Las comunidades autónomas financian más de una cuarta parte del gasto social en servicios sociales. Los estudios llevados a cabo por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS), en especial el Índice DEC, muestran que el protagonismo local es determinante tanto en la eficacia como en la eficiencia de la inversión en servicios sociales. De ahí la importancia de se cuente con un marco legislativo y normativo que reconozca sus competencias, así como con una financiación adecuada.

Los datos de la ejecución de los presupuestos de las Administraciones Públicas en 2016, que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ofrecen información respecto al compromiso de las diferentes regiones con la financiación de los servicios sociales locales. A nivel general, el 26,3% de la inversión que realizan las entidades locales en servicios sociales se financia con transferencias de las comunidades. 

Andalucía es la región que contribuye con un mayor porcentaje para la financiación de los servicios sociales de sus municipios y diputaciones: casi la mitad de sus presupuestos en esta materia (45,6%) provienen de transferencias de la Junta de Andalucía. Asturias, con un 44,5%, es otra comunidad destacada. Cantabria, Navarra, Extremadura, Euskadi y Castilla y León se sitúan también por encima de la media.

Por el contrario, Murcia, Galicia y La Rioja son las que ofrecen porcentajes más bajos en la financiación de los servicios sociales de ámbito local en sus territorios, todas ellas por debajo del 18%.

En el caso de Illes Balears y Aragón, los bajos porcentajes que aparecen no representan la aportación real de ambas comunidades a los presupuestos de sus entidades locales en servicios sociales, ya que una parte muy significativa de esta aportación corresponde a transferencias no finalistas a los cabildos (Balears) y a las comarcas (Aragón), debido a sus políticas descentralizadoras en esta materia.