Según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Calidad de Vida 2015, en España hay más de 14 millones de personas pobres, de los que seis millones estarían en situación de pobreza severa (ingresos equivalente a menos de 5.051,20 euros al año en hogar con adulto).

Este será, asimismo, uno de los aspectos destacados del Informe sobre el Estado Social de la Nación que la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentan, a mediados de este mes, en Madrid. En este Informe se valora como probable que los incrementos del Producto Interior Bruto (PIB) –en caso de mantenerse– reduzcan gradualmente estos niveles de empobrecimiento tan elevados, pero a pesar de ello considera que si no cambian las políticas actuales, cientos de miles de personas y familias seguirán instaladas en la pobreza, con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana son las tres regiones donde mayor variación se ha producido entre 2009 y 2013 de la tasa de riesgo de pobreza. La financiación de los servicios sociales que atienden a 8,5 millones de usuarios se ha recortado en 2.810 millones de euros anuales. Según el índice DEC en Castilla-La Mancha, los presupuestos en servicios sociales se han recortado en más de 300 millones de euros anuales y es la comunidad donde más se ha reducido el gasto en servicios sociales (con una rebaja del 29,2%) y la Comunidad Valenciana sigue ocupando el último puesto en el desarrollo de servicios sociales.

“En el actual modelo de sociedad es inevitable la existencia de un importante sector instalado en la pobreza. La persistencia de este importante núcleo de empobrecimiento incrementará los riesgos de exclusión social; ésta es una de las principales amenazas que se ciernen sobre la sociedad española”, explican desde la Asociación de Directoras. 

Además, el informe analiza lo que las estadísticas europeas señalan, que España es uno de los países con mayor desigualdad y donde más ha crecido esta durante los años de crisis, agrandando la brecha entre la minoría privilegiada y el resto de la sociedad. Se analiza, asimismo, cómo los servicios sociales están en un acusado proceso de deterioro, “cuando son más necesarios ante la crítica situación que viven estos millones de personas y familias empobrecidas, y por los riesgos de que se produzca el demoledor paso de la pobreza a la exclusión social para muchas de ellas”, aseguran desde la asociación.

El informe plantea también que es “una falacia pensar que con el mero incremento del PIB llegará la recuperación y todo volverá a ser como antes”. La Asociación de Directoras incide en que su informe no se limita a describir las dificultades que afectan a las personas y familias como consecuencia de la crisis, “sino que describe los rasgos que caracterizan el modelo de sociedad en el que ya nos encontramos, y las políticas que lo hacen posible”. Ramírez añade que “frente al tradicional Informe sobre el Estado Social de la Nación, en el Informe sobre el Estado Social de la Nación, que se presenta por tercer año consecutivo, las personas, las familias y la sociedad son la principal referencia, y no sólo actores secundarios de un discurso en el que la economía es el elemento central, en relación con el cual las situaciones y problemas que afectan a las personas y a las familias se consideran sólo daños colaterales de los desajustes económicos o de las necesidades de recuperación y de crecimiento del PIB a golpe de austeridad”.