El Pacto de Toledo aprueba el informe para la reforma de las pensiones
Tras cuatro años sin acuerdo, la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha aprobado en el Congreso la revisión de sus recomendaciones para la modernización del sistema de pensiones
El mismo día que celebraba sus bodas de plata (25 años), la Comisión del Pacto de Toledo ha dado un paso importante para lograr una reforma en el sistema de pensiones. El documento con las 21 propuestas que deben guiar al Gobierno se aprobó ayer martes, 27 de octubre, en el pleno de la Comisión con 30 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.
PRINCIPALES RECOMENDACIONES ACORDADAS:
Defensa del Sistema. Rechazo a una transformación radical del sistema que rompa los principios de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, suficiencia y equidad.
Subidas de pensiones. Las pensiones no contributivas subirán el doble que las ordinarias, un 1,8%.
Equilibrio financiero. Se subraya la separación de las fuentes de financiación y el traspaso al Estado de los llamados gastos impropios antes de 2023. La fuente básica de financiación son las cotizaciones, pero para asegurar la sostenibilidad y su suficiencia se podrán obtener recursos adicionales "basados en la imposición general".
Vínculo al IPC. Mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus rentas con el IPC real.
Autónomos. Reducir los actuales regímenes a dos: trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. El texto recoge que "se debe continuar avanzando hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del régimen general".
Bases y periodos de cotización. Mantener en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva y pide que se evalúe el impacto de la ampliación a 25 años para el cálculo de la base reguladora. Se abre la puerta a poder elegir los mejores años para calcular la pensión y evitar así situaciones de paro o merma de ingresos en los últimos años de cotización.
Incentivos al empleo. Se propone limitar los incentivos al empleo solo para aquellos colectivos especialmente vulnerables, con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género. También a los parados de larga duración, los jóvenes y los mayores de 55 años.
Edad de jubilación. Se pretende aproximar lo máximo posible la edad de jubilación efectiva a la edad legal. La idea es que los españoles se vayan retirando de forma progresiva a los 67 años (2027). También se propone que se fomente con incentivos la permanencia de trabajadores en activo y que se favorezca la prolongación voluntaria más allá de la edad legal (valoración positiva de compatibilizar pensión y salario).
Viudedad y orfandad. Reformulación integral de estas prestaciones, aunque de manera gradual.
Complementariedad. Impulsar los planes de pensiones de empleo en la negociación colectiva.
Mujeres. Se remarca la necesidad de tomar medidas estructurales para conseguir la equiparación de las pensiones entre mujeres y hombres.
Jóvenes. El Pacto recuerda la precariedad que sufren los jóvenes. Por ello quiere dar un impulso a las políticas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado de trabajo, especialmente con el apoyo a la formación profesional y la interrelación universidad-empresa.
Discapacidad. Se propone compatibilizar la percepción de las pensiones por incapacidad permanente con la realización de un trabajo.
Información. Los ciudadanos deben disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión.
Gestión del sistema. Crear una agencia de la Seguridad Social que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones. Además se pide abordar de forma inmediata un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de la Seguridad Social.
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