El pasado 3 de octubre fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la modificación de la Ley de Dependencia, una reforma legislativa, que entrará en vigor el próximo día 23 de octubre, redefine el marco teórico y práctico de los cuidados de larga duración para las personas mayores en España. Para la Federación Lares, organización representativa de las residencias y otros servicios del sector solidario para personas mayores, la nueva redacción legal establece las bases para una transformación profunda del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

"La reforma aborda con claridad la urgencia de superar de forma definitiva la cultura asistencialista tradicional que ha caracterizado histórica y operativamente al sistema. El nuevo marco legal se fundamenta explícitamente en el enfoque de derechos humanos, situando en el centro la dignidad, la libre determinación y el fomento de la vida independiente", exponen desde la entidad. Bajo esta perspectiva, los apoyos y servicios, añaden, "no deben concebirse como meras intervenciones proteccionistas o mecánicas, sino como herramientas orientadas a respetar y hacer prevalecer la voluntad, deseos, fortalezas y preferencias de cada persona en situación de dependencia. El objetivo central del sistema pasa a ser que cada individuo pueda mantener, elegir y desarrollar un proyecto de vida con sentido, con independencia de su edad, grado de dependencia o complejidad de los apoyos que requiera".

Para la federación, un aspecto fundamental de este viraje hacia el enfoque de derechos humanos es la necesidad de adecuar las prácticas al reconocimiento universal de la dignidad, lo cual exige cuidados y apoyos libres de sujeciones, un objetivo que Lares lleva persiguiendo desde hace mucho tiempo. "El texto de la reforma advierte que la utilización de restricciones y sujeciones físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas compromete y limita derechos constitucionales como la libertad, la autonomía personal, la intimidad y la integridad física y moral. Lejos del excesivo proteccionismo que pretendía justificar su uso por razones de seguridad, la ley establece que estas prácticas entrañan graves riesgos y pueden ser traumáticas a nivel físico, psicológico y cognitivo. Por ello, la nueva norma, muy acertadamente, determina que el buen trato no consiste en eliminar el riesgo, sino en cuidar desde el respeto a la singularidad de cada persona, limitando la exclusiva utilización de restricciones a casos excepcionales de urgencia vital y siempre bajo criterios médicos", valoran desde la entidad.

La traducción práctica de esta nueva orientación hacia los derechos humanos que recoge la norma exige, para Lares, "reorganizar la red asistencial hacia un modelo de base profundamente comunitaria, potenciando el servicio de ayuda a domicilio (SAD), a través de su personalización y extendiendo su ámbito de actuación al entorno comunitario próximo a la vivienda habitual de la persona". Al mismo tiempo, la reforma introduce que los centros de día se reconfiguran como eslabones clave dentro del itinerario de apoyos, complementando la autonomía e independencia de la persona en estrecha conexión con su entorno familiar y relacional. Pero, como es lógico, Lares concreta que "no se desvalora ni se pretende eliminar la atención residencial, sino que se reorienta para constituir entornos de vida hogareños e inclusivos que conecten activamente a los residentes con su comunidad, en la ya conocida línea de la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados y del vigente Acuerdo del Consejo Territorial de 2022 sobre criterios comunes de acreditación y calidad".

En el plano de la gestión, la ley pretende agilizar administrativamente el procedimiento del programa individual de atención (PIA) y su revisión. El objetivo es poner el foco de atención en la voluntad, deseos y preferencias de la persona en situación de dependencia y en su derecho a elegir, haciendo explícitas aquellas situaciones de especial vulnerabilidad por la intersección de factores que requieren ser atendidas con urgencia. Todo ello acompañado del establecimiento de un marco referencial de estándares comunes para evaluar la calidad de los centros y servicios, valorando su impacto directo en la satisfacción de los derechos y la calidad de vida.

Lejos de suponer una amenaza para las residencias de personas mayores, la orientación comunitaria refuerza la visión institucional de Lares. Como argumenta el secretario general de la Federación Lares, Antonio Molina Schmid, "el modelo de cuidados Lares nació precisamente del tejido comunitario (pueblos, barrios, ciudades y parroquias) y ha estado históricamente enfocado en la persona y no en el rendimiento económico-mercantil. Por ello, la nueva ley supone una oportunidad para consolidar un modelo donde las residencias integradas de atención humanizada actúen como un complemento natural de la oferta comunitaria cuando la permanencia en el propio domicilio no sea posible o deseada por la propia persona mayor".

Ahora bien, para que los principios trazados en la ley se traduzcan en mejoras reales en la calidad de vida de las personas atendidas y de los profesionales, la entidad apunta a la necesidad indispensable de dotar al sistema de solvencia material y organizativa. Por ello, el presidente de la Federación Lares, José Luis Pareja Rivas, aunque valora positivamente la modificación legislativa, sitúa el foco en dos retos de gestión inmediatos: "la persistente escasez de personal cualificado y la necesidad de contar con recursos económicos estables que aseguren la viabilidad del sector". Asimismo, destaca como prioridades operativas el despliegue definitivo de la coordinación sociosanitaria y la agilización efectiva de las listas de espera.

En esta misma línea, el ecónomo general de Lares, Rafael Luque Muñoz, enfatiza que "la necesaria dignificación retributiva y laboral de los profesionales debe ir acompañada de una actualización de los precios de las plazas concertadas, conforme al coste real de los servicios". Para lograrlo, señala dos cuestiones estructurales: Por un lado, la disparidad territorial, ya que actualmente existe una acusada desigualdad en los precios de concertación entre las diferentes comunidades autónomas, lo que hace urgente la realización de un estudio estatal riguroso y actualizado sobre el coste real de las prestaciones. Por otro lado, la singularidad del tercer sector, que hace imprescindible que la normativa y las licitaciones reconozcan de forma diferenciada la naturaleza y valores de las entidades sociales y sin ánimo de lucro, cuyo modelo de atención no responde a lógicas ni dinámicas mercantiles.

Como conclusión, desde Lares afirman "con ilusión" que la reforma de la Ley de dependencia establece un marco de referencia positivo para los servicios sociales en España, fijando estándares comunes de calidad centrados en los derechos, la vida independiente y el impacto directo en el bienestar de usuarios y profesionales. "El éxito de este nuevo modelo dependerá de la capacidad de las administraciones públicas para acompañar la exigencia normativa con la financiación adecuada, la resolución de las brechas territoriales y el respaldo tangible a los profesionales. Desde Lares, ratificamos nuestro compromiso con la comunidad profesional para liderar esta transición hacia una atención personalizada y arraigada en la dignidad humana", concluyen.