La Consejería de Servicios y Derechos Sociales inició la tramitación administrativa de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que persigue, según asegura el propio departamento, "integrar y ordenar las prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad para dar una respuesta más ágil y coordinada por parte de las distintas administraciones".

 

Esta normativa, "uno de los compromisos de legislatura del Gobierno de Asturias", según recuerdan desde la consejería, plantea la consolidación y mejora del salario social básico, que se articulará "por medio de un procedimiento más rápido, e incluirá nuevos complementos vitales, con el propósito de atender de manera diferenciada las necesidades en el ámbito de la infancia, la discapacidad o  la dependencia". 

 

En materia de vivienda, pretende "garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado, extendiendo a toda la población la posibilidad de acceder a un piso de titularidad pública o a las ayudas de la Administración para ese fin. También simplificará el procedimiento de concesión de apoyos económicos, que pasaría a ser directo, y adaptará la regulación relativa a las adjudicaciones de pisos por causa de emergencia social". 

 

El texto del anteproyecto se enmarca en la perspectiva de la inversión social de las prestaciones y servicios, que combina tres apartados: derechos vitales, inversión social y enfoque sobre capacidades. Este planteamiento valora las posibilidades de desarrollo de la persona y actúa "desde una perspectiva multidimensional". 

El procedimiento de consulta previa está operativo en el Portal de Transparencia del Principado hasta el 7 de marzo, concretamente en este enlace. 

El proceso incluye un periodo de información pública y, tras contar con todos los informes preceptivos - técnicos, jurídicos y del Consejo de Bienestar Social- el anteproyecto será aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a la Junta General, previsiblemente en abril.