La crisis sanitaria y social provocada por el Covid-19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, el incremento del gasto en estas políticas, gestionadas por las comunidades "solo ha sido del 7% entre 2019 y 2021, mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 34% en ese mismo periodo (casi cinco veces más). Ello evidencia la pérdida de peso del gasto social en las comunidades". Esta es la principal conclusión que se extrae del informe que acaba de presentar la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS).

Así, los datos de la entidad reflejan que el gasto corriente en políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) ha aumentado 8.526,8 millones de euros en el conjunto de comunidades entre 2019 y 2021. "Llama la atención el exiguo crecimiento del 3,5% del gasto sanitario –2.356 millones más–. Debemos reseñar que el presupuesto en 2021 es definitivo (no liquidado) y que es precisamente en sanidad donde se producen con más frecuencia desviaciones presupuestarias", valoran desde la ADGSS.

Asimismo, resaltan "el importante aumento de las transferencias estatales, que alcanza 23.701,7 millones de euros en este periodo", unos datos que indican que este incremento de financiación estatal "no se ha visto reflejado en la misma medida en un incremento en el gasto social en las comunidades".

La ADGSS expone que la evolución del gasto en políticas sociales por regiones ha sido muy desigual. Así, en cuantía se puede afirmar que todas las comunidades salvo Catalunya, Madrid y Murcia han superado en 2021 el gasto social por habitante que tenían en 2019. Resaltan Castilla-La Mancha, con un aumento de 514,9 euros ,y La Rioja con 487,3. En negativo lo hacen Catalunya, que lo reduce en 134,5 euros; Madrid, en casi 119 euros; y Murcia, en 64,9.

"Un escenario diferente nos muestra el peso específico que estas políticas tienen en el escenario general. Si observamos el porcentaje de su presupuesto que destinan a cubrir las políticas sociales, vemos que 12 de las 17 comunidades han reducido este porcentaje, siendo especialmente acusado este descenso en la Comunidad de Madrid (-10,18%) y Asturias (-6,72%), seguido de Extremadura (-5,93%) y Catalunnya (-5,55%)", recoge el informe,

Analizando el gasto por habitante y en el año 2021 en cada comunidad, la ADGSS concluye que "el dibujo de España es muy desigual". Los 2.202 euros que Madrid invierte en consolidar sus derechos sociales frente a los 3.748 euros de Navarra o los 3.570 de Euskadi respaldan dicha desigualdad. 

De nuevo Madrid, con 2.202 euros y Catalunnya, con 2.423 euros, se encuentran a la cola del gasto social por habitante, un 20,6% inferior a la media de España.

Hasta 2019 no se superó el gasto que las comunidades destinaban a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales), ni en cuantía ni en gasto por habitante. Así, los 116,9 millones de euros de 2009 solo se superan en 2019 (122,5 millones), y los 2.774,8 euros por habitante y año en gasto social de media en el conjunto de comunidades, en 2021, "ni siquiera es un 10% superior al de 2009".

Pero "a partir de 2010 el porcentaje que representa este gasto sobre el total de los presupuestos autonómicos marca una clara tendencia descendente, tendencia rota ligeramente en los años 2015 y 2016". En 2010 representaban el 67,4% del presupuesto autonómico, mientras que 12 años después este porcentaje ha caído 9 puntos y se sitúa en 58,3%, en una tendencia claramente decreciente.

Sin embargo, y ahí mantiene la alerta la organización que preside José Manuel Ramírez, "el gasto en el resto de políticas continúa aumentando; y si en 2008 su coste suponía 121 euros por habitante, en 2021 ha supuesto siete veces más, limitando así la capacidad de las comunidades para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales".