La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó recientemente un informe elaborado por Alfonso Sánchez (UCM), Miguel Angel García (URJC) y Angel de la Fuente en el que se analiza la evolución de las cuentas del sistema público de pensiones contributivas durante las tres últimas décadas y se construyen proyecciones a largo plazo de gastos e ingresos atendiendo a diversos escenarios macroeconómicos y distintas opciones políticas. El informe descompone el saldo financiero del sistema de pensiones, lo que permite aislar la contribución al mismo de factores como la demografía, la evolución del empleo y de la productividad y el cómputo de la pensión. Contextualizando el análisis entre 1985-2014, se revela que la situación financiera del sistema contributivo se ha ido deteriorando con los años, fundamentalmente, por dos factores: el envejecimiento de la población y, en gran medida, por la fuerte desaceleración del crecimiento de la productividad y, por tanto, de los salarios reales, que se han estancado en las últimas décadas.
De cara al futuro, en el informe se utiliza un modelo dinámico de equilibrio general para proyectar los ingresos y los gastos durante el próximo medio siglo en escenarios distintos. El escenario base mantiene las hipótesis centrales del Grupo de Trabajo de Envejecimiento de la Comisión Europea. Si se cumplen sus previsiones, el principal riesgo sería la pérdida de poder adquisitivo que las pensiones sufrirían a lo largo de la vida del pensionista con la actual regulación del Índice de Revalorización de las Pensiones (el IRP), sin ingresos adicionales. Los cálculos recogidos en el informe sugieren que hay margen para acometer medidas paliativas que mitiguen los efectos más adversos del IRP, las cuales deberían formar parte del acuerdo de una reforma en profundidad. El informe no entra en el diseño de la reforma, pero sugiere ver las experiencias de los países de nuestro entorno.
Entre las propuestas de Fedea para aliviar los posibles efectos adversos del IRP figura “blindar” la pensión mínima, ligándola a la tasa de inflación. Esta medida tendría un coste medio anual durante los próximos 40 años de algo más de cuatro décimas de PIB que habría que financiar con impuestos adicionales. La Fundación no ve como “solución buena” financiar con impuestos ciertos tipos de pensiones, trasladando así el problema a los presupuestos del Estado.
El informe, para finalizar, reflexiona sobre que “el futuro del sistema de pensiones no está escrito y depende de nuestra capacidad de adoptar una política económica que ayude a ‘hacer más grande la tarta’, fomentando el crecimiento del empleo y la productividad”. También consideran que las políticas de familia y de inmigración “podrían jugar un papel importante en este ámbito, ayudando a mitigar el problema demográfico al que nos enfrentamos”, concluye.