El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha puesto en marcha un paquete de medidas de apoyo a las trabajadoras de los cuidados y el hogar, un colectivo caracterizado por la situación de irregularidad administrativa y la economía sumergida que, como consecuencia, se ve abocado a la precariedad, la desigualdad y la vulnerabilidad. Por ejemplo, la incidencia del acoso sexual en el trabajo entre estas mujeres mayoritariamente de origen inmigrante es muy elevada.

La medida más importante que impulsa el departament es una línea de ayudas por valor de 1,4 millones de euros para fomentar la contratación de trabajadoras de los cuidados en situación de irregularidad. El importe de la ayuda será el equivalente a la contribución de la persona empleadora en impuestos y seguridad social, es decir, 2.685 euros si el contrato es por el salario mínimo interprofesional durante un año.

Se podrán beneficiar las personas o entidades sin ánimo de lucro que ofrezcan un contrato para trabajar en el ámbito de los cuidados, a tiempo completo (ofrecido por uno o más empleadores) y con remuneración igual o superior al SMI. El pago de la ayuda se hará en dos veces, al inicio y al final de la contratación.

El consejero de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, explicó que se trata de "una medida pionera en Europa que esperamos que sea un éxito y nos muestre el camino a trabajar para la regularización de estas trabajadoras. Ya no queremos excusas para que no se las contrate, tengan papeles y puedan hacer su proceso de arraigo".

Según El Homrani, "una de las cosas que nos ha mostrado esta crisis es que hay personas muy invisibles, especialmente las que se encuentran en situación de irregularidad administrativa. Lo hemos dicho muchas veces, toca dar un paso adelante, un proceso de regularización. Incluso hemos hecho una propuesta concreta a partir de la flexibilización del reglamento de la ley de extranjería en los procesos de arraigo".

El departament también destinará 200.000 euros al fomento del autoempleo y el trabajo cooperativo para acceder al arraigo, es decir, ayudas a la constitución de cooperativas entre trabajadoras de los cuidados que hagan contrataciones de regularización, así como a aquellas personas que regularicen su situación a través de un proyecto de autoempleo.

"Las inmigrantes son, por definición, emprendedoras. Muchas de ellas tienen proyectos empresariales o de autoempleo que también contribuirán a la salida de la crisis. Por eso les queremos facilitar una ayuda para la redacción y tramitación de su proyecto", ha explicado el consejero.

También se dedicarán 300.000 euros al apoyo jurídico y difusión del arraigo social como vía de contratación de personas actualmente en situación irregular, y 300.000 euros más en ayudas a la formación ocupacional para trabajadoras de los cuidados que les permita acceder a estas ofertas de contratos y su regularización.