Según los últimos datos oficiales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), 335.201 personas en situación de dependencia están en lista de espera. Por este motivo, para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS), "resulta preocupante que más de una tercera parte (36%) son dependientes con Grado II o III (dependientes severos y grandes dependientes); en total, 121.588 personas. Esta situación hace que el pasado año, una media de 111 personas en situación de dependencia fallecieran en España cada día sin recibir la prestación o servicio a los que tenían derecho". La asociación asegura que "cada mes fallece el 1% de quienes están en espera (más de 3.300 personas al mes, actualmente)".

En 2016 se redujo la lista de espera en 36.017 personas (saldo neto) "a lo que evidentemente contribuyen los fallecimientos de personas en espera de recibir atención", explican desde la asociación, y añaden que "resulta muy preocupante que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 se mantenga esta inhumana situación por una evidente falta de financiación del sistema".

Para la asociación, recuperar los recortes de 2012 e incrementar en 480 millones de euros el programa presupuestario en atención a la dependencia es un compromiso "que está siendo incumplido por Ciudadanos y Partido Popular, ya que figuraba en el acuerdo de investidura (medida 57 del documento “150 compromisos para mejorar España”), y también en el Pacto de Estado suscrito por todos los grupos parlamentarios, el pasado 14 de diciembre, con ocasión del X aniversario de la Ley".

Según la asociación, recuperar los recortes en la financiación estatal permitiría disminuir la lista de espera en cerca de 90.000 personas y se generarían más de 20.000 empleos en un año. "Además, de los 480 millones de euros de incremento de gasto público, se recuperarían de manera directa 191 millones en el mismo ejercicio presupuestario (casi el 40%)", afirman.

La asociación cree que si la aportación estatal fuese del 50% del total del gasto público, como establece la ley, y se mantuviese la aportación autonómica de 2016, se aseguraría la plena atención a las 335.000 personas que actualmente están lo que se conoce como 'Limbo de la Dependencia'. "Pero si las Administraciones públicas siguen incumpliendo la ley y violando derechos subjetivos, este año fallecerán otras 36.000 personas que tenían un derecho reconocido, sin recibir servicios o prestaciones. Y tendremos que volver a sufrir el indignante espectáculo de escuchar a algún portavoz del Gobierno alardear de que está bajando la lista de espera”, señalan.