 22.500 euros para las mujeres.
Las pensiones no contributivas, aquellas que tienen como objetivo asegurar ingresos a aquellas personas que no generaron derecho al sistema contributivo, tienen como destinatarias principales a las mujeres: cubrirían a un 3,13% de las mujeres mayores frente al 1,14% en el caso de los hombres y sus cuantías medias apenas son de 357 euros al mes.
Esta diferencia se manifiesta de manera global en las dificultades económicas que manifiestan las mujeres mayores, cuya tasa de riesgo de pobreza es dos puntos superior a la de los hombres. Además un 13,2% de las mujeres mayores viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza.

P.- El trabajo, elaborado mano a mano entre la Federación de Pensionistas y Jubilados y la Fundación 1º de Mayo de CC OO, evidencia que un 15% de las mujeres asesinadas en 2015 por violencia machista eran mayores. Es evidente que hablamos de un colectivo con dificultad para reconocer una situación de maltrato o al que le resulta imposible o complicado defenderse o solicitar ayuda. ¿No se debería, pues, trabajar sobre una respuesta diferente por parte de las administraciones públicas para poder hacer visible su situación?
R.- Las mujeres mayores tienen dificultades para defenderse, solicitar ayuda o conocer sus derechos, por eso, las hacen un grupo especialmente vulnerable. El estudio pone de relieve que tienden a ocultar las situaciones de violencia, temen denunciar y enfrentarse a rehacer sus vidas o romper con sus familias. Además, tienen más dificultad para reconocer las situaciones de maltrato, ya que las tienen incorporadas como modelo de relación o porque admitir el abuso dentro del propio hogar les resulta muy doloroso. A esto se suma la falta de recursos específicos para abordar la problemática específica de las mujeres mayores y los servicios existentes pueden no ser apropiados para estas.
Por ello, hay que continuar en el desarrollo de estudios y recopilación de datos, visibilizar las necesidades y demandas de mujeres mayores que sufren violencia, la adecuación a las realidades específicas de los servicios de apoyo a las víctimas, la formación y entrenamiento de profesionales y del personal en la detección, cuidado y rehabilitación, para evitar los problemas de aislamiento de las mujeres.

P.- Otro asunto sobre el que inciden es la discriminación por edad. Lo cierto es que se está hablando mucho de este tipo de situaciones en todos los ámbitos de la sociedad pero, ¿qué habría que hacer para promover una correcta concienciación sobre este asunto?
R.- Combatir la discriminación pasa por dotar a las personas mayores de medios que permitan y las animen a regir sus propias vidas el máximo tiempo posible. Estos medios pasan, en primer lugar, por la seguridad económica, pero también por impulsar actitudes que impulsen sus relaciones interpersonales, que potencien el autocuidado y prepararles para desenvolverse con la mayor autonomía posible. Se trata de dotar de herramientas a las personas mayores para su empoderamiento, considerándolos no solo beneficiarios de asistencia social sino sujetos de derecho. Se trata, en definitiva, de romper con las barreras jurídicas, institucionales y físicas que representan un menoscabo en la igualdad y calidad de vida en la vejez.

P.- Respecto al reto demográfico. A nivel político, parece que ya se ha puesto sobre la mesa como un asunto prioritario… Es evidente que ya es tarde porque como apuntan en el informe ya nos estamos enfrentando a un proceso de “envejecimiento del envejecimiento”. ¿Qué es lo que, en su opinión, habría que abordar con urgencia?
R.- Hay que tener en cuenta con urgencia el estado de salud y grado de autonomía de las personas mayores y ancianas, que obliga a tener en perspectiva la necesidad de prolongar los años libres de enfermedad y de dependencia. Para ello hay que asegurar los recursos suficientes para que la calidad de vida de las personas aquejadas sea lo mejor posible. Pues los recortes en sanidad, la falta de desarrollo de la atención a la dependencia o el mayor o menor desarrollo de los servicios sociales, afectan en gran medida a la población mayor.

P.- También abordan el asunto de las pensiones, ¿cómo valoraría las intervenciones y aportaciones que se están realizando desde la Comisión de Evaluación del Pacto de Toledo? ¿Qué sensaciones está teniendo?

R.- Las sensaciones que tenemos es de que no hay una voluntad política de solucionar el problema de la seguridad social, pero desde CC OO que hemos firmado todos los acuerdos de pensiones, seguimos trabajando para que se llegue a un acuerdo, pues con la reforma de pensiones de 2013, sin contar con los agentes sociales, el resultado fue pasar de tener 70.000 millones de euros en el fondo de reserva, a solamente 15.000 en estos momentos.
El principal objetivo de un sistema de pensiones es social, entendido como un instrumento de protección pública que garantiza una renta a quienes alcanzan una edad determinada a partir de la que se considera el retiro profesional, o bien padecen una situación invalidante para el trabajo o son beneficiarios de una persona que ha fallecido generando derechos a pensión contributiva para su cónyuge, pareja, hijos o familiares.
La función de las pensiones es la de garantizar una renta económica suficiente para todas las personas en su última etapa vital, una renta que debe guardar una cierta relación con la capacidad de compra de los salarios que las personas trabajadoras tuvieron en activo y, en todo caso, proporcione un nivel mínimo suficiente para todos los ciudadanos. En la práctica, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen en las pensiones públicas su principal fuente de ingresos.
Otra función de un sistema de pensiones tiene que ver con el papel que estas rentas despliegan sobre el conjunto de la economía, consolidándose como un elemento fundamental a la hora de sostener una parte cada vez más relevante de la demanda interna, y por tanto, en un sostén de primer orden del consumo y el empleo asociado al mismo. Las pensiones son de esta forma un estabilizador de la economía al limitar los efectos negativos de los ciclos que de forma periódica afectan a la actividad productiva. Efectos que se verán incluso potenciados en las próximas décadas como consecuencia del aumento del peso relativo de este colectivo respecto del total de la población.
La combinación de ambos objetivos, social y macroeconómica, se ha articulado además en el caso de España mediante un sistema de solidaridad intergeneracional e interterritorial que es necesario poner en valor y proteger.
Desde CC OO hemos hecho propuestas, y con financiación suficiente del sistema, y las llevamos al debate en el Pacto de Toledo para mantener un sistema de pensiones viable y en el que a los pensionistas se les garantice la recuperación del IPC que en estos momentos no lo tenemos garantizado, cuando además 180 diputados y diputadas, firmaron para que se subiese el 1,2% las pensiones en el año 2017 y el Gobierno no lo esta cumpliendo, pero seguiremos movilizándonos hasta conseguirlo.

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Emma Vicente
Emma Vicentehttps://entremayores.es/
Licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca. Cubre la información de salud e internacional de entremayores y la edición de Castilla y León.

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