El año comenzó con la subida del 0,25% de las pensiones, el mínimo legal establecido en la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones. Y ya es la quinta vez consecutiva.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), ante este hecho, no dudó en tildar este incremento de “limosna”.

Y es que traducido en datos reales, supone que la pensión media del sistema no llega a sumar dos euros más al mes. Interpretado también en economía doméstica, desde la confederación apuntan que esta cantidad ni siquiera servirá para compensar la subida del recibo de la luz, que alcanzó el 10% de alza el año pasado.

“La indignación sorda de nueve millones de jubilados por unos datos tan escandalosos, ¿no se transformará en un ejemplar castigo en votos en las próximas elecciones?”, se preguntan. Sin embargo, hacen un llamamiento a la cordura para “corregir esta insensatez, porque los presupuestos 2018 no están aprobados”.

También desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), añaden que esta “insuficiente subida” supone una pérdida de poder adquisitivo del 1,25%, afectando a todos los pensionistas, “teniendo en cuenta que el coste de la vida sigue aumentando cada día”.

Y reclaman una propuesta concreta: “la urgente adopción de medidas que supongan la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas, que pasan por cambiar los términos de la actualización anual fija del 0,25% estipulado desde 2013, por el incremento anual de las pensiones en función del Índice de Precios de Consumo (IPC), así como la necesaria subida de las pensiones más bajas, equiparando al menos la pensión mínima con el salario mínimo, establecido en 707,60 euros”.

PENSIONES A LA CARTA
Y es que nadie está ajeno al debate social sobre esta cuenta atrás, que inexorablemente, nos aboca a un futuro poco halagüeño para la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Tanto es así que, a mediados de enero, miles de jubilados se movilizaron por numerosas capitales de provincia para reclamar al Gobierno “pensiones dignas”.

Convocados por CC OO y UGT, estas manifestaciones vinieron a representar la continuidad de las marchas que los sindicatos realizaron el pasado mes de octubre pasado y que convergieron en Madrid desde diferentes puntos de España.

Estas organizaciones reclaman recuperar urgentemente el diálogo con los interlocutores sociales en materia de pensiones. Y quieren restablecer el diálogo en el foro acordado para tal fin, la Comisión de Control y Seguimiento del Pacto de Toledo.

Lo señalan así tras el anuncio ‘mediático’ de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sobre la posibilidad de elegir los 25 mejores años de cotización en jubilaciones a los 67 años. Actualmente, y según la reforma de pensiones de 2013, la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión va de 15 a 25 años. Para 2018, la cuantía de la pensión se calcula en función de las bases de cotización de los 21 años inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación. Para 2022, el periodo de cálculo será de 25 años. Pero la propuesta ‘globo sonda’ de la ministra alteraría esta previsión.

A priori, se trata de una medida pensada para parados de larga duración y cuyas carreras profesionales se han visto truncadas en el periodo final de cotización. Sin embargo, los expertos creen que esta medida cojea.

Recientemente, el presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, José Antonio Herce, publicó –en el blog BBVA, Mi Jubilación– un interesante artículo titulado ‘Pensiones a la carta’ en el que analiza esta propuesta lanzada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En su opinión, “hay una lectura positiva cuando se refiere a la parte de ‘incluir toda la vida laboral’ en dicho cómputo, pero se tuerce cuando se añade ‘voluntariamente’”.

Para el experto, “la propuesta no es razonable porque no liga el coste con el beneficio de la opción”, y esto puede “inducir a la compra de pensiones”.

También apunta que habría que ver los detalles, pero concluye que “las opciones que se introduzcan en la mecánica de causación de las pensiones no pueden comprometer todavía más su sostenibilidad, solo para vender más suficiencia en el mercado electoral. Sino que, aún a costa de algunos votos, deben de reforzar la sostenibilidad, justamente para que las promesas del pago de las pensiones que hace la mayor compañía de seguros de este país no queden en meras palabras que nunca se hagan realidad”, puntualiza.

EL LAZO MARRÓN
Con mucha fuerza y dispuestos a hacer todo lo posible para que este año se defina por fin el futuro del sistema de pensiones, la UGT ha sacado todo la artillería pesada. Varias son las iniciativas con este fin.

Así, por ejemplo, animan a los jubilados a devolver la carta por la que el Gobierno les comunica la subida de las pensiones del 0,25% para este año. Instan a que muestren su indignación proponiéndoles que remitan estas misivas a sus sedes provinciales para, en un acto sindical entregar, “en un gran paquete”, las cartas de nuevo al Gobierno, como rechazo al “raquítico aumento”, señalan, y más aún teniendo en cuenta que el gasto generado por esta correspondencia supone un tercio de la subida de un mes –1,62 euros–, en el caso de la pensión más habitual de unos 645 euros, calculan desde la UGT.

Esta nueva iniciativa se enmarca en la campaña que el sindicato está impulsando para protestar también contra la insuficiente subida de las pensiones para este año. Una campaña que se difunde, sobre todo, a través de las redes sociales y que se representa con un lazo marrón para denunciar la “subida de mierda” que condena a los pensionistas a perder poder adquisitivo.

En este sentido, puntualizan: “En 2017 perdieron un 1,75%, en función de lo que subió el coste de la vida y este año ocurrirá lo mismo. Por eso, UGT mantendrá esta campaña a lo largo 2018, para denunciar el recorte, mes a mes, del poder adquisitivo de los pensionistas”, señaló recientemente la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María Carmen Barrera.

Lo hizo durante la presentación del informe “Las pensiones españolas no son ni excesivamente generosas ni insostenibles”, un estudio, elaborado por la UGT, en contraposición a las conclusiones del informe bianual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Entre otras aportaciones, este estudio califica como “de los más generosos” al sistema de pensiones español. Una afirmación que para el sindicato es mentira, además de “sesgada y distorsionada”.

Alerta sobre “el proceso de empobrecimiento de los pensionistas en nuestro país, en los próximos años, pues será uno de los más intensos de todos los países, debido a la reforma impuesta por el Gobierno en 2013”.

Y también “destaca que la población total, la población en edad de trabajar y la ocupada, variables sobre los que alerta la OCDE, dependerán de decisiones políticas adoptadas a lo largo del tiempo”.

En definitiva, no ha pasado más de un mes de 2018 y las pensiones monopolizan casi todos los debates. Es más que necesario que este año se tomen decisiones de calado para que el horizonte de la sostenibilidad del sistema se presente menos oscuro.


>> OPINIÓN: 'Un lazo marrón para denunciar la subida de mierda del 0,25% de las pensiones'. Por Anatolio Díez Merino, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT