Los días 1 y 2 de octubre, el Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá la Convención Europea de Dependencia, un encuentro impulsado por la Fundación Economía y Salud que reunirá a expertos internacionales procedentes del Parlamento Europeo, la OMS, la London School of Economics, la OCDE, economistas y profesionales referentes en coordinación social y sanitaria en países como Finlandia, Alemania o Países Bajos.

Alberto Giménez, presidente de la fundación, explica que “el propósito de la convención va más allá del debate puntual durante esas jornadas: se trata de ver en qué medidas podemos todos apoyar con un informe. Un documento que compartiremos en el Parlamento de Bruselas, donde todos los países y todos los expertos le proponen a legisladores y políticos medidas que mejoren el sector. Hay que buscar el consenso y trabajaremos no solo el día 1 y el 2 de octubre, donde intercambiaremos datos y opiniones, sino a lo largo de dos o tres meses para elaborar ese informe de consenso”.

La convención se estructurará en seis mesas de análisis dedicadas a evaluar cómo se trata a las personas beneficiarias, las vías de financiación, el perfil de los profesionales, los recursos materiales y la coordinación entre el ámbito social y el sanitario.

Giménez subraya la necesidad urgente de este encuentro analizando la situación de España en el contexto internacional:

-Inversión insuficiente: España dedica actualmente el 1% de su PIB a la dependencia, frente al 2% de la media en la Unión Europea o el 3-4% de los países nórdicos.

-Listas de espera: Más de 265.000 personas se encuentran en lista de espera para recibir prestación, sumadas a 110.000 pendientes de valoración.

-Fiscalidad y condiciones: El presidente de la Fundación señala otros retos como la aplicación del IVA a los servicios sociales privados cuando se exime de este tributo a la sanidad o a la atención social pública.

Pese a las diferencias estructurales y políticas entre los países miembros, Giménez defiende la viabilidad de pactar una estrategia común europea. "La salud y el bienestar social deben quedar al margen de la polarización partidista mediante pactos de Estado de alto valor y larga duración que garanticen la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias", concluye.