El pasado día 30 en la entrevista realizada, por nuestro actual presidente del Gobierno en un medio de comunicación, una de su mayor preocupación es el paro actual. Como consecuencia, la promesa que hizo si sale nuevamente presidente es la de ampliar de dos a cuatro años la tarifa plana de los 500 primeros euros tanto por parte de el empresario como del trabajador, de la no cotización a la Seguridad Social. Importante no cabe duda, pero ¿quién sale perjudicado con esta medida como siempre? Los trabajadores y como consecuencia, nosotros, los sufridos pensionistas. Nos parece muy bien todas las medidas, pero lo que tiene que hacer el Gobierno es que esos menos ingresos en la caja de la Seguridad Social, lo soporte el propio Gobierno con los Presupuestos Generales. Sobre este asunto en la reunión que tuvimos en Pamplona el pasado 17 de marzo, con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Don Tomás Burgos a petición suya, se lo hicimos saber y no supo qué contestarnos. Desde nuestra Asociación, llevamos años reclamando la injusticia sobre los índices reductores que nos penalizan como consecuencia de las jubilaciones FORZOSAS. Antes de cumplir los 65 años con unas reducciones hasta del 8% de nuestras pensiones, por cada año anticipado. Hemos hecho diversos estudios que han sido presentados a los distintas personas del Gobierno actual y sí que lo consideran la mayoría como una injusticia y así nos lo hizo saber el propio señor Burgos, pero la contestación, siempre la misma, (no hay dinero). Cómo va a haber si encima prometen dejar de ingresar con la nueva promesa.
Luego dirán que la Caja de la Seguridad Social en unos años puede tener problemas económicos. Vamos a seguir insistiendo en nuestras reclamaciones con todos los partidos tanto en nuestra Comunidad como en el propio Gobierno, antes de las elecciones del próximo día 20, para que tomen conciencia de nuestros problemas, ya tenemos concertadas muchas de ellas. En el estudio económico que hemos realizado, y que vamos a presentar, está cuantificada la cantidad que supondrían unos 1.665 millones de euros anuales para solucionar dicho problema y pensando que es a la baja, pues desgraciadamente, por ley natural, vamos desapareciendo.