Pregunta.- El informe revela los avances en el SAAD, pero se advierte de una consolidación incompleta. ¿Cuáles son las causas que impiden el pleno funcionamiento del sistema?

Rspuesta.- Tras unos primeros años de impulso al sistema público de cuidados de larga duración con la aprobación de la Ley de Dependencia, la crisis económica y las políticas de austeridad que se implementaron a partir de 2010 interrumpieron este proceso de desarrollo y consolidación del SAAD, dando lugar a la aparición del 'limbo de la dependencia': personas con derechos teóricamente reconocidos, pero a la espera de recibirlos. Afortunadamente, esta falta de financiación ha empezado a corregirse en los últimos años y entre 2017 y 2025 se ha duplicado el número de prestaciones del SAAD y este 'limbo' se ha reducido más de un 70%. Sin embargo, sigue siendo necesario un esfuerzo mayor de inversión para, en primer lugar, adaptar el sistema a los cambios demográficos; en segundo lugar, reforzarlo y alcanzar el objetivo de cobertura universal; y, en tercer lugar, transformar el sistema de cuidados y mejorar su calidad.

P.- La investigación destina una gran parte al análisis de los cuidados, ¿por qué en España se sigue creyendo que invertir en cuidados es un gasto o un coste y no como una oportunidad?

R.- España, como otros países, ha desarrollado tradicionalmente un sistema de cuidados muy “familiarista” en el que esta tarea se ha circunscrito al ámbito interno del hogar (lo que con demasiada frecuencia significa que ha recaído sobre las espaldas de las mujeres). Esto ha tenido dos efectos muy negativos. El primero es considerar los cuidados como una responsabilidad individual (y femenina) cuando debemos entenderlo como un derecho social y un bien público esencial. El segundo es considerar que los cuidados que se prestan en las familias no tienen “valor económico”, que esa tarea es gratis, lo cual es completamente falso. Una de las aportaciones de nuestro informe es precisamente “poner números” al valor económico (al coste) que tienen esos cuidados informales. Según la Encuesta de Población Activa, un millón de personas dicen que son inactivas o trabajan menos horas a su actividad laboral como consecuencia de sus responsabilidades de cuidados (el 90% son mujeres). El número de horas de trabajo informal que se hacen en España cada año equivalen a 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, si se pagaran al salario de mercado, supondrían el 4% del PIB. Es decir, estos cuidados informales tienen una enorme dimensión.

P.- Y a pesar de la importancia de los cuidados de larga duración, siguen estando relegados a un segundo plano frente a otros ámbitos. ¿Qué pasos se deberían dar para solventar, como dicen en el estudio, que el cuarto pilar de nuestro Estado del bienestar siga “infradesarrollado”?

R.- El primer paso debe ser acercar la financiación del sistema español de atención a la dependencia a la media de los países de nuestro entorno. Nosotros invertimos el 1% de nuestro PIB, y los países de la OCDE el 1,7%. No podemos tener un sistema de calidad si no invertimos lo que invierten otros países. Ahora bien, igual que conviene señalar las necesidades y déficits del sistema, debemos evitar no reconocer los pasos que la sociedad española ha dado ya para mejorar su sistema de cuidados. Recientemente se ha construido un importante consenso institucional y social en torno a la necesidad de recuperar el SAAD de los años de recortes y a la transformación del sistema hacia otro más centrado en los servicios comunitarios. Así lo ponen de manifiesto, por ejemplo, los acuerdos en el Consejo Territorial y con los distintos agentes sociales en torno al Plan de Choque para mejorar significativamente la financiación, o también los acuerdos para mejorar la calidad del sistema (que llevó a incluir la Economía de los Cuidados en los fondos europeos). En este sentido, sería muy deseable que el Congreso aprobara con un amplio consenso la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad que se está discutiendo, y un plan de financiación estable para el sistema de cuidados.

P.- ¿Cuáles son las peores consecuencias de esta situación?

R.- Nuestro informe parte de un enfoque centrado en los derechos de las personas y por tanto las peores consecuencias son que estos no se satisfagan. Contemplar los cuidados como el cuarto pilar del Estado del bienestar aseguraría el derecho al cuidado para las personas dependientes, algo que también debería acompañarse de mejores condiciones laborales y salariales para las personas que cuidan profesionalmente. Todo esto aliviaría la situación de sobrecarga que sufren frecuentemente las personas que cuidan a otras en el seno de los hogares.

P.- Llevamos ya unos años hablando de la transformación del modelo de atención para mejorar el sistema. ¿Por dónde debe pasar un reto tan grande como ser capaces de adaptar los cuidados al proyecto de vida de cada persona?

R.- Esta transformación solo puede lograrse, primero, desde la colaboración de todas las Administraciones y agentes sociales implicados, con pasos como el Acuerdo sobre Acreditación de 2022 o la Estrategia Estatal para un Nuevo Modelo de Cuidados en la Comunidad aprobada en 2024. En el informe señalamos algunas líneas maestras en las que, a partir de este impulso, debería insistirse para avanzar en un modelo de cuidados centrado en la persona y basado en derechos: reforzar el peso de los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas; reforzar la intensidad horaria y la calidad del servicio de ayuda a domicilio; incrementar las cuantías de las prestaciones económicas vinculadas a servicios y revisar el sistema de copagos para garantizar la equidad y la cobertura universal; impulsar decididamente la asistencia personal como herramienta de autonomía y vida independiente; e ir ampliando la cartera de servicios del SAAD.

P.- En lo que respecta a la perspectiva económica, que también es una de las piezas clave del informe, ¿qué recomendación realizan para que España, definitivamente, tenga en consecuencia y aproveche el potencial de la Economía de los Cuidados?

R.- El informe pone claramente de manifiesto dos conclusiones: que en los próximos años España debe continuar e intensificar la actual senda de incremento de la inversión en cuidados de larga duración (reforzándola con al menos 0,6 puntos adicionales del PIB de aquí a 2030), y –en segundo lugar– que esta inversión es social y económicamente rentable. Dos resultados que hemos obtenido lo dejan claro: por cada euro invertido en estos cuidados, se generan 1,6 euros de actividad económica, y se recuperan 49 céntimos en forma de ingresos fiscales. Para aprovecharlo hace falta un gran consenso de país en torno a este objetivo, sostener el incremento de la inversión y, también, mejorar las condiciones laborales de las personas cuidadoras. Solo de esta forma podremos atraer empleo suficiente para atender adecuadamente la demanda creciente de cuidados.